De golpistas y autoritarios

Los derechos fundamentales, particularmente hablando de aquellos relativos a los derechos políticos, como la manifestación de las ideas o asociación, tienen como límite los derechos de tercero, el orden público y su ilicitud.

Esto es así, porque la violación de los derechos de terceros, como su privacidad, intimidad,  posesiones o propiedades, vulnera la esfera jurídica de otra persona, situación no solo ilegal, sino injusta, porque coloca en colisión ambos derechos.

Lo mismo ocurre cuando a través de la libre manifestación de las ideas o asociación se altera el orden público o se cometen o provocan ilícitos, ya que se violenta el derecho que tiene la colectividad de un entorno armónico social, político y económico, requisito indispensable para el ejercicio de sus derechos fundamentales, situación que en todo momento debe garantizar el poder público establecido, expresión comunal organizada en quien se deposita la confianza para el despliegue, en sus diversos grados, de la fuerza del Estado.

En principio no existe problema cuando se ejercitan todos los derechos de manera paralela, sin interferir unos frente a otros. El problema ocurre cuando existe colisión de derechos. ¿Cual de ellos debe prevalecer?

Es una pregunta muy complicada que obliga a soluciones particulares o casuísticas, pero bajo la aplicación de principios generales.

Un principio general es que la libre manifestación y asociación es un derecho ciudadano que impide tropelías y abusos del poder público, pero que a la vez sirve de dosificador de la presión, que permite desfogar anhelos sociales incumplidos, que de otra manera encontrarían escape a través de la acción directa, es decir, el derecho a la revolución autorizado por la misma carta fundamental.

Otro principio general es que esa libre manifestación, cuando es multitudinaria, siempre implica actos que violentan la ley o alteran el orden público, ya sea de manera aislada o generalizada. En principio, la obstrucción de calles es una violación al derecho de libre tránsito tutelado por la misma constitución y garantizado a través de diversas normas penales que sanciona el ilícito desde el punto de vista común y federal.

Uno más tiene que ver con la tolerancia que la autoridad debe mostrar siempre ante estos fenómenos sociales, atendiendo su naturaleza, como ya dijimos, como expresión natural de hartazgo, política inteligente de contención.

Aún más. La autoridad, en una acción de pleno cuidado, debe asumir una política policiaca de vigilancia que evite el mal mayor, mantenga las manifestaciones en un nivel social, económica y políticamente aceptable, evitando confrontaciones de violencia que detonen en una escalada mayor, que produzca lesiones o muerte.

Estos principios permiten a los Estados y a los ciudadanos mantener el ejercicio de sus derechos constitucionales en un marco que evite ingobernabilidad y males mayores.

El problema es que sabemos que existe una guerra de baja intensidad bajo el ejercicio político de unos y otros. Las manifestaciones ya lograron su objetivo, estrujar y modificar estructuras de poder, lo otro tiene que ver con la modificación de un orden constitucional y democrático.

Desde el gobierno, el problema es que los cambios de estructura anticipados no son profundos ni conllevan el cambio de conductas ni políticas públicas. Al contrario, el mensaje como Estado es privilegiar la estabilidad per se, teniendo como objetivo conservar un estatus quo que privilegia a la clase gobernante y se distancia de la colectividad, en lugar de aprovechar la oportunidad para reorientar profundamente sus acciones.

En este sentido, la colisión de derechos se amplia y profundiza, situación grave y delicada, porque la inestabilidad y ausencia de gobernabilidad profundiza diferencias, y retrasa avances. Sí a las manifestaciones, pero bajo un orden constitucional, flexibilidad y tolerancia. Si al ejercicio del poder público, pero sujeto al respeto a los derechos fundamentales.

México ha decidido caminar bajo un sistema democrático, de pesos y contrapesos, aún en consolidación, ajeno a intentonas golpistas y afanes totalitarios irracionales. La línea es delgada, no romperla es el truco. La difícil decisión esta en el ámbito público, porque los sectores radicales, aún en minoría, ya decidieron.

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Impunidad y opacidad

Reconocimiento al abogado Raúl González Pérez, recién designado como ombudsman Nacional, conocedores de su capacidad, talento y compromiso con el respeto a los derechos humanos, particularmente con la libre expresión de las ideas.

La libertad de expresión es sin duda una de las libertades mas caras y apreciadas por el ser humano, porque además de la gran importancia que reviste por si misma, potencia y fortalece el resto de las libertades, no solo individuales, sino de todo tipo, primera, segunda y tercera generación.

Luego entonces, es la libertad de expresión una libertad que es preciso defender a toda costa de los intentos por acallarla bajo intereses de todo tipo, económicos y políticos, primordialmente, sin descartar la presión que los poderes fácticos ilegales y criminales ejercen sobre ella ni descuidar el intento de tribunales por generar criterios de interpretación restrictivos.

Es cierto que la libre expresión de las ideas se contrapone en ocasiones con el derecho al honor y la intimidad de los actores políticos o económicos sujetos a la critica de los medios de comunicación, comunicadores, periodistas o personas comunes que hacen uso de la tribuna mediática tradicional como radio, televisión o periódicos, o moderna como internet.

Sin embargo, son los medios de comunicación la válvula de escape y el foro idóneo para dirimir las controversias de carácter público -y privado de personajes públicos-, antesala de los procedimientos de sanción administrativos, civiles o penales: foco de presión generado por la opinión pública, indispensable en un estado democrático que requiere para subsistir los necesarios contrapesos que evitan abusos y desmanes desde la autoridad.

En este sentido tiene razón el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando considera que todos los ciudadanos, sin importar si ocupan cargos públicos o candidaturas, tienen derecho al ejercicio de la réplica, pero desde un punto de vista de la autoregulación y no la imposición reglamentada.

De acuerdo con el Tribunal, los candidatos pueden acudir al derecho de réplica directamente con los medios de comunicación y posteriormente, mediante el procedimiento especial sancionador, de naturaleza sumaria, exigir se obligue al cumplimiento del derecho constitucional.

Dos cuestiones en relación con el criterio. Evidentemente una campaña electoral implica de manera necesaria debate de ideas, confrontación de las mismas y aseveraciones incluso de tipo personal, porque se trata de elegir a los mejores personajes, los que tengan los perfiles más adecuados para el desempeño de su función, por encima del cuatismo y el amiguismo. Luego entonces, los medios de comunicación corren el riesgo de convertirse en el centro de la disputa por candidatos que luego pedirán réplica a modo, en el tiempo, espacio y lugar que se les ocurra.

La otra cuestión, ¿esta pensando el Tribunal en intervenir a los medios de comunicación del sector privado? Es decir, impresos e internet. De ser así, las informaciones cotidianas bajo el formato de nota informativa y los editoriales que por naturaleza se refieren a información subjetiva, caerán en el ámbito de la regulación electoral, y como tales estarán sujetos al derecho de réplica, cuando por su naturaleza son opiniones personales y por lo tanto reflejo de una ideología personal virtud a la cual se interpreta la realidad.

Se comprende que los medios de comunicación objeto de concesión sean intervenidos y regulados, pero incluir a los medios impresos y digitales del sector privado se antoja un abuso por parte del órgano electoral jurisdiccional que abre la puerta a un ejercicio indebido de derechos por parte de los candidatos de los partidos políticos.

Son los candidatos los que deben estar más sujetos a la critica pública, aún con el riesgo del exceso por parte de periodistas y comunicadores, y no viceversa, limitar la libertad de expresión tutelando un derecho que los ciudadanos, al convertirse en candidatos, aceptan de antemano que se limite al exponerse de manera pública.

Debe insistirse ante los criterios jurisdiccionales en la necesaria autoregulación de los medios de comunicación como un mecanismo que fortalece la libre expresión, y no su regulación por medio de criterios que alientan la impunidad y la opacidad desde las candidaturas de los diversos partidos políticos.

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Mensaje desastroso

Los servidores públicos que participan en acciones de comunicación social están obligados a asumir una conducta que al menos les permita transmitir adecuadamente los mensajes a la opinión pública.

Uno de los mecanismos usuales para realizar estos propósitos de comunicación social lo constituyen las conferencias de prensa, a donde acuden los representantes de los medios de comunicación, que con o sin preguntas, reciben la información de viva voz de un vocero autorizado y de nivel jerárquico suficiente.

Por lo regular, el funcionario se apega a un guión previamente establecido y a una estructura predeterminada, de acuerdo al tipo de mensaje que se desea transmitir, acorde también a la naturaleza del mensaje y su entorno de opinión pública.

Es cierto que no es sencillo plantear el método más idóneo para comunicar un mensaje, sobre todo cuando tiene una gran complejidad política y mediática, como ocurre en estos momentos con Ayotzinapa, en Guerrero.

Más aún, en específico, la transmisión de la noticia de la detención de tres implicados que revelan haber asesinado a los jóvenes estudiantes normalistas, cuyos cuerpos fueron calcinados a un grado que evitan incluso la identificación a través de ADN –cuyo extremo se pretende lograr en un laboratorio internacional austriaco-.

En este sentido, la pregunta es ¿que pasó con el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que asumió un papel contradictorio y al final desastroso, para el mensaje que quería transmitir a la opinión pública a través de los medios de comunicación, en la conferencia de prensa del pasado viernes siete de noviembre en la ciudad de México?

Y para rematar su frase, ya me canse, fue el corolario de una serie de errores mediáticos y de operación política que desbordan al mismo procurador, y que trascienden a otras áreas, particularmente la Secretaría de Gobernación, cabeza de la política interior y de la seguridad pública nacional.

Primer error. La noticia pudo haber sido asimilada cuando el Padre José Alejandro Solalilde acudió a medios de comunicación –por razón de conciencia- a dar a conocer públicamente lo que un testigo le había manifestado: la muerte e incineración de los cuerpos de los jóvenes estudiantes, lo que le valió ser denostado por los padres de familia y por los grupos de apoyo a los normalistas, y minimizado por la misma Procuraduría General de la República, a donde acudió para ser recibido por un agente del Ministerio Público que simplemente recibió el documento por escrito. Al final, las revelaciones del sacerdote son confirmadas por el mismo Murillo Karam.

Segundo error. Murillo Karam no se encontraba en su mejor momento durante la conferencia de prensa. Lo dejó ver con su impaciencia ante los errores técnicos con los videos y las fotografías. La producción para televisión –tipo multimedia- falló por momentos. Sus manos lo acusaban al golpear con sus dedos el atril. Luego, la intolerancia ante los cuestionamientos de la prensa. Su manejo fue cortante, tajante, de suficiencia. Las preguntas le daban la oportunidad de insistir en los puntos de la investigación y posicionar el mensaje. No las aprovechó. Al final, cortante, con un ya me canse, corta la conferencia, para luego admitir una pregunta más. Sus palabras compungidas no eran acordes a su mensaje verbal y corporal.

Tercer error. El Presidente de gira, en vuelo, interrumpe para dar una conferencia de prensa en un aeropuerto en Alaska. Rostro cansado por el viaje. Mala iluminación del espacio. Una esquina de una habitación desnuda, gris, con sombras. La bandera al fondo, y a su costado el secretario de relaciones exteriores Antonio Meade. El mensaje es de improvisación. Urgencia. Justificar el viaje internacional y condenar el intento de quemar la puerta principal de Palacio Nacional. Timing equivocado de nuevo: mientras el Presidente vuela a China, Murillo Karam ofrece su conferencia de prensa.

Es cierto. El fondo de la conferencia de prensa del Procurador esta justificado: transparentar la indagatoria, mostrar avances de las investigaciones –aún y cuando son secretas, admisión de ilegalidad asumida por el mismo Procurador-, con un afán de transparencia.

El problema es que el mensaje se trastocó por errores técnicos y humanos, salvables ambos, pero irremediablemente infalibles para echar a perder el trabajo de comunicación social, tarea que no se improvisa ni se deja al arbitrio de un cansado funcionario, que queda claro, merece ir a casa a descansar.

El mensaje que se transmitió –pero se desdibujó- son los esfuerzos técnicos y humanos de alta especialidad para investigar e identificar los cuerpos y detener a todos los responsables materiales e intelectuales del horroroso homicidio, donde ya han sido arrestados más de setenta involucrados, cayó un gobernador, un secretario de salud, un alcalde directamente señalado junto con su esposa, y el suplente del alcalde.

El reclamo internacional y nacional es obvio: El crimen estremece, indigna y obliga a un gran pacto de honestidad que limpie las instituciones, que destierre el cinismo y la corrupción como factor real de poder político evidenciado con todas sus letras en Iguala.

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