Columna de análisis crítico

lunes, 31 de agosto de 2015

Sanción ejemplar a Trump

Extraordinario discurso en defensa de la libre expresión por parte del colega periodista decano, Carlos Ravelo, al recibir un reconocimiento especial de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, en el marco del XIII Congreso Nacional, enhorabuena.

El ejercicio periodístico exige aplomo y valentía, pero además demanda del periodista la capacidad analítica e inteligencia para obtener los resultados buscados en aras de alimentar a la opinión pública de información útil.

Un ejemplo de ello es el colega Jorge Ramos Avalos, Conductor de Univisión, al cuestionar al aspirante republicano Donald Trump. Ramos asume a cabalidad su responsabilidad periodística al presentar en una conferencia de prensa sus cuestionamientos, los cuales debieron haber sido contestados sin más dificultad por el político norteamericano. De haber ocurrido así las cosas, no se hubiera presentado el lamentable incidente que le ha dado la vuelta al mundo y que refuerza la imagen del empresario y político como una persona intolerante y autoritaria.

Es cierto: el papel del periodista es cuestionar, y el del personaje público contestar. De hecho Trump contesta, al pedir a sus escoltas que retiraran de la sala al periodista incomodo. Si ya después cede y permite de nuevo el acceso a la sala donde se desarrollaba la conferencia de prensa, es irrelevante: ya había cometido el exceso.

Las conferencias de prensa no son nunca cómodas para los personajes públicos. Habrá que revisar al menos dos ejemplos de ello: la del entonces procurador general de la república Jesús Murillo Karam, cuando presenta las conclusiones del caso Iguala y la del aún secretario de la función pública, Virgilio Andrade Martínez, al dar a conocer el desenlace de la investigación por La Casa Blanca.

Tanto Murillo como Andrade enfrentaron conferencias de prensa interminables, donde se les presentaron mil cuestionamientos y dudas en relación a los temas. Salvo el “Ya me canse” de Murillo, ambos aguantaron estoicos la posición crítica de los comunicadores, muchos de ellos de carácter internacional. Si hubieran sido Trump, se hubieran quedado solos en la sala de prensa.

Y es que precisamente las conferencias de prensa tienen como objetivo no solo ofrecer datos ante los comunicadores, sino presentarse ante ellos para comunicar. Un acto, comunicar, que se despliega en dos vías y no en una sola: la comunicación de una sola vía hace inútil la conferencia de prensa, ya que ésta cumple plenamente con su función cuando permite las interpelaciones de los comunicadores. De otra manera estamos frente a un monologo comunicativo.

Sin embargo es común que se cite a conferencias de prensa donde se lee un comunicado y punto. No se admiten cuestionamientos. Se supone que es un instrumento aceptado comúnmente cuando estamos frente a sucesos delicados donde hay que ser sumamente precisos y la línea de argumentación busca ser transmitida como tal. Pero no debe abusarse de ella. Debe ser estrictamente la excepción.

Eso debió hacer Trump. Si no es su deseo escuchar cuestionamientos periodísticos, debería limitarse a sus actos de comunicación unidireccional. Por que si convoca a una conferencia de prensa abierta a preguntas, debe estar seguro que recibirá muchos y muy variados cuestionamientos.

Lo que hizo es un acto inaudito y reprobable, que no debe tolerarse. México debe extender una carta diplomática de censura a tales hechos para que el suceso no pase desapercibido por el gobierno norteamericano, en defensa y protección de un connacional. Debe además presentarse queja ante la Organización de las Naciones Unidas, para hacer valer el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala textual: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Evidentemente Donald Trump esta violentando el acuerdo internacional que garantiza la libre expresión, al molestar a Ramos por sus opiniones, sobre todo cuando no se trata de un ciudadano común sino de un personaje público relevante que busca una candidatura nada menos que para gobernar a los Estados Unidos: es decir no es un simple particular, sino que por su despliegue y fuerza asume características cercanas a la autoridad pública. Por ello el incidente no debe pasar desapercibido de ninguna manera y debe recaer en él una sanción. Esta es una de las primeras tareas de la recién nombrada Claudia Ruiz Massieu en la nada fácil encomienda de la relación exterior.







martes, 25 de agosto de 2015

Opinión pública

A partir del 26 y hasta el 29 del mes y año que transcurre, Fapermex sesiona en Cholula, Puebla. Mi reconocimiento a Teodoro Renteria Villa por su esfuerzo de organización desde la Presidencia del organismo gremial.

El pasado viernes 21 de agosto se celebró el treinta y siete aniversario de la emisión del programa de radio "Opinión pública", que conduce el reconocido periodista Marco Antonio Guevara.

El simple esfuerzo de transmitir casi ininterrumpidamente el programa -que tuvo un receso en la decada de los noventas- es por sí un gran mérito de esfuerzo, capacidad, organización, y talento personal.

Sin embargo, existen tres razones más que hacen plausible y de reconocimiento el esfuerzo de Marco Antonio: la sustancia del programa de dar voz a los que carecen de ella para ser escuchados en sus reclamos más sentidos; el contexto político de su creación, coincidente con el asesinato del periodista chihuahuense Ignacio Rodríguez Terrazas, y el escenario utilizado para conmemorar tal nacimiento.

Los medios de comunicación surgen como una posibilidad de amplificar el análisis y la crítica, la denuncia de contenido social, política o económica, del acontecer cotidiano en una colectividad por más grande o pequeña que sea ésta: desde Jimenez con sus más menos cien mil habitantes hasta la ciudad de México con su compleja cohabitación de doce millones de almas, o 24 millones si contamos la zona metropolitana con el Estado de México.

El periodista es solo una parte de la comunicación social: transmitir los sucesos y hacer análisis en torno a ellos es una tarea inacabada si la población misma carece de acceso a la caja de resonancia: esa es la virtud de Marco Antonio: todos los días su microfono se abre para que la señora, el señor o el joven, se expresen sin cortapisas ni formulismos: el microfono abierto sin censura es una auténtica demostración de expresión de opinión pública.

Un microfono abierto en el cual todos los días escuchamos del bache -el eterno bache-, el camión de la basura que no pasa o que pasando deja una estela de desperdicios en la calle, las fallas del transporte urbano con sus unidades antidiluvianas y conductores descuidados, correlones y prepotentes: una denuncia ciudadana que desborda muchas ocasiones estos señalamientos de ineficiencia, para instalarse en el apunte político: corrupción, abuso de poder, el caracter patrimonialista del puesto, el excesivo costo de los servicios, el derroche del recurso económico, una clase política insensible, el enriquecimiento de los menos con cargo a los más: la distribución inequitativa de la riqueza. Un concierto donde la economía agudiza su caracter liberal-consumista, con el apoyo de una gran fuerza mercadotecnica que subyuga, seduce, a la población.

Opinión pública que no esta alejada de riesgos como lo demuestra el asesinato de Ignacio Rodríguez Terrazas, periodista chihuahuense que desde el Salvador cubría la guerra civil apenadas iniciada, enviado por Proceso y Unomasuno. Ignacio transmitía los sucesos desde el lugar de los hechos a su natal chihuahua a través del programa de Marco Antonio. Fue asesinado por un francotirador cuando se acercaba a una balacera en el centro de gobierno salvadoreño. Fue el primero de diecisiete periodistas asesinados en dicho conflicto armado.

Marco Antonio ha sido un ferviente defensor de la libre expresión de las ideas. Su espacio ha sido el espacio de los periodistas y de los editorialistas desde siempre. Así la voz del pueblo se adereza con el análisis de profesionales de la comunicación y la crítica estructurada, mezcla que indudablemente fortaleza la discusión de los asuntos públicos. El asesinato del chihuahuense no es un asunto aislado: la represión es un arma contra la comunicación y la libre expresión de las ideas.

Su memoria refuerza el impulso para insistir en el fortalecimiento de los programas de prevención, defensa y protección del periodista, que en Chihuahua ha enarbolado el Foro de Periodistas desde hace veintitres años y a nivel nacional la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos desde dos mil cuatro, y que hemos retomado a través de nuestra querida Asociación de Editorialistas.

La tarea de defensa de la libre expresión exige involucramiento de los distintos sectores de la sociedad, tarea en la cual ha coadyuvado de manera relevante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por cierto, sede inigualable para la celebración treinta y siete de Opinión pública: es éste organismo un ejemplo de impulso y acompañamiento en la construcción de esquemas de prevención y protección de periodistas y comunicadores: por ello debe celebrarse que sea en su seno donde se haya transmitido el programa de aniversario de Marco Antonio Guevara.

Es tiempo de abrir microfonos: ahondar en la crítica, necesaria e indispensable, del quehacer público, no solo desde la voz educada y profunda del periodismo profesional, sino desde la sencillez y claridad de las personas comunes; es momento también de mejorar los mecanismos de protección a periodistas desde una inicial estrategia preventiva hasta los esquemas reactivos de resguardo, en una sinergia sociedad-comunicadores-organismos de derechos humanos.

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martes, 18 de agosto de 2015

No basta con ser reactivos

Mejorar los mecanismos de protección a los periodistas no se agota en la implementación de acciones remediales y reactivas –aún y cuando resulten vitales-, como es el caso del sistema implementado desde la Federación con fundamento en la Ley Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Esta es solo una parte de la solución. La otra parte la componen las acciones preventivas, particularmente la capacitación a los periodistas y comunicadores, así como a los integrantes y mandos medios de cuerpos policíacos.

Es cierto que ante una agresión que pone en riesgo al comunicador, las primeras horas resultan fundamentales para proteger su integridad y la de su familia. Y en ello es clave contar con un mecanismo ágil de protección, fines que persigue el recién aplicado instrumento nacional, y que en estos momentos –según datos difundidos- protege a medio centenar de periodistas.

Sin embargo, ¿cómo debe actuar el periodista frente a una agresión? ¿Cuáles son las medidas de precaución que debe adoptar? ¿Cuáles son las experiencias internacionales ante situaciones de alto riesgo? Esta etapa, la preventiva, vía la capacitación, adquiere gran relevancia para eficientar la etapa protectora, porque permitirá al comunicador superar las primeras horas de tensión, e incluso, en muchos casos, resolver por sí mismo los casos de presión para evitar que escalen en gravedad.

Desde 2010, el sistema estatal de protección contra periodistas distinguía estas dos necesarias etapas de protección, la preventiva y la reactiva. Este modelo bien puede trasladarse a nivel nacional en cuya norma jurídica se contiene pero no se aplica de manera generalizada y solo en los casos particulares sometidos a su consideración.

Por ello resulta relevante que el pasado miércoles 12 de agosto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos haya convocado a organizaciones de distinta índole y naturaleza a una reunión con los responsables de políticas públicas de la Secretaría de Gobernación, y que en ese marco, se haya planteado la necesidad de adoptar el modelo a nivel nacional desde la experiencia de Chihuahua.
La Secretaría de Gobernación ocupa un papel clave en la implementación del sistema nacional de protección a periodistas, de hecho, es la secretaría del ramo responsable del mismo. Por ello, es quien debe asumir la responsabilidad de impulsar esta vertiente de la prevención en busca de disminuir las agresiones, que en algunos Estados de la República son un verdadero escándalo, como es el caso de Veracruz, más aún con el homicidio del colega Rubén Espinosa en la colonia Narvarte en la ciudad de México, por la presunción de amenazas gubernamentales en su contra.

Un sistema de protección que solo busca de manera reactiva proteger al periodista al momento del riesgo no resuelve de fondo los problemas. Ataca el efecto, pero a veces es demasiado tarde. Por ello debe impulsarse con vigor una cruzada de capacitación en prevención en todas las entidades federativas.
Una vía para ello pueden ser las mismas Comisiones de Derechos Humanos estatales y las organizaciones periodísticas.

No debe perderse de vista, como ha ocurrido lamentablemente en Chihuahua en lo que va del año, las agresiones provienen en muchos de los casos de los integrantes de los cuerpos policíacos, que no comprenden la labor de los comunicadores y aplican a ciegas –y muchas veces con exceso, abuso y prepotencia- las normas reglamentarias de su actividad.

Una capacitación constante a comunicadores y cuerpos policíacos puede auxiliar a prevenir sucesos lamentables de agresiones, en una ruta que no puede esperar más tiempo y que debe ser abordada de manera sistemática y permanente, con el impulso institucional, bajo la premisa de que la libre expresión de las ideas es uno de los derechos humanos fundamentales y pilar del Estado moderno.




martes, 11 de agosto de 2015

Alto riesgo

Es cierto. No todos los delitos cometidos contra periodistas tienen que ver con violaciones a la libre expresión de las ideas y el derecho a la información.

Los periodistas somos ciudadanos que desarrollamos diversas funciones como padres de familia, trabajadores, profesionistas, etcétera. Es decir, estamos vinculados socialmente con el resto de los ciudadanos que conformamos sociedad.

Al estar vinculados con el sistema social, corremos los mismos riesgos que cualquier persona de sufrir en carne propia la comisión de un delito o padecer un accidente. Por ello nuestras casas pueden ser robadas, o en cualquier momento, de acuerdo a la estadística, podemos sufrir el hurto de nuestro vehículo.

Estos incidentes ocurren todos los días en nuestra sociedad, y los padecen cientos de personas, por el simple hecho de estar en el lugar y el momento equivocado. No lo sufren por su condición profesional. No hay una causa efecto.

Sin embargo, hay profesiones que por si mismas aumentan el riesgo. El periodista por su ejercicio profesional tiene horarios de riesgo, viaja mucho, convive con muchas personas, y, por la naturaleza de su actividad, tiene que ver con actividades de riesgo, vinculadas a sus mismas fuentes de información: policía, política y economía. La cobertura informativa implica navegar entre intereses encontrados, y muchas veces confrontados. Eso aumenta el riesgo.

Los horarios de trabajo del periodista la hacen una actividad con mayor riesgo. El área geográfica de cobertura también aumenta la posibilidad de sufrir alguna consecuencia por su actividad, viaja mucho y a lugares que el común de las personas no acude. Eso es lo que hace interesante la noticia o el tema cubierto. Por ello, por si mismo, el periodismo es sinónimo de riesgo.

El lector lo sabe. Huele el riesgo cuando escucha, observa o lee la información. Ese contenido interesante, inédito, atrevido, retador o confrontador, hace de la información un algo de interés. Por ello la busca, la escucha, la ve o la lee, porque la noticia generada por el periodista, para ser auténtica noticia, atrae.

Por eso el periodismo esta considerado como una actividad de gran riesgo. Y dada la utilidad que le aporta al sistema de pesos y contrapesos de una sociedad democrática, y porque se le considera, dentro de las libertades, una de las más caras y anheladas, se ha legislado para protegerla, desde el ámbito constitucional –Artículos sexto y séptimo- hasta el convencional –Declaración universal de los derechos humanos (Artículo 19) y Convención americana de los derechos humanos (Artículo 13).

En este contexto, cuando se agrede a un periodista, se agrede a una de las más importantes libertades. Y ante ello se levanta la voz para exigir su respeto. Las investigaciones deben deslindar responsabilidades y determinar si estamos frente a una afrenta a la libre expresión de las ideas o el derecho a la información, o bien, frente a un delito que nada tiene que ver con estas circunstancias. Pero debe ser con base en una investigación seria y profunda, transparente, que agote todas las líneas de investigación, nunca sobre las rodillas, a priori o a contentillo del interés político.

Esto es así porque desde el poder formal y fáctico siempre existe la probabilidad de que se busque realizar acciones ocultas para coartar la libertad de expresión, con intereses de muy distinta índole. Y porque existe esa posibilidad, la autoridad esta obligada a investigar hasta el último rincón para proteger el ejercicio periodístico.

Por ello es correcto que la indagatoria por el homicidio del foto-reportero Rubén Espinosa se extienda hasta Veracruz y que la máxima autoridad de dicha entidad, el gobernador Javier Duarte, comparezca ante el Ministerio Público en el Distrito Federal, en una línea de investigación que no debe ser descartada, por la acumulación de acusaciones sobre violaciones a la libre expresión y ataques a derecho-humanistas, que no deben quedar impunes.












martes, 4 de agosto de 2015

Inmediata atracción

Mi más sentido pésame al colega y Maestro periodista Carlos Ravelo, destacado integrante del Club Primera Plana en la ciudad de México, por el fallecimiento de su señora esposa Bety Ravelo. Descanse en paz.

Al final de cuentas las cosas siguen igual en materia de protección a periodistas: una federación inactiva que deja en las autoridades locales la investigación de homicidios y atentados contra periodistas y medios de comunicación, pese a su relevancia y trascendencia, y se sienta a esperar que sea la familia de la víctima quien pida la atracción federal.

Ya se alertaba desde hace varios años de esta situación, cuando se modificó el código adjetivo penal federal, en el cual se incorporó la figura de la atracción de delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación: la figura, vendida como una federalización resultó una simple modificación sin aspecto sustancial, porque al final, sigue la misma ruta de la figura que ya existía para cualesquier otro delito del fuero común (bajo el supuesto de conexidad).

Es decir, queda en la Procuraduría General de la República a través de sus agentes del ministerio público, valorar la atracción de los delitos, conforme a los supuestos que señala el código federal de procedimientos penales, esto es, cuando exista indicio de participación de servidores públicos del orden municipal o estatal; se trate de delitos graves; la integridad de la víctima se encuentre en riesgo “real”; lo solicite la autoridad estatal; haya impacto trascendente al ejercicio del derecho a la información o a la libertad de expresión; existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio de estas libertades; el hecho trascienda a varias entidades o exista sentencia de responsabilidad internacional, o fuera de ellos, cuando lo solicite la víctima u ofendido.

Hay que aceptar que en su momento la incorporación de estas posibilidades de atracción resultaron un avance. Sin embargo, con el paso del tiempo la percepción cambia. Son más un obstáculo que una decisión real de concentrar la investigación de los delitos de periodistas y comunicadores en la federación, poder que cuenta –se supone- con los instrumentos más avanzados, recursos, tecnología, personal, e independencia, para garantizar una investigación y sanción para este tipo de delitos. Lo cual, hasta el momento lamentablemente no ocurre, porque la procuraduría general se escurre para evitar la atracción.

Así, vemos con el terrible asesinato del colega foto-periodista Rubén Espinosa, colaborador de Cuartooscuro y Proceso, como, existiendo la posibilidad de utilizar el mencionado marco jurídico para la atracción, la Procuraduría General de la República lo evade y solo atina a estar al pendiente de las indagaciones. Simple observador.

El asunto es harto delicado. Más aún cuando el colega se encontraba en el Distrito Federal huyendo de amenazas, algunas de ellas atribuidas a la administración del Gobernador Javier Duarte, quien recientemente, en un desafortunado discurso con motivo de la celebración del siete de junio, se habría lavado las manos, señalando a los comunicadores ahí reunidos el conocimientos de vínculos con crimen organizado, sin señalar casos concretos ni acudir a las instancias jurídicas pertinentes: solo esbozó un señalamiento superficial con aroma a amenaza velada. Grave, muy grave.

Es evidente que en el caso del periodista Rubén Espinosa existían y existen en estos momentos condiciones para la atracción. La Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas está obligada a asumir, en este contexto, una posición rígida para atraer la investigación: en Veracruz han fallecido en el actual sexenio gubernamental trece periodistas y tres más continúan desaparecidos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya está investigando e integrando carpeta. Se han adoptado las primeras medidas de protección a la familia del colega asesinado. Es necesario, para reforzar, la atracción.

Sin embargo, incluso como decisión política: es mejor para la administración federal deslindar como móvil el ataque a la libertad de expresión, pero con una investigación profunda y no sobre rodillas, que continuar con el simplismo del robo o la venganza como móvil.

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