Roberto Piñón Olivas
La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no es solo el fin precipitado de una gestión marcada por el escándalo, sino la consumación de una crisis institucional inédita en la historia del organismo.
Presentada tras una ola de revelaciones periodísticas y
cercada por auditorías, la dimisión de la funcionaria que prometía instaurar
una nueva era de austeridad deja al descubierto una red de presuntas
irregularidades que dinamitaron la confianza ciudadana en el árbitro electoral.
Los hallazgos confirmados por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y diversos reportajes exponen un entramado de contrataciones
anómalo por 514 millones de pesos vinculados al empresario José Alfredo
Hernández Casillas, apoderado de firmas beneficiadas como Cajas Graf y
Corporativo Zeg.
La gestión de Taddei entregó de forma directa convenios
millonarios por alrededor de 197 millones de pesos para la elección judicial,
mientras nombraba como director de Administración a Jesús Octavio García
González, quien hasta poco antes había sido representante legal de las mismas
empresas contratistas.
A la par, la nómina del instituto albergó a colaboradores
asignados a labores de chofer con sueldos de hasta 69 mil 890 pesos mensuales
—quienes además preparaban alimentos para la funcionaria— o conductores con
poderes legales de empresas proveedoras que omitieron sus vínculos
patrimoniales.
Todo ello sazonado con vehículos de lujo no registrados en
la flota oficial, celebraciones organizadas por contratistas y viajes en suites
de París de 200 mil pesos la noche junto al hijo de la consejera presidenta.
Sin embargo, el ángulo más preocupante de este asunto no
radica únicamente en las extravagancias o el tráfico de influencias ejercido
desde la presidencia del INE, sino en el silencio y la inacción deliberada del
poder político.
El propio líder de la bancada de Morena en la Cámara de
Diputados, Ricardo Monreal, admitió públicamente que tenía conocimiento de las
investigaciones iniciadas por el Órgano Interno de Control (OIC) desde hace
meses.
Ante el cuestionamiento directo de por qué el Poder
Legislativo no intervino a tiempo, Monreal argumentó que debían esperar a que
el OIC concluyera sus procedimientos formales, escudándose en el debido proceso
para justificar una pasividad política calculada.
Resulta insostenible afirmar que no se podía hacer nada
cuando la bancada mayoritaria conocía desde hacía meses la existencia de
expedientes por conflicto de interés y alteración de documentos.
Se prefirió mantener la mirada hacia otro lado mientras la
erosión del órgano electoral se profundizaba, actuando solo cuando las
filtraciones mediáticas e investigaciones de la ASF hicieron que el costo
político fuera inasumible.
Esta simulación encuentra su raíz en la misma Presidencia de
la República.
En 2023, cuando Guadalupe Taddei fue designada por
insaculación, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la defendió
enfáticamente calificándola como una mujer "honesta e íntegra", a
pesar de las alertas inmediatas sobre los notorios lazos de su familia con el
partido oficialista y puestos clave de gobierno.
Aquel aval presidencial funcionó como un escudo que blindó a
Taddei durante más de tres años de cuestionamientos sobre su capacidad e
imparcialidad.
Ahora, ante el colapso de la gestión, el discurso oficial
intenta lavarse las manos: la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la renuncia
como una "buena decisión" y proclamó que "no debe haber ninguna
sombra de corrupción en el INE", pretendiendo presentar la dimisión como
una prueba de rigor ético de la Cuarta Transformación, cuando en realidad fue
la presión mediática y el cerco de las auditorías lo que forzó la salida.
El caso Taddei demuestra que la corrupción no desaparece por
decreto ni por discursos de austeridad. Pretender que la renuncia de la
funcionaria "con serenidad y la satisfacción del deber cumplido"
cierra el expediente es una burla a la ciudadanía.
La Cámara de Diputados y las autoridades fiscalizadoras y
ministeriales tienen la obligación legal y moral de llegar hasta las últimas
consecuencias, deslindando responsabilidades penales y administrativas contra
todos los involucrados.
Si el grupo oficialista/morenista pretende demostrar un compromiso
real con la honestidad, no basta con deslindarse del personaje caído, debe
rendir cuentas de por qué encubrió con su silencio la degradación del árbitro
electoral.
Por menos otras personas de la oposición han pisado la
cárcel e incluso permanecen ahí.
