54 científicos para descubrir el agua hervida

Roberto Piñón Olivas 

Durante seis años, la narrativa oficial en México sostuvo un rechazo categórico al fracking basándose en un compromiso político que es más un dogma que una estrategia técnica.

El reciente dictamen de un comité de 54 especialistas presentado al gobierno de Claudia Sheinbaum clarifica que la realidad técnica y la urgencia de soberanía energética han terminado por imponerse sobre la cerrazón ideológica.

La postura de "el fracking no" fue un eje central del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien incluyó este veto como su compromiso número 75. No obstante, esta negativa ocurrió mientras México caía en una dependencia brutal, traducida en la importación del 75% del gas natural que consumimos, principalmente de Estados Unidos.

Mientras el vecino del norte alcanzaba un liderazgo global en producción gracias a la explotación de recursos no convencionales (fracking), México observaba desde la barrera, cediendo competitividad por motivos "ideológicos".

El dictamen del Comité Científico sobre Soberanía Energética revela lo que el sentido común ya dictaba, la técnica es viable bajo condiciones específicas, en las cuencas de Burgos (Tamaulipas) y Sabinas-Burro-Picachos (Coahuila y Nuevo León), regiones que albergan gran parte de los 141.5 billones de pies cúbicos de gas natural en yacimientos no convencionales del país.

La "cerrazón" de años anteriores ha dejado a México rezagado en la exploración de estas técnicas que pudieron haber mitigado la dependencia externa mucho antes.

Uno de los puntos más críticos —y que el comité científico ha venido a "descubrir"— es la gestión del agua.

En un norte del país azotado por la sequía, el uso de agua dulce para la fracturación hidráulica era, en efecto, un despropósito lógico, pero ahora, gracias a 54 científicos descubrimos que es necesario prohibir el uso de agua dulce destinada al consumo humano o la agricultura y utilizar exclusivamente agua salada.

El viraje de la administración actual, que ahora pide ver esta técnica con "ojos de soberanía", es indudablemente un distanciamiento absoluto de las políticas previas, con ropaje científico para justificarse.

 La realidad es que seguir postergando el desarrollo con base en creencias sin fundamento científico es inaudito.

La ciencia no solo ofrece rutas para la mitigación ambiental, como el reciclaje del 75% del agua empleada o el uso de sustancias biodegradables, sino que proporciona la base objetiva para que el país deje de ser un espectador en el mercado energético global.

Negarse a la evidencia durante todo un sexenio y comenzar apenas a analizar el tema a mitad de camino del siguiente, es el costo de haber priorizado el discurso político sobre la razón técnica, aunque para ello se haya requerido a 54 científicos -pagados por el erario público- que descubrieron casi casi el agua hervida.

Morena, atrapado entre el discurso y la realidad

Roberto Piñón Olivas

La posición de Morena pretendiendo erigir un muro de integridad y estricto apego a la legalidad que contrasta con los antecedentes del movimiento, es más una fachada retórica que una práctica genuina e institucional.

Mientras Morena presume actuar bajo principios de combate a la corrupción y respeto al estado de derecho, la historia reciente del partido y de su líder moral, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es una cronología de constantes desafíos a las normas jurídicas.

Exige el partido guinda un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, bajo el argumento de que ella "infringió las leyes nacionales e internacionales", en busca de que "se respete la ley".

Sin embargo, esta postura choca frontalmente con hechos documentados donde Morena y AMLO han eludido el cumplimiento normativo de manera flagrante y descarada.

Ejemplo de ello es el histórico caso de "El Encino", donde el entonces jefe de Gobierno incurrió en desacato judicial al ignorar una orden federal de suspender obras en un terreno expropiado, lo que derivó en su desafuero en 2005.

Morena se presenta como un partido de "gente honesta" y "trayectoria comprobada", no obstante, los registros institucionales muestran una realidad distinta en materia de transparencia y financiamiento.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó una multa de 4.5 millones de pesos contra dicho partido por el esquema de los "Diezmos de Texcoco", donde se retuvo ilegalmente el 10% del salario a trabajadores municipales para la operación política.

A esto se suman las constantes sentencias del TEPJF confirmando que, desde las "Mañaneras", el Ejecutivo federal violó sistemáticamente los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad en las contiendas electorales.

Otro punto de quiebre entre el dicho y el hecho es el uso de decretos para evadir suspensiones judiciales, ya que mientras critica las acciones de la oposición en Chihuahua por considerarlas "conductas delictivas", el Gobierno federal ha utilizado decretos de "seguridad nacional" para continuar obras como el Tren Maya o el AIFA, ignorando suspensiones definitivas otorgadas por jueces federales.

Esta tendencia a la opacidad y al desacato fue incluso declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Está ahí ardiendo el huachicol fiscal por 600 mil millones de pesos, frente al cual palidece cualquier escándalo del PRIAN, junto con los videos de hermanos del prócer recibiendo sendos fajos de billetes en sobres amarillos.

Esta confrontación de narrativas y el uso selectivo de la legalidad por parte de Morena para atacar a sus adversarios, mientras minimiza sus propias faltas, trae a la memoria la frase del fallecido político chihuahuense Artemio Iglesias, el "filósofo de Rubio".

"A puñaladas iguales, llorar es cobardía".

Morena no puede reclamar el estricto cumplimiento de la ley en Chihuahua cuando su trayectoria está marcada por el uso de "acordeones" para inducir el voto judicial, violaciones al proceso parlamentario en el "Plan B" y una resistencia histórica a someterse a los controles institucionales que hoy invoca para sus oponentes.

Esperan del adversario la ingenuidad de ternuritas, cuando han dado muestra hasta el cansancio de una marrullería sin límites, como mantener un fuero constitucional a un gobernador con licencia o proteger a un Senador en el cargo. mientras ambos enfrentan orden de detención con base a un tratado de extradición con Estados Unidos.

O bien, mientras cometen peculado electoral descarado por 1 billón de pesos para fortalecer su base votante cautiva, en las narices de 137 millones de mexicanos, autoridades electorales cooptadas, un poder judicial colonizado y un ejército comprado.

¿Esperaban operar su marcha con acarreo en la más completa comodidad? ¿No son ellos quienes maniobran la toma permanente del Zócalo para que nadie -sin su consentimiento- lo use para expresarse libremente?

Golpean con sus porros, al estilo pandillas de Nueva York.

Unos bloqueos carreteros, unas lonas y una zanja bastaron para desarticular su excelso plan de desestabilización de fin de semana.

Ternuritas. Ellos marcaron el juego rudo y a él deben atenerse, en detrimento lamentable de la tolerancia y mínimo estándar de legalidad, que se ha roto, -no existe más- en retroceso de décadas.

El colmo, dos gobernadores en Sinaloa

Roberto Piñón Olivas 

La reciente crisis política en Sinaloa, detonada por la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya el 1 de mayo de 2026, ha puesto de manifiesto una incongruencia jurídica que desafía al Derecho Constitucional mexicano.

Al autorizar una licencia para "facilitar investigaciones" mientras se pretende mantener la inmunidad procesal del mandatario, el Congreso del Estado no solo incurre en una contradicción técnica, sino que desvirtúa la naturaleza misma de lo que erróneamente llamamos "fuero". Incluso podría estar incurriendo en un ilícito.

Felipe Tena Ramírez, uno de los doctrinarios mas reconocidos en la materia, es tajante: la inmunidad procesal es una protección funcional, no un privilegio personal, con el objetivo de evitar que la función pública se interrumpa por persecuciones políticas. En el momento en que Rocha Moya se separó del cargo, la "función" que se pretendía proteger deja de ser ejercida por él, por lo cual no puede o podría contar con fuero en estos momentos.

El fuero no es una "armadura" que el funcionario se lleva a su casa; es un atributo de la oficina que ocupa. Mantener esta protección durante una licencia convierte a la inmunidad en un privilegio personal, algo estrictamente prohibido por el Artículo 13 de la Constitución Federal, que veta cualquier prerrogativa que no esté vinculada al ejercicio efectivo de un empleo público.

Más paradójico resulta aún que el motivo oficial de la licencia sea "facilitar las investigaciones" de la Fiscalía General de la República (FGR) tras los señalamientos de vínculos con el narcotráfico. Si el Congreso de Sinaloa sostiene, bajo una visión puramente administrativa, que Rocha Moya mantiene el fuero por seguir siendo el "titular constitucional", la supuesta facilitación es una ficción jurídica.

Bajo este esquema burdo de impunidad, la FGR topa con muro porque tiene prohibido actuar penalmente contra Ruben Rocha; no puede solicitar órdenes de aprehensión ni vincular a proceso al gobernador con licencia sin un juicio de procedencia

La licencia se convierte en una "puerta giratoria", donde el funcionario se retira del ojo público bajo una bandera de transparencia, pero permanece resguardado por el mismo escudo legal que dice querer enfrentar.

En estos momentos hay entonces dos fueron otorgados, uno a Rocha Moya con licencia y otro a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

La situación es absurda, porque Sinaloa tiene a una gobernadora en funciones que requiere la inmunidad para ejercer el mando, y a un gobernador con licencia que pretende conservar la misma protección sin tener responsabilidad ejecutiva.

Esta duplicidad de fueros rompe el equilibrio constitucional, pues se extiende una protección excepcional a alguien que ya no tiene mando ni necesidad institucional de ser protegido.

La postura del Congreso local, que supedita la pérdida del fuero a una renuncia definitiva, es calificada por expertos y por la jurisprudencia moderna como débil y anacrónica, inclusive en voz de un prominente miembro de la 4T, el exministro Arturo Zaldívar, que coincide en que el fuero sigue al cargo.

Al no haber ejercicio del poder, la razón jurídica de la inmunidad desaparece automáticamente. Eso no lo entiende el Congreso sinaloense; ojalá la FGR interponga el recurso inmediato y la Corte se pronuncie, aún más, ejecute orden de aprehensión, y sea Rocha Moya, quien se defienda alegando el espurio fuero concedido.

La simulación, no tiene límites.

Entre austeridad e incongruencia

Roberto Piñón Olivas

La reforma electoral de 2026, bautizada como plan B, se presenta ante la nación como el "segundo piso" de una transformación que busca desterrar privilegios, pero al contrastar el discurso oficial, particularmente el de Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, entrevistado en el Financiero Televisión, con los datos técnicos y la realidad constitucional, emergen contradicciones que sugieren que el ahorro es envoltorio de un rediseño centralizador.

Pablo Gómez defiende empatar la revocación de mandato con las elecciones de 2027 bajo el argumento de "facilitar el quórum" y evitar que la oposición induzca a la abstención. No obstante, la intención estratégica no es otra, que subir a la Presidenta a la boleta para que su popularidad funcione como un imán de votos para Morena.

Mientras se predica la equidad, el plan B planteaba reformar el Artículo 35 para permitir que la persona sujeta a revocación pueda "promover el voto a su favor", rompiendo el piso parejo en plena contienda federal. Quieren -porque Pablo anticipa que vendrá después de nuevo la propuesta- el 70% de aceptación que las encuestas le dan a la Presidenta, en la boleta.

Por otro lado, Pablo Gómez sostiene que el federalismo se "fortalece" al eliminar la capacidad de los estados para negociar sus propios privilegios; nada más lejos del estado moderno democrático y descentralizado, con contrapesos.

Hay una "clara intromisión" en el régimen interior de las entidades, al dictar desde el Centro el tope presupuestal del 0.70% para los congresos estatales y al establecer el límite de regidores.

La Federación trata a los estados como "simples extensiones administrativas", un estado centralista y autoritario, que nada pierde al gobierno de Santa Anna, Porfirio Diaz o Nicolas Maduro.

La narrativa oficial en voz estertórea y dogmática de Pablo, busca que la "élite política partidista" deje de concentrar poder y recursos excesivos.

No obstante, el análisis del costo por diputado en las entidades federativas, revela una profunda inequidad, porque el plan B obliga a recortes devastadores en estados pobres como Tlaxcala, con reducción del 93.9%, pero protege el gasto de la Ciudad de México, donde cada legislador tiene un costo de 32.7 millones de pesos, legalizando así la opulencia en el corazón del oficialismo.

Queda claro donde nació la ocurrencia del .70%, de la simple aritmética de dividir el número de legisladores existentes en la ciudad de México, contra su presupuesto estatal. Que genios.

En esa extensa entrevista en la cual Pablo Gómez no pierde oportunidad de fustigar al entrevistador, califica de "conservadora" la actitud de sus propios aliados, el PT y el PVEM, por resistirse inicialmente a la reforma de representación popular.

Sin embargo, el plan B es, en sí mismo, el producto de una negociación forzada donde estos partidos satélites lograron preservar sus prerrogativas clave y su supervivencia política a cambio de apoyar el nuevo paquete. Es una coalición que Gómez tilda de "leal", a pesar de que sus integrantes fueron acusados de defender privilegios minutos antes.

El discurso oficial apela a que la mayoría "mal haría en no aplicar su programa", pero la teoría política, en voz de un clásico como Norberto Bobbio es contundente, al señalar que si una mayoría utiliza su poder para abolir los controles y las reglas que permiten la alternancia, el sistema deja de ser una democracia para convertirse en otra cosa.

Una reforma que altera el federalismo y la competencia equitativa bajo el disfraz de la austeridad corre el riesgo de ser, el inicio de una etapa de centralismo autoritario, con partido de estado y una inversión millonaria en dádivas electorales disfrazadas de ayudas sociales.

El plan B rechazado -y el nuevo autorizado aún con matices- no era un ajuste técnico; es un rediseño del control político. Si la democracia debe ser "menos costosa", no debería ser a costa de su propia integridad institucional.

Lo que está en juego no son solo unos millones de pesos, sino la vigencia del pacto federal y la equidad que sostiene la precaria normalidad democrática.

 

La salud del estado moderno está en la división de poderes

Roberto Piñón Olivas

La salud de una democracia está en la solidez de sus instituciones, y entre ellas, el Poder Legislativo ocupa un lugar central como el arquitecto primordial del orden social.

En el sistema jurídico mexicano, este poder se deposita formalmente en el Congreso de la Unión, la asamblea donde se debaten y definen los rumbos del país.

La estructura de este órgano es bicameral, lo que permite un sistema de pesos y contrapesos internos al estar integrado por la Cámara de Diputados y el Senado.

La Cámara de Diputados desempeña un rol crucial en esta integración, pues sus miembros actúan como los representantes directos de la nación en su conjunto.

El Senado, por su lado, aporta el equilibrio federalista, asumiendo la tarea de representar a los Estados que integran la unión ante el poder central.

La función sustantiva y primordial de este cuerpo colegiado es la creación de leyes, proceso que transforma las demandas ciudadanas en normas de observancia obligatoria.

Para que el producto de esta tarea sea legítimo, las leyes deben poseer tres características esenciales: deben ser generales, abstractas e impersonales.

El propósito último de estas normas es regular la vida social, estableciendo un marco de convivencia que garantice la paz y la justicia para todos los individuos.

La importancia de la división de poderes radica en que el Legislativo no solo crea normas, sino que sirve de límite y equilibrio frente a las funciones de los otros poderes del Estado.

Por ello, el poder Ejecutivo ejecuta las leyes, presta servicios, atiende necesidades de sus ciudadanos; el Legislativo crea leyes que establecen el marco funcional del Ejecutivo; y el Judicial, resuelve las controversias entre los poderes del estado y sus distintos niveles, así como las surgidas con los particulares y entre ellos mismos.

En este sentido, el Congreso posee facultades implícitas que le permiten expedir todas las leyes necesarias para hacer efectivas sus propias facultades expresas.

Asimismo, esta capacidad legislativa es vital para el funcionamiento del Estado, ya que permite dar sustento legal a las atribuciones de los otros poderes de la unión.

La ley se erige como el principal producto legislativo, siendo el instrumento jurídico que brinda certeza y estabilidad a las relaciones entre ciudadanos y autoridades.

Sin una producción legislativa constante y de calidad, el Estado de derecho se debilitaría, dejando espacio a la improvisación en el ejercicio del poder público.

Es importante mencionar que, aunque los conceptos sobre la importancia política de la división de poderes son ampliamente aceptados en la teoría constitucional, la descripción técnica de su integración y funciones aquí expuesta proviene directamente de las fuentes consultadas.

Un Poder Legislativo vigoroso y representativo es la garantía de que la voluntad popular se convierta en el pilar que sostiene la estructura jurídica de la nación.

Cualquier alteración en esta división de poderes, en la esencia deliberativa del Legislativo, es perversión de la democracia, sustento elemental del estado moderno.

Si se pervierte el principio de que los poderes no pueden quedar subsumidos en una sola persona, podrá ser cualquier cosa, menos un estado democrático.

La sana colaboración entre los poderes no puede convertirse en sumisión; si los diputados no pueden mover siquiera una coma de un proyecto enviado por el ejecutivo, estamos ante la debacle congresional.

Lo confuso es norma para ministros

 Roberto Piñón Olivas

Hay un pequeño gran detalle en la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pasaron por alto nuestros Togados del Acordeón, y es que los delitos que facultan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el bloqueo de cuentas, como terrorismo, financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), gozan de una notable complejidad técnica y amplitud normativa.

El artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) remite a conductas descritas en el Código Penal Federal (CPF), como el terrorismo (Art. 139), el terrorismo internacional (Art. 148 Bis) y el lavado de dinero (Art. 400 Bis).

Sin embargo, la norma extiende esta facultad a los "delitos asociados", una categoría que el Pleno de la SCJN ha interpretado como integrada por un vasto andamiaje legal que incluye Leyes financieras sectoriales como la Ley del Mercado de Valores (Arts. 212 y 226 Bis), la Ley de Fondos de Inversión (Art. 91), y la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Art. 58), entre otras, una gran puerta a la discrecionalidad.

El término "asociados" abarca ilícitos que, sin ser los delitos base, guardan una conexión funcional al facilitar, encubrir o posibilitar el movimiento de recursos ilícitos, con lo cual, el palomazo de la corte que autoriza la ausencia de intervención judicial en el bloqueo de cuentas bancarias, parece un cheque en blanco, una facultad a contentillo del titular de la UIF, y el inquilino -o inquilina- de Palacio.

La complejidad de estos tipos penales levantó antenas y generó critica fundada por violentar el principio de taxatividad (claridad, no ambigüedad), garantizado en el artículo 14 constitucional y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte, con gran ligereza, determinó que, al tratarse -la facultad de congelar cuentas bancarias de la UIF- de una medida cautelar administrativa y no penal, no se requiere el mismo rigor de precisión que en una sentencia condenatoria, ya que la remisión a leyes específicas permite que el gobernado identifique las conductas prohibidas, cubriendo el estándar de seguridad jurídica.

Sin embargo, conceptos como "indicios suficientes" y "delitos asociados" son vagos, imprecisos y demasiado amplios, generando una indeterminación que deja al ciudadano en estado de indefensión ante criterios confusos de la autoridad administrativa. La norma debe ser clara, sencilla.

Pero, además, no es una medida simplemente administrativa, toda vez que, si el bloqueo se activa por la presunción de un delito complejo, la UIF realiza materialmente una investigación penal, facultad reservada al Ministerio Público bajo el artículo 21 constitucional.

De esta forma, la UIF evade el control judicial previo que exige la Convención Americana para actos que afectan derechos humanos fundamentales.

El argumento de que el bloqueo no es una sanción, por lo que no vulnera la presunción de inocencia, ya que no determina culpabilidad ni impone penas definitivas, cae por su propio peso, porque congelar el patrimonio por una "mera sospecha" constituye un castigo severo sin juicio, trasladando indebidamente la carga de la prueba al afectado.

Finalmente, lo que la Corte califica en el bloqueo como un "acto de molestia" provisional, es en realidad un acto privativo que despoja al ciudadano de su patrimonio sin garantía de audiencia previa, lo cual es incompatible con un régimen democrático y convencional. Lo provisional pueden ser días, meses, años.

Validar por los ministros el uso de estos tipos penales complejos como base para el bloqueo administrativo de cuentas bancarias, argumentando que la protección del sistema financiero y los compromisos internacionales justifican una interpretación más flexible de los principios de taxatividad y presunción de inocencia en sede administrativa, es un grave retroceso hacia un autoritarismo que se pensaba, poco a poco, estaba siendo superado.

 

Decisión con piel de oveja y garras de lobo

Roberto Piñón Olivas

Es cierto que la Unidad de Inteligencia Financiera ya bloqueaba cuentas bancarias bajo el argumento de indicios o sospechas de delincuencia organizada, sin embargo, el antecedente jurisprudencial exigía la intervención judicial para ello, así como una petición internacional; era una salvaguarda, que ahora fue derribada.

Con la determinación mayoritaria de los ministros existe una clara invasión de facultades exclusivas del ministerio público, aunque sostengan que es una decisión con efectos administrativos.

El artículo 21 de la Constitución reserva la investigación de delitos y la imposición de medidas cautelares relacionadas con ilícitos al Ministerio Público y a la autoridad judicial, por lo que al permitir que una autoridad administrativa (UIF) bloquee cuentas basándose en "indicios de un delito", se le permite realizar actos que constitucionalmente corresponden a la persecución penal, pero sin las garantías de este ámbito.

La mayoría de la Corte define la medida como "administrativa-preventiva", pero si el origen es la sospecha de un delito, como lavado de dinero o terrorismo, la naturaleza del acto es materialmente penal.

Asimismo, hay una violación a la presunción de inocencia, que la Constitución mexicana y la Convención Americana de los Derechos Humanos sostienen en sus artículos 20 y octavo respectivamente.

La CADH establece en su artículo 8.2 que toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, por lo que al congelar el patrimonio por una "mera sospecha" o "indicios suficientes" calificados discrecionalmente por la UIF, se impone una consecuencia punitiva real.

Con ello, el ciudadano queda en estado de indefensión, ya que es él quien debe demostrar la licitud de sus recursos ante la misma autoridad que ya lo bloqueó, lo cual contraviene el principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora.

También hay vulneración al derecho de propiedad y debido proceso.

Aunque la Corte lo considera temporal, el bloqueo puede durar días, meses o años sin mandato judicial, lo que equivale a un despojo o privación de la propiedad prohibido por el artículo 14 constitucional y el artículo 21 de la CADH.

Al bloquear la totalidad de los recursos, hay prohibición de acceso a derechos básicos como la salud, la alimentación y la educación, convirtiéndose en una asfixia económica sin que medie un juicio ante tribunales previamente establecidos.

Incluso se estaría prohibiendo una defensa adecuada. ¿Cómo pagar asesoría jurídica elemental si los recursos están bloqueados?

En la resolución hay ausencia de taxatividad y seguridad jurídica, que son garantía en el ámbito penal, pero no en lo nebuloso de la resolución de los ministros.

Conceptos como "indicios suficientes" o "delitos asociados", contenidos en el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, carecen de parámetros objetivos claros en la ley, con lo cual los ministros otorgan una facultad discrecional desmesurada a la autoridad administrativa, abriendo la puerta a la arbitrariedad y al uso político de la UIF para silenciar voces incómodas.

Se argumenta que el legislador omitió prever normas sustantivas que definan con precisión qué conductas exactas y bajo qué tiempos se activará el bloqueo, dejando esta definición en manos de "disposiciones de carácter general" emitidas por la propia Secretaría de Hacienda. Nueva arbitrariedad.

Hay un retroceso en la protección de derechos humanos, que la constitución misma prohíbe en su artículo primero, al establecer la progresividad de los mismos, en la decisión de interrumpir los criterios de las jurisprudencias 2a./J. 46/2018 y 2a./J. 101/2024.

Los criterios anteriores exigían una solicitud internacional expresa como salvaguarda para validar la constitucionalidad del bloqueo sin orden judicial, por lo que al eliminar este requisito bajo un argumento de "soberanía", la Corte retira un contrapeso esencial, permitiendo que la autoridad nacional actúe "por sí y ante sí" sobre el patrimonio de los ciudadanos sin control judicial previo.

Por último, la interpretación de los ministros debilita el estándar internacional de protección de derechos humanos.

Según el artículo 8.1 de la CADH, toda determinación de derechos, incluyendo los de carácter fiscal o civil, debe ser realizada por un juez o tribunal independiente e imparcial.

Un bloqueo administrativo ejecutado por una oficina dependiente del Poder Ejecutivo, sin control judicial inmediato, no satisface el estándar de garantías judiciales indispensables en una sociedad democrática.

Como vemos, hay un retroceso muy grave en la determinación, que, con piel de oveja, asoma garras de auténtico lobo.

 

Un copy past de las Siete Leyes de Santa Anna

Roberto Piñón Olivas

Lo que estará sobre la mesa de las negociaciones este próximo miércoles 8 de abril, no son las restricciones presupuestales para las legislaturas de los estados y los límites al número de regidores.

Lo que realmente esta en juego es otro golpe más en favor del centralismo de Estado en contra del federalismo consagrado en el modelo de nación desde 1824 y que hasta la fecha subsiste en la maltrecha constitución de 1917.

Esa regulación del presupuesto de los congresos locales y la imposición de un límite de regidores en los cabildos es franca y abierta violación al federalismo, por más que la narrativa abogue por una supuesta reducción en el gasto y una proclamada -de dientes para afuera- austeridad en el gasto.

¿Por qué viola el federalismo?

La base del federalismo mexicano, consagrado en el artículo 40 constitucional, define al Estado como una República integrada por "estados libres y soberanos" en todo lo concerniente a su régimen interior.

La teoría política a través de especialistas como Emilio Rabasa Gamboa sostiene que el federalismo supone que los estados conservan facultades propias y que su organización política no puede decidirse desde el poder federal.

Al dictar desde el centro la Federación cómo deben integrarse los ayuntamientos y qué porcentaje de su propio presupuesto pueden gastar las legislaturas locales, el proyecto deja de tratar a los estados como entidades soberanas para considerarlos "simples extensiones administrativas del poder central".

La reforma electoral llamada Plan B significa ruptura al Pacto Federal.

El artículo 115 constitucional otorga a los municipios autonomía para su organización administrativa.

La reforma, al imponer un tope de 7 a 15 regidurías y una sola sindicatura, anula la facultad de las legislaturas locales de determinar el número de ediles según las necesidades demográficas y políticas específicas de cada región.

No hay soluciones mágicas en materia política ni administrativa. Lo que para Chiapas resulta conveniente, no lo es para Baja California. Los programas de librito ideales se alejan de la realidad de cada pueblo.

Al fijar un techo del 0.70% del presupuesto estatal para los congresos, la Federación invade la soberanía financiera de los estados, transformando el pacto federal en una relación de subordinación, donde las decisiones de gasto y estructura se dictan "desde el Centro" sin importar la opinión de cada entidad federativa.

Es un regreso al Centralismo del Siglo XIX, copy past de las Siete Leyes de 1836 de Antonio López de Santa Anna, las cuales eliminaron el federalismo y convirtieron a los estados en departamentos subordinados al Ejecutivo Federal, en una crisis política y fracturas territoriales que costaron miles de vidas.

Ahora, ¿puede la misma Constitución ir contra los principios federalistas?

Norberto Bobbio advierte que, si una mayoría decide abolir las reglas que sustentan el sistema como el régimen parlamentario o, por extensión, el federalismo, el sistema resultante es "otra cosa" y no necesariamente una democracia plena.

Por tanto, existen, según esta visión, "límites indestructibles" en el proceso de revisión continua de la Constitución.

Al elevar la austeridad y la centralización por encima de la libertad soberana de los estados para organizarse, la reforma entra en una contradicción directa con el espíritu de la "ley fundamental" que dio vida a la federación.

La respuesta es no. La constitución no puede ir en contra de su espíritu federalista y democrático.

Para que ello sea válido jurídicamente, entonces debe eliminarse la palabra federalismo, autonomía o soberanía de las entidades y ser convertidas en departamentos, u oficinas dependientes del supremo poder centralista.

Y aún y cuando ello se hiciese, sería un golpe a la lucha de configuración de un Estado Moderno, configurado desde 1810 hasta la fecha.

Eso está en juego, y no simples reformas que ni siquiera tienen impacto significativo en montos presupuestales para cada entidad, pero que si pegan en la configuración de órganos democráticos pensados en acoger a la oposición política minoritaria.

¿Democracia o Absolutismo Digital? El Estado de Derecho en la Encrucijada

Roberto Piñón Olivas

El Estado no es simplemente un aparato administrativo; es una sociedad humana estructurada por un orden jurídico con un fin ético: el bien público temporal. Sin embargo, la historia nos enseña que cuando las reglas para obtener el poder se modifican unilateralmente por quienes ya lo ostentan, el Estado corre el riesgo de degenerar en lo que la teoría clásica llama totalitarismo.

Desde la perspectiva de Francisco Porrúa Pérez, el Estado se justifica en la medida en que asegura el orden, la paz y el respeto a la dignidad y libertad de la persona. La reforma electoral de 2026 plantea un rediseño profundo: reduce el financiamiento a partidos, regula la inteligencia artificial y busca democratizar el Poder Judicial mediante el voto popular.

Si bien estas metas parecen buscar el bien común, la Teoría del Estado advierte que el totalitarismo comienza cuando el individuo se convierte en un simple "medio" para los fines absolutos de la maquinaria estatal.

Uno de los pilares del Estado moderno es el pluralismo. La teoría señala que la recepción de los partidos en el régimen constitucional fue una respuesta a los regímenes que ignoraban la diversidad de opiniones.

Al proponer un sistema donde los "mejores perdedores" ocupen escaños y se reduzcan los recursos para la oposición, existe el peligro de transitar hacia un monismo político, donde una sola fuerza absorbe la representación nacional, debilitando la alternancia que ha caracterizado la transición democrática mexicana.

Austeridad vs. Autonomía La Teoría del Estado define al "Estado de Derecho" como aquel donde el poder está normado por la justicia y limitado por la Constitución. La autonomía financiera y administrativa de órganos como el INE es, por tanto, una barrera técnica contra la arbitrariedad.

Cuando la reforma impone límites salariales y recortes presupuestales bajo la bandera de la austeridad, la teoría sugiere que se debe vigilar que esto no sea una forma de autolimitación ficticia que termine por someter al árbitro electoral a la voluntad del gobernante en turno.

La verdadera democracia, según la doctrina clásica, es aquella que armoniza el poder con la libertad personal. Ante propuestas que pueden concentrar el mando y diluir los controles jurisdiccionales (como los cambios en los cómputos distritales o la eliminación de senadurías proporcionales), la ciudadanía debe recordar que las reglas de la democracia pertenecen a todos, no solo a la mayoría circunstancial.

Un Estado sin derecho es solo fuerza bruta; un Estado con una reforma que debilite sus contrapesos corre el riesgo de perder su alma democrática.

 

 

 

La Mesa de Todos: Por qué el Pluralismo es el Alma del Estado

Roberto Piñón Olivas

Imagine por un momento que vive en una casa donde solo una persona decide qué se come, a qué hora se apagan las luces y qué programas se ven en la televisión.

Al principio, podría parecer ordenado, pero pronto sentiría que su voz no cuenta, que sus gustos no importan y que usted es solo un mueble más en esa casa. Esa sensación de asfixia es lo que ocurre cuando la hegemonía —el dominio de una sola visión— aplasta al pluralismo, que es la convivencia de muchas voces.

Desde la perspectiva de la Teoría del Estado, el Estado no es un monstruo frío ni una maquinaria de cables y engranajes; es, ante todo, una sociedad humana.

Es un grupo de personas como usted y yo, establecidas en un territorio, que deciden organizarse bajo reglas comunes para alcanzar lo que el maestro Francisco Porrúa Pérez llama el bien público temporal.

El fin supremo de cualquier gobierno no es acumular poder, sino ayudar a que cada individuo alcance su propio perfeccionamiento.

A esto se le llama suplir la indigencia social del hombre. Como seres humanos, no nos bastamos a nosotros mismos; necesitamos de los demás para vivir, para crecer y para ser libres.

Aquí es donde entra el conflicto entre el pluralismo y la hegemonía. El pluralismo reconoce que, como somos diferentes, tenemos necesidades y sueños distintos. La hegemonía, en cambio, intenta imponer una sola receta para la felicidad de todos.

La teoría nos advierte que cuando el Estado se olvida de que existe para el hombre y empieza a creer que el hombre existe para el Estado, caemos en el transpersonalismo. En este error, las personas se convierten en simple "carne de cañón" o en piezas de una maquinaria estatal que busca fines absolutos, olvidando la dignidad personal.

En la antigüedad, existía algo llamado monismo político-religioso, donde no había distinción entre lo que mandaba el gobernante y lo que dictaba la religión; era una sola voluntad total. El mundo moderno superó eso gracias al dualismo y, más tarde, a la democracia, que entiende que el poder debe estar repartido.

Cuando una sola fuerza política busca la hegemonía total, estamos regresando a una forma de monismo. La historia nos enseña que los regímenes que intentan sustituir el juego de los partidos políticos por una sola voz oficial suelen derivar en autoritarismos que impiden el desarrollo de una opinión pública libre.

Porrúa Pérez en su libro Teoria del Estado, es claro: la verdadera democracia es aquella que armoniza el poder con la libertad personal y permite que los partidos políticos funcionen libremente dentro de los cauces de la ley.

¿Por qué nos da miedo que alguien tenga todo el poder? Porque el Estado, aunque es necesario, es también una realidad compleja que nos rodea y nos absorbe. Si no tiene límites, se vuelve un Estado despótico. Por eso hablamos del Estado de Derecho, donde el poder no es un simple fenómeno de fuerza bruta, sino una actividad que debe estar normada por la justicia.

La sumisión del Estado al Derecho es intrínseca a su naturaleza; un Estado sin leyes que lo limiten es solo fuerza pura. El pluralismo actúa como un control natural: cuando hay muchas fuerzas políticas, se vigilan entre sí, se obligan a dialogar y, lo más importante, aseguran que ninguna minoría sea pisoteada por una mayoría circunstancial. El fundamento ético del Estado reside en asegurar el orden, la paz y el respeto a la libertad de la persona humana.

Un concepto clave para entender por qué la hegemonía es peligrosa es el Principio de Subsidariedad. Este principio dice que el Estado no debe hacer lo que los ciudadanos pueden hacer por sí mismos o a través de sus comunidades naturales, como la familia o las empresas. El Estado debe coordinar, ayudar o suplir, pero nunca suplantar la iniciativa privada ni la libertad de asociación.

Cuando un sistema busca la hegemonía, tiende a querer controlarlo todo: la economía, la cultura y hasta la forma en que pensamos. El pluralismo, en cambio, defiende que existan espacios donde el Estado no entre, respetando la autonomía de las personas en su esfera espiritual y privada.

La crisis del Estado moderno suele ser una crisis de confianza. A veces, por buscar soluciones rápidas, nos sentimos tentados por líderes que prometen orden a cambio de nuestra voz. Sin embargo, la verdadera democracia no es solo una técnica de votación; es un sistema basado en la dignidad del hombre como un ser con fines trascendentes.

Defender el pluralismo frente a la hegemonía no es defender el caos, es defender nuestra propia humanidad. Es recordar que el Estado es un ente de cultura creado por nosotros y para nosotros. Al final del día, el Estado más perfecto no es el que tiene la voz más fuerte, sino el que sabe escuchar todas las voces para construir un hogar donde todos, sin excepción, podamos vivir bien.

Crisis de libertad de expresión frente al expansionismo del Estado

Roberto Piñon Olivas

La libertad de expresión es considerada la piedra angular de cualquier sistema democrático y un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad abierta.

Desde la perspectiva de la teoría del Estado, este derecho no es solo una garantía individual, sino un presupuesto funcional: sin el libre intercambio de ideas, la crítica al poder y la formación de una opinión pública auténtica, el Estado de derecho se vacía de contenido y degenera en formas autoritarias.

Sin embargo, en la actualidad observamos una crisis caracterizada por el expansionismo del Estado, que busca recuperar facultades de control sobre el discurso público bajo nuevas justificaciones.

Históricamente, el Estado operó bajo la lógica del "arcanum" o secreto, donde el poder se basaba en la voluntad del soberano y cualquier disidencia era perseguida por tribunales como el Santo Oficio.

El tránsito hacia el Estado liberal de derecho en el siglo XIX supuso la eliminación de la arbitrariedad, estableciendo que el Estado debe abstenerse de interferir en la manifestación de las ideas. En México, esta evolución se plasmó en los artículos 6º y 7º constitucionales, que prohíben la censura previa y protegen la libertad de imprenta.

A finales del siglo XX, la teoría del Estado evolucionó hacia un modelo de Estado garante, donde la autoridad no solo debe "no estorbar", sino realizar acciones positivas para asegurar el acceso a la información y el pluralismo. No obstante, es precisamente en esta función de "garante" donde el Estado contemporáneo ha encontrado rendijas para expandir su control.

El expansionismo actual se manifiesta principalmente en tres frentes: el auge de sistemas populistas, el combate a la desinformación y el patrullaje de los espacios digitales.

1. Sistemas populistas y la disidencia: En diversos contextos, los gobiernos actuales tienden a percibir la crítica o el pensamiento contrario como hostil y aversivo. Para estos sistemas, la libertad de expresión deja de ser un pilar para transformarse en un obstáculo. Se utilizan los recursos públicos para menospreciar o estigmatizar a periodistas y opositores, creando un efecto amedrentador (chilling effect) que invita a la autocensura.
2. El "Ministerio de la Verdad" y la desinformación: Bajo la premisa de proteger la seguridad nacional o la salud pública frente a las fake news, algunos estados han comenzado a "ciberpatrullar" las redes para identificar mensajes que causen "desafección a las instituciones". Jurídicamente, esto plantea un riesgo severo: al exigir que la información sea "veraz" según un estándar estatal, se parte de la premisa de que existe una verdad única e incuestionable, lo que abre la puerta a una censura purificadora. Como ha señalado la doctrina, la respuesta para el discurso falso en una democracia no debe ser el silencio impuesto, sino el contradiscurso y el debate racional.
3. Regulación en la era digital: El siglo XXI ha introducido un modelo de regulación "triangular" donde el Estado coexiste con empresas privadas que controlan la infraestructura de la comunicación. El expansionismo estatal busca intervenir en esta gobernanza privada para dictar qué contenidos deben ser eliminados, a menudo ignorando las garantías de debido proceso y el derecho de audiencia de los usuarios.

La teoría del Estado reconoce que ningún derecho es absoluto. El artículo 6º constitucional establece límites claros: la moral, la vida privada, los derechos de terceros, la provocación de delitos y el orden público.

Sin embargo, para evitar que el Estado use estos conceptos de forma expansiva y arbitraria, la jurisprudencia nacional e internacional exige el cumplimiento de un test tripartito.

Toda limitación impuesta por el Estado debe: 1) estar prevista claramente en la ley; 2) perseguir un fin legítimo (como la protección de menores o la seguridad nacional); y 3) ser necesaria y proporcional en una sociedad democrática. Sin estas salvaguardas, el uso de tipos penales ambiguos, como el ultraje a los símbolos patrios, puede convertirse en una herramienta para criminalizar la protesta o el arte disidente, como se observó en debates judiciales sobre poemas a la bandera.

La crisis actual de la libertad de expresión frente al expansionismo del Estado nos obliga a repensar el papel de la ciudadanía. La tarea de identificar la verdad y el error corresponde a la sociedad madura y a un periodismo profesional e independiente, no a la autoridad gubernamental.

El Estado debe limitar su actuación a ser el facilitador de un libre mercado de ideas donde todas las opiniones, incluso las chocantes o molestas, puedan fluir sin temor a represalias administrativas o judiciales. En última instancia, la salud de la democracia se mide por la capacidad del Estado para tolerar el disenso y proteger el derecho de sus ciudadanos a ser sus propios guardianes de la verdad.