Columna de análisis crítico

lunes, 18 de mayo de 2026

Morena, atrapado entre el discurso y la realidad

Roberto Piñón Olivas

La posición de Morena pretendiendo erigir un muro de integridad y estricto apego a la legalidad que contrasta con los antecedentes del movimiento, es más una fachada retórica que una práctica genuina e institucional.

Mientras Morena presume actuar bajo principios de combate a la corrupción y respeto al estado de derecho, la historia reciente del partido y de su líder moral, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es una cronología de constantes desafíos a las normas jurídicas.

Exige el partido guinda un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, bajo el argumento de que ella "infringió las leyes nacionales e internacionales", en busca de que "se respete la ley".

Sin embargo, esta postura choca frontalmente con hechos documentados donde Morena y AMLO han eludido el cumplimiento normativo de manera flagrante y descarada.

Ejemplo de ello es el histórico caso de "El Encino", donde el entonces jefe de Gobierno incurrió en desacato judicial al ignorar una orden federal de suspender obras en un terreno expropiado, lo que derivó en su desafuero en 2005.

Morena se presenta como un partido de "gente honesta" y "trayectoria comprobada", no obstante, los registros institucionales muestran una realidad distinta en materia de transparencia y financiamiento.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó una multa de 4.5 millones de pesos contra dicho partido por el esquema de los "Diezmos de Texcoco", donde se retuvo ilegalmente el 10% del salario a trabajadores municipales para la operación política.

A esto se suman las constantes sentencias del TEPJF confirmando que, desde las "Mañaneras", el Ejecutivo federal violó sistemáticamente los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad en las contiendas electorales.

Otro punto de quiebre entre el dicho y el hecho es el uso de decretos para evadir suspensiones judiciales, ya que mientras critica las acciones de la oposición en Chihuahua por considerarlas "conductas delictivas", el Gobierno federal ha utilizado decretos de "seguridad nacional" para continuar obras como el Tren Maya o el AIFA, ignorando suspensiones definitivas otorgadas por jueces federales.

Esta tendencia a la opacidad y al desacato fue incluso declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Está ahí ardiendo el huachicol fiscal por 600 mil millones de pesos, frente al cual palidece cualquier escándalo del PRIAN, junto con los videos de hermanos del prócer recibiendo sendos fajos de billetes en sobres amarillos.

Esta confrontación de narrativas y el uso selectivo de la legalidad por parte de Morena para atacar a sus adversarios, mientras minimiza sus propias faltas, trae a la memoria la frase del fallecido político chihuahuense Artemio Iglesias, el "filósofo de Rubio".

"A puñaladas iguales, llorar es cobardía".

Morena no puede reclamar el estricto cumplimiento de la ley en Chihuahua cuando su trayectoria está marcada por el uso de "acordeones" para inducir el voto judicial, violaciones al proceso parlamentario en el "Plan B" y una resistencia histórica a someterse a los controles institucionales que hoy invoca para sus oponentes.

Esperan del adversario la ingenuidad de ternuritas, cuando han dado muestra hasta el cansancio de una marrullería sin límites, como mantener un fuero constitucional a un gobernador con licencia o proteger a un Senador en el cargo. mientras ambos enfrentan orden de detención con base a un tratado de extradición con Estados Unidos.

O bien, mientras cometen peculado electoral descarado por 1 billón de pesos para fortalecer su base votante cautiva, en las narices de 137 millones de mexicanos, autoridades electorales cooptadas, un poder judicial colonizado y un ejército comprado.

¿Esperaban operar su marcha con acarreo en la más completa comodidad? ¿No son ellos quienes maniobran la toma permanente del Zócalo para que nadie -sin su consentimiento- lo use para expresarse libremente?

Golpean con sus porros, al estilo pandillas de Nueva York.

Unos bloqueos carreteros, unas lonas y una zanja bastaron para desarticular su excelso plan de desestabilización de fin de semana.

Ternuritas. Ellos marcaron el juego rudo y a él deben atenerse, en detrimento lamentable de la tolerancia y mínimo estándar de legalidad, que se ha roto, -no existe más- en retroceso de décadas.

sábado, 2 de mayo de 2026

El colmo, dos gobernadores en Sinaloa

Roberto Piñón Olivas 

La reciente crisis política en Sinaloa, detonada por la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya el 1 de mayo de 2026, ha puesto de manifiesto una incongruencia jurídica que desafía al Derecho Constitucional mexicano.

Al autorizar una licencia para "facilitar investigaciones" mientras se pretende mantener la inmunidad procesal del mandatario, el Congreso del Estado no solo incurre en una contradicción técnica, sino que desvirtúa la naturaleza misma de lo que erróneamente llamamos "fuero". Incluso podría estar incurriendo en un ilícito.

Felipe Tena Ramírez, uno de los doctrinarios mas reconocidos en la materia, es tajante: la inmunidad procesal es una protección funcional, no un privilegio personal, con el objetivo de evitar que la función pública se interrumpa por persecuciones políticas. En el momento en que Rocha Moya se separó del cargo, la "función" que se pretendía proteger deja de ser ejercida por él, por lo cual no puede o podría contar con fuero en estos momentos.

El fuero no es una "armadura" que el funcionario se lleva a su casa; es un atributo de la oficina que ocupa. Mantener esta protección durante una licencia convierte a la inmunidad en un privilegio personal, algo estrictamente prohibido por el Artículo 13 de la Constitución Federal, que veta cualquier prerrogativa que no esté vinculada al ejercicio efectivo de un empleo público.

Más paradójico resulta aún que el motivo oficial de la licencia sea "facilitar las investigaciones" de la Fiscalía General de la República (FGR) tras los señalamientos de vínculos con el narcotráfico. Si el Congreso de Sinaloa sostiene, bajo una visión puramente administrativa, que Rocha Moya mantiene el fuero por seguir siendo el "titular constitucional", la supuesta facilitación es una ficción jurídica.

Bajo este esquema burdo de impunidad, la FGR topa con muro porque tiene prohibido actuar penalmente contra Ruben Rocha; no puede solicitar órdenes de aprehensión ni vincular a proceso al gobernador con licencia sin un juicio de procedencia

La licencia se convierte en una "puerta giratoria", donde el funcionario se retira del ojo público bajo una bandera de transparencia, pero permanece resguardado por el mismo escudo legal que dice querer enfrentar.

En estos momentos hay entonces dos fueron otorgados, uno a Rocha Moya con licencia y otro a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

La situación es absurda, porque Sinaloa tiene a una gobernadora en funciones que requiere la inmunidad para ejercer el mando, y a un gobernador con licencia que pretende conservar la misma protección sin tener responsabilidad ejecutiva.

Esta duplicidad de fueros rompe el equilibrio constitucional, pues se extiende una protección excepcional a alguien que ya no tiene mando ni necesidad institucional de ser protegido.

La postura del Congreso local, que supedita la pérdida del fuero a una renuncia definitiva, es calificada por expertos y por la jurisprudencia moderna como débil y anacrónica, inclusive en voz de un prominente miembro de la 4T, el exministro Arturo Zaldívar, que coincide en que el fuero sigue al cargo.

Al no haber ejercicio del poder, la razón jurídica de la inmunidad desaparece automáticamente. Eso no lo entiende el Congreso sinaloense; ojalá la FGR interponga el recurso inmediato y la Corte se pronuncie, aún más, ejecute orden de aprehensión, y sea Rocha Moya, quien se defienda alegando el espurio fuero concedido.

La simulación, no tiene límites.