Roberto Piñón Olivas
La salud de una democracia está en la solidez de sus instituciones, y entre
ellas, el Poder Legislativo ocupa un lugar central como el
arquitecto primordial del orden social.
En el sistema jurídico mexicano, este poder se deposita formalmente en el Congreso
de la Unión, la asamblea donde se debaten y definen los rumbos del
país.
La estructura de este órgano es bicameral, lo que permite un sistema de
pesos y contrapesos internos al estar integrado por la Cámara de
Diputados y el Senado.
La Cámara de Diputados desempeña un rol crucial en esta
integración, pues sus miembros actúan como los representantes directos de la
nación en su conjunto.
El Senado, por su lado, aporta el equilibrio federalista,
asumiendo la tarea de representar a los Estados que integran la unión ante el
poder central.
La función sustantiva y primordial de este cuerpo colegiado es la creación
de leyes, proceso que transforma las demandas ciudadanas en normas de
observancia obligatoria.
Para que el producto de esta tarea sea legítimo, las leyes deben poseer tres
características esenciales: deben ser generales, abstractas e
impersonales.
El propósito último de estas normas es regular la vida social,
estableciendo un marco de convivencia que garantice la paz y la justicia para
todos los individuos.
La importancia de la división de poderes radica en que el
Legislativo no solo crea normas, sino que sirve de límite y equilibrio frente a
las funciones de los otros poderes del Estado.
Por ello, el poder Ejecutivo ejecuta las leyes, presta servicios, atiende
necesidades de sus ciudadanos; el Legislativo crea leyes que establecen el
marco funcional del Ejecutivo; y el Judicial, resuelve las controversias entre
los poderes del estado y sus distintos niveles, así como las surgidas con los
particulares y entre ellos mismos.
En este sentido, el Congreso posee facultades implícitas que le permiten
expedir todas las leyes necesarias para hacer efectivas sus propias facultades
expresas.
Asimismo, esta capacidad legislativa es vital para el funcionamiento del
Estado, ya que permite dar sustento legal a las atribuciones de los otros
poderes de la unión.
La ley se erige como el principal producto legislativo,
siendo el instrumento jurídico que brinda certeza y estabilidad a las
relaciones entre ciudadanos y autoridades.
Sin una producción legislativa constante y de calidad, el Estado de derecho
se debilitaría, dejando espacio a la improvisación en el ejercicio del poder
público.
Es importante mencionar que, aunque los conceptos sobre la importancia
política de la división de poderes son ampliamente aceptados en la teoría
constitucional, la descripción técnica de su integración y funciones aquí
expuesta proviene directamente de las fuentes consultadas.
Un Poder Legislativo vigoroso y representativo es la garantía de que la
voluntad popular se convierta en el pilar que sostiene la estructura jurídica
de la nación.
Cualquier alteración en esta división de poderes, en la esencia deliberativa
del Legislativo, es perversión de la democracia, sustento elemental del estado moderno.
Si se pervierte el principio de que los poderes no pueden quedar subsumidos
en una sola persona, podrá ser cualquier cosa, menos un estado democrático.
La sana colaboración entre los poderes no puede convertirse en sumisión; si
los diputados no pueden mover siquiera una coma de un proyecto enviado por el
ejecutivo, estamos ante la debacle congresional.
