Roberto Piñón Olivas
La seguridad ha sido uno de los temas más espinosos y complejos en la
historia compartida entre México y Estados Unidos. A lo largo de los años, lo
que sucede en un lado de la frontera repercute profundamente en el otro,
creando una dependencia mutua que a menudo se traduce en tensiones políticas y
sociales.
Para entender esta relación, es necesario mirar tanto el flujo de sustancias
ilícitas hacia el norte como el tráfico de armas hacia el sur,
un fenómeno que expertos consideran la raíz de gran parte de la violencia en
suelo mexicano.
Un punto central de conflicto es que, mientras Estados Unidos suele
presionar a México para frenar el flujo de drogas como el fentanilo, México
insiste en que la violencia interna no puede detenerse sin controlar el mercado
de armas estadounidense.
Según investigaciones recientes, el 70% de las armas que causan
muertes en México provienen de Estados Unidos, lo que equivale a unas
145,000 armas al año. Este flujo se vio facilitado por cambios legales en el
país vecino, como la ley de 2005 que blindó a la industria armamentista contra
demandas judiciales, abaratando y facilitando la producción y venta de armas
que terminan en manos del crimen organizado.
En la actualidad, la relación de seguridad navega entre la cooperación y la
coerción. Durante 2025 y principios de 2026, el gobierno mexicano ha mostrado
disposición al colaborar en la extradición de líderes del crimen
organizado, como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales,
acciones calificadas por el FBI como "hitos históricos".
Además, se han implementado operativos masivos, como el despliegue de 10,000
elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte para incautar drogas y
desmantelar laboratorios.
Sin embargo, esta cooperación se ve amenazada por discursos agresivos desde
Washington. Recientemente, se han escuchado propuestas de intervención
militar unilateral en territorio mexicano para combatir a los
cárteles, acompañadas de la designación de organizaciones criminales mexicanas
como "organizaciones terroristas extranjeras".
Estas posturas generan una gran incertidumbre, pues mientras algunos
funcionarios estadounidenses elogian la relación bilateral, otros sugieren que
Estados Unidos hará "lo que sea necesario", incluso ataques armados,
para detener las drogas.
A esto se suman nuevos desafíos tecnológicos, como el uso de la inteligencia
artificial por parte de los cárteles para cometer fraudes, extorsiones
y reclutamiento forzado a través de redes sociales y videojuegos.
La seguridad en esta región fronteriza, por tanto, no es solo un asunto de
policías y soldados, sino un fenómeno regional que requiere que ambos países
asuman su responsabilidad: Estados Unidos regulando su mercado de armas y
México fortaleciendo sus instituciones y políticas de prevención.
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