Crisis de libertad de expresión frente al expansionismo del Estado

Roberto Piñon Olivas

La libertad de expresión es considerada la piedra angular de cualquier sistema democrático y un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad abierta.

Desde la perspectiva de la teoría del Estado, este derecho no es solo una garantía individual, sino un presupuesto funcional: sin el libre intercambio de ideas, la crítica al poder y la formación de una opinión pública auténtica, el Estado de derecho se vacía de contenido y degenera en formas autoritarias.

Sin embargo, en la actualidad observamos una crisis caracterizada por el expansionismo del Estado, que busca recuperar facultades de control sobre el discurso público bajo nuevas justificaciones.

Históricamente, el Estado operó bajo la lógica del "arcanum" o secreto, donde el poder se basaba en la voluntad del soberano y cualquier disidencia era perseguida por tribunales como el Santo Oficio.

El tránsito hacia el Estado liberal de derecho en el siglo XIX supuso la eliminación de la arbitrariedad, estableciendo que el Estado debe abstenerse de interferir en la manifestación de las ideas. En México, esta evolución se plasmó en los artículos 6º y 7º constitucionales, que prohíben la censura previa y protegen la libertad de imprenta.

A finales del siglo XX, la teoría del Estado evolucionó hacia un modelo de Estado garante, donde la autoridad no solo debe "no estorbar", sino realizar acciones positivas para asegurar el acceso a la información y el pluralismo. No obstante, es precisamente en esta función de "garante" donde el Estado contemporáneo ha encontrado rendijas para expandir su control.

El expansionismo actual se manifiesta principalmente en tres frentes: el auge de sistemas populistas, el combate a la desinformación y el patrullaje de los espacios digitales.

1. Sistemas populistas y la disidencia: En diversos contextos, los gobiernos actuales tienden a percibir la crítica o el pensamiento contrario como hostil y aversivo. Para estos sistemas, la libertad de expresión deja de ser un pilar para transformarse en un obstáculo. Se utilizan los recursos públicos para menospreciar o estigmatizar a periodistas y opositores, creando un efecto amedrentador (chilling effect) que invita a la autocensura.
2. El "Ministerio de la Verdad" y la desinformación: Bajo la premisa de proteger la seguridad nacional o la salud pública frente a las fake news, algunos estados han comenzado a "ciberpatrullar" las redes para identificar mensajes que causen "desafección a las instituciones". Jurídicamente, esto plantea un riesgo severo: al exigir que la información sea "veraz" según un estándar estatal, se parte de la premisa de que existe una verdad única e incuestionable, lo que abre la puerta a una censura purificadora. Como ha señalado la doctrina, la respuesta para el discurso falso en una democracia no debe ser el silencio impuesto, sino el contradiscurso y el debate racional.
3. Regulación en la era digital: El siglo XXI ha introducido un modelo de regulación "triangular" donde el Estado coexiste con empresas privadas que controlan la infraestructura de la comunicación. El expansionismo estatal busca intervenir en esta gobernanza privada para dictar qué contenidos deben ser eliminados, a menudo ignorando las garantías de debido proceso y el derecho de audiencia de los usuarios.

La teoría del Estado reconoce que ningún derecho es absoluto. El artículo 6º constitucional establece límites claros: la moral, la vida privada, los derechos de terceros, la provocación de delitos y el orden público.

Sin embargo, para evitar que el Estado use estos conceptos de forma expansiva y arbitraria, la jurisprudencia nacional e internacional exige el cumplimiento de un test tripartito.

Toda limitación impuesta por el Estado debe: 1) estar prevista claramente en la ley; 2) perseguir un fin legítimo (como la protección de menores o la seguridad nacional); y 3) ser necesaria y proporcional en una sociedad democrática. Sin estas salvaguardas, el uso de tipos penales ambiguos, como el ultraje a los símbolos patrios, puede convertirse en una herramienta para criminalizar la protesta o el arte disidente, como se observó en debates judiciales sobre poemas a la bandera.

La crisis actual de la libertad de expresión frente al expansionismo del Estado nos obliga a repensar el papel de la ciudadanía. La tarea de identificar la verdad y el error corresponde a la sociedad madura y a un periodismo profesional e independiente, no a la autoridad gubernamental.

El Estado debe limitar su actuación a ser el facilitador de un libre mercado de ideas donde todas las opiniones, incluso las chocantes o molestas, puedan fluir sin temor a represalias administrativas o judiciales. En última instancia, la salud de la democracia se mide por la capacidad del Estado para tolerar el disenso y proteger el derecho de sus ciudadanos a ser sus propios guardianes de la verdad.