Era Taddei espejismo de honestidad

Roberto Piñón Olivas

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no es solo el fin precipitado de una gestión marcada por el escándalo, sino la consumación de una crisis institucional inédita en la historia del organismo.

Presentada tras una ola de revelaciones periodísticas y cercada por auditorías, la dimisión de la funcionaria que prometía instaurar una nueva era de austeridad deja al descubierto una red de presuntas irregularidades que dinamitaron la confianza ciudadana en el árbitro electoral.

Los hallazgos confirmados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y diversos reportajes exponen un entramado de contrataciones anómalo por 514 millones de pesos vinculados al empresario José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de firmas beneficiadas como Cajas Graf y Corporativo Zeg.

La gestión de Taddei entregó de forma directa convenios millonarios por alrededor de 197 millones de pesos para la elección judicial, mientras nombraba como director de Administración a Jesús Octavio García González, quien hasta poco antes había sido representante legal de las mismas empresas contratistas.

A la par, la nómina del instituto albergó a colaboradores asignados a labores de chofer con sueldos de hasta 69 mil 890 pesos mensuales —quienes además preparaban alimentos para la funcionaria— o conductores con poderes legales de empresas proveedoras que omitieron sus vínculos patrimoniales.

Todo ello sazonado con vehículos de lujo no registrados en la flota oficial, celebraciones organizadas por contratistas y viajes en suites de París de 200 mil pesos la noche junto al hijo de la consejera presidenta.

Sin embargo, el ángulo más preocupante de este asunto no radica únicamente en las extravagancias o el tráfico de influencias ejercido desde la presidencia del INE, sino en el silencio y la inacción deliberada del poder político.

El propio líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, admitió públicamente que tenía conocimiento de las investigaciones iniciadas por el Órgano Interno de Control (OIC) desde hace meses.

Ante el cuestionamiento directo de por qué el Poder Legislativo no intervino a tiempo, Monreal argumentó que debían esperar a que el OIC concluyera sus procedimientos formales, escudándose en el debido proceso para justificar una pasividad política calculada.

Resulta insostenible afirmar que no se podía hacer nada cuando la bancada mayoritaria conocía desde hacía meses la existencia de expedientes por conflicto de interés y alteración de documentos.

Se prefirió mantener la mirada hacia otro lado mientras la erosión del órgano electoral se profundizaba, actuando solo cuando las filtraciones mediáticas e investigaciones de la ASF hicieron que el costo político fuera inasumible.

Esta simulación encuentra su raíz en la misma Presidencia de la República.

En 2023, cuando Guadalupe Taddei fue designada por insaculación, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la defendió enfáticamente calificándola como una mujer "honesta e íntegra", a pesar de las alertas inmediatas sobre los notorios lazos de su familia con el partido oficialista y puestos clave de gobierno.

Aquel aval presidencial funcionó como un escudo que blindó a Taddei durante más de tres años de cuestionamientos sobre su capacidad e imparcialidad.

Ahora, ante el colapso de la gestión, el discurso oficial intenta lavarse las manos: la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la renuncia como una "buena decisión" y proclamó que "no debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE", pretendiendo presentar la dimisión como una prueba de rigor ético de la Cuarta Transformación, cuando en realidad fue la presión mediática y el cerco de las auditorías lo que forzó la salida.

El caso Taddei demuestra que la corrupción no desaparece por decreto ni por discursos de austeridad. Pretender que la renuncia de la funcionaria "con serenidad y la satisfacción del deber cumplido" cierra el expediente es una burla a la ciudadanía.

La Cámara de Diputados y las autoridades fiscalizadoras y ministeriales tienen la obligación legal y moral de llegar hasta las últimas consecuencias, deslindando responsabilidades penales y administrativas contra todos los involucrados.

Si el grupo oficialista/morenista pretende demostrar un compromiso real con la honestidad, no basta con deslindarse del personaje caído, debe rendir cuentas de por qué encubrió con su silencio la degradación del árbitro electoral.

Por menos otras personas de la oposición han pisado la cárcel e incluso permanecen ahí.

 

Hispanidad y mestizaje, gran riqueza de México

Roberto Piñón Olivas

El debate público en torno a Cristóbal Colón y la conmemoración del 12 de octubre suele quedar atrapado en una rígida polarización ideológica, por un lado, un indigenismo radical que interpreta la llegada europea exclusivamente como un proceso de exterminio y despojo y por el otro, un hispanismo acrítico e idealizado que celebra la expansión imperial omitiendo sus profundas fracturas. 

Ambas posturas reducen el devenir histórico a un juicio moral maniqueo de víctimas y victimarios; convertir la memoria colectiva en un tribunal permanente alimenta el resentimiento y fragmenta la cohesión social. 

Frente a estas narrativas simplificadas, el acontecimiento de 1492 exige ser analizado como el hito complejo que articuló al continente americano con la civilización occidental, dando origen a una sociedad mestiza, pluriétnica y culturalmente diversa.

Una aproximación objetiva requiere examinar con rigor los claroscuros de ambas orillas del pasado. 

La tendencia a idealizar la época precolombina soslaya que la cuenca mesoamericana estaba dominada por el imperialismo mexica, un régimen militarista caracterizado por la subordinación violenta de los pueblos vecinos, la exigencia de tributos forzados, guerras floridas, sacrificios humanos masivos y canibalismo ritual. 

Fue precisamente el hartazgo de comunidades oprimidas, como los tlaxcaltecas, lo que hizo posible la caída de Tenochtitlan, funcionando los conquistadores españoles -apenas uno cientos- como detonante de una rebelión indígena contra el yugo del Tlatoani. 

Del mismo modo, el análisis histórico no disimula la codicia, la violencia ni las crueldades cometidas por exploradores y encomenderos; sin embargo, a diferencia de otros imperios coloniales, la Monarquía Hispánica gestó en su propio seno un debate ético e institucional inédito. 

A través de las Relecciones de Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca y la posterior promulgación de las Leyes de Indias y las Leyes Nuevas de 1542, se reconoció el dominium, derecho de propiedad y gobierno de los indígenas, y la prohibición explícita de su esclavitud, sentando las bases del derecho internacional en la materia.

En este sincretismo radica la sustancia viva de la nacionalidad mexicana. La Hispanidad no se definió como un criterio de pureza étnica o biológica, sino como una comunidad de espíritu, lengua y valores capaz de integrar a poblaciones diversas. 

Cuando José Vasconcelos promovió la conmemoración oficial del día de La Raza en la década de 1920, lo hizo con el propósito de exaltar el mestizaje como la síntesis cultural constitutiva de la nación. 

En la visión de la "Raza Cósmica", el auto-rechazo y el desprecio hacia la propia herencia son identificados como fallas en el carácter nacional; renegar del componente hispano o del indígena equivale a mutilar la propia identidad. 

Como sostiene el sociólogo Emilio Lamo de Espinosa, reconciliarse con la propia historia no implica justificar los abusos del pasado, sino asumir la pertenencia de América Latina a la civilización occidental mediante una síntesis madura. 

Defender el pasado mexicano en toda su complejidad histórica, con sus sombras y sus realizaciones, no es nostalgia, sino la condición indispensable para fortalecer la identidad del país y proyectarlo con certeza hacia el futuro.

Zarpazo fiscal al Municipio con "predialazo"

Roberto Piñón Olivas

Bajo el discurso eufemístico de la "homologación" y el "ordenamiento territorial", se incuba uno de los embates fiscales más agresivos contra la economía familiar y el federalismo en México, con la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, sumada al borrador del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), ha encendido las alarmas ciudadanas ante la inminencia de un incremento masivo en el impuesto predial.

En diversas partes del país, la brecha entre los valores catastrales, fijados administrativamente, y los precios comerciales de mercado alcanza hasta un 500%, por lo que forzar la equiparación de la base gravable al valor comercial, incluso sin alterar las tasas nominales del impuesto, significaría duplicar, triplicar o quintuplicar el cobro anual a los propietarios. 

El peligro financiero para los contribuyentes es solo la primera fase de una maniobra de mayor alcance político, ya que el trasfondo de este desmedido aumento en las cargas inmobiliarias se perfila como el preludio de una reforma estructural al artículo 115 constitucional. 

Históricamente, la Carta Magna garantiza la autonomía del Municipio Libre, otorgándole de manera exclusiva la administración de su hacienda y la percepción de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Actualmente, la recaudación predial en México apenas representa el 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB), concentrándose mayoritariamente en esquemas centralizados como el de la Ciudad de México.

Utilizando la supuesta incapacidad municipal para actualizar catastros como pretexto, el poder central camina en la construcción de plataformas e instrumentos de control registral unificado, acaparamiento técnico de la información catastral con la que prepara el terreno para despojar gradualmente a los municipios de su facultad tributaria, trasladando el control de los ingresos a las entidades federativas o a la Federación.

Arrebatar el predial a los municipios bajo la excusa de la eficiencia fiscal significaría asestar un golpe mortal a la última frontera del federalismo mexicano. 

Un país está lejos de fortalecer la democracia local cuando despoja a sus ayuntamientos de la autonomía financiera elemental para gobernar. 

Si la ciudadanía, los estados y municipios no frenan este avance centralista, el "predialazo" no solo asfixiará el patrimonio de las familias, sino que sepultará definitivamente el pacto federal establecido en el artículo 115 constitucional.

Al tiempo.