Las organizaciones de la sociedad civil surgen como alternativa ante la incapacidad del Estado para proveer de auxilio a sectores amplios de la población que no tienen acceso a ciertos beneficios sociales.
De esta forma, coadyuvan en materia de alimentación con
comedores comunitarios, o con el acceso a medicamentos de alto costo como los oncológicos.
Los recursos con los que funcionan las organizaciones de la
sociedad civil provienen no solo de la deducibilidad autorizada por el sistema
tributario mexicano, sino de otros fondos nacionales e internacionales.
Los recursos gubernamentales en su carácter de donatarias es
el menor. Es siete veces mayor la aportación económica vía personal voluntario
que participa en ellas e inclusive, es más elevado el monto logrado vía
organizaciones de carácter internacional.
Quitar los recursos a las donatarias o restringirlos como se
pretende en la miscelánea fiscal está muy lejos de significar la extinción de
las organizaciones, pero es un duro golpe a su economía y viabilidad.
Para el Estado Mexicano, los poco más de veinte mil millones
de pesos autorizados por esta vía ni siquiera pintan realmente con afectación
grave al presupuesto nacional. Significan el 5 por ciento de la meta de apoyos
en efectivo proyectados al 2024.
Al contrario, se potencian esos recursos de manera
significativa gracias al aporte de las organizaciones de la sociedad civil.
Esos centavos no serían pesos sin la creatividad y esfuerzo de miles de
voluntarios. Es de mayor calado el mal que se va a causar con su eliminación o
reducción.
De por sí el proceso para obtener la autorización como
donataria es un martirio para los grupos organizados de la sociedad civil, bajo
constante e intenso escrutinio oficial, con auditorias ad hoc y requisitos mayores
cada año, con la reforma fiscal propuesta para el año próximo se trata de
ahogar de una vez por todas estas iniciativas.
El nuevo capricho de la Cuarta Transformación forma parte
del incesante desmantelamiento de un modelo de Estado, construido gracias al
avance democrático de los últimos cuarenta años. Es el radicalismo populista
extremo propio de un innegable modelo autoritario y centralista de corte
socialista.
EN EL TABLERO.-
La síndica municipal Olivia Franco obtuvo su finiquito laboral en el Congreso
del Estado, donde se desempeñaba como responsable del área de recursos humanos.
En dicho procedimiento efectuado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, se
pagaron exclusivamente proporcionales. Muy lejos de constituir una liquidación o
un bono por terminación de funciones. Lo demás fue un chisme, por cierto, muy
mal armado…Trabaja a marchas forzadas el Tribunal Superior de Justicia para
implementar bajo su responsabilidad los juicios laborales en sede judicial. Se
avanza en capacitación de los operadores de justicia, pero falta el empujón con
las instalaciones físicas y la contratación de personal, todo ello significa
presupuesto, y los tiempos se agotan…Inauguró el 19 de octubre pasado la 77
Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa el novelista nicaragüense Sergio
Ramírez, desde el exilio, con palabras estrujantes de la persecución que contra
la prensa ha desatado el dictador Daniel Ortega…
