Alerta de libertad de expresión

"Reconocimiento al Lic. José Luis Armendáriz por su informe anual al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos"

Desde el gobierno se pueden y -desafortunadamente- se realizan conductas que violentan la libre expresión de las ideas y el ejercicio periodístico.
El favorecimiento a medios de comunicación para manipular contenidos o desviar recursos públicos es una practica indebida, que significa comisión de faltas por parte de servidores públicos y deteriora la capacidad financiera de las empresas que contribuyen informativamente en la construcción de la opinión pública. Los recursos públicos no deben utilizarse para privilegiar amigos en medios nacionales o locales, en una reedición de la postura de Lopez Portillo, en lugar del "No pago para que me peguen", "Pago a mis cuates por que me comprenden".
Las generalizaciones de posibles actos de corrupción o prácticas indebidas de la prensa no solo lastiman a los comunicadores y a quienes desarrollan empresas editoriales, sino que además los colocan en riesgo en un entorno de inseguridad y acoso del poder. Al señalar sin actuar contra supuestas acciones indebidas se convierte en un arma política del Estado.
Negar entrevistas e información porque los medios no son cómodos políticamente, también es un mecanismo de violación a la libre expresión, tutelado por la Constitución y por la convención americana de los derechos humanos, la declaración sobre libertad de expresión y diversas relatorias auspiciadas por la misma OEA. Se niega información a medios locales y luego se utilizan medios nacionales para manipular a la opinión pública.
Una estrategia adicional es la creación de medios de Estado para ejercer pseudo periodismo crítico en contra de los rivales políticos. El Estado genera un monopolio de comunicación para propagar los contenidos de su interés con fines de permanencia en el poder. Hace periodismo impreso que distribuye en ciertos estratos sociales, y genera televisión y radio con el uso de internet, en espera, seguramente, de concesiones públicas que le permitan acceder a la frecuencia modulada. Esos medios constituyen un gasto que contradice la política de austeridad proclamada, con un agravante: se favorece a un editor impreso sin licitación pública, incurriendo en errores del pasado.
Estas acciones, el favorecimiento a medios de comunicación con la adquisición de publicidad, el manejo informativo discriminatorio y la estatización de contenidos creando monopolios informativos con fines de propaganda, generan consecuencias graves en la convivencia social de un Estado democrático.
Ese manejo informativo no alienta la crítica y las acciones de contrapeso en el ejercicio del poder. Al contrario. Representan medidas de censura previa e indirecta, prohibida a nivel convencional.
El artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, referente a la libertad de pensamiento y expresión, establece (párrafo 1) "Toda persona  tiene  derecho a  la  libertad de  pensamiento y  de  expresión.   Este  derecho comprende la  libertad de  buscar,  recibir  y  difundir  informaciones  e  ideas  de  toda  índole,  sin  consideración  de fronteras,  ya  sea  oralmente,  por  escrito o en  forma  impresa  o artística,  o por  cualquier  otro procedimiento de  su  elección".
Este derecho (párrafo 2) no puede "estar sujeto a previa censura" que sería una forma directa de intervención ni tampoco por medios indirectos (párrafo 3) "tales  como  el abuso de  controles  oficiales  o particulares  de  papel  para  periódicos,  de  frecuencias radioeléctricas,  o  de  enseres  y  aparatos  usados  en  la  difusión  de  información  o  por cualesquiera  otros  medios  encaminados  a  impedir  la  comunicación  y  la  circulación  de  ideas  y opiniones".
Más aún, la Declaración de principios sobre libertad de expresión emitida por la CIDH prohibe (principio 1) la discriminación en la búsqueda de información, (principio 7) condicionar la información por cuestiones como veracidad o imparcialidad, (principio 12) los monopolios estatales de información "que conspiran contra la democracia" y (principio 13) el uso de la hacienda pública para premiar o castigar.
Asunto grave, sin duda, que debe ser remediado, en una auténtica alerta a la libertad de expresión.
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Mercancía multimedia

No existe otra opción: los hábitos de lectura, de escucha o de escucha-visión, de las noticias, por parte del grueso de la población, se ha modificado radicalmente. Ante ello, los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio y prensa, deben modificar su oferta de noticia para recuperar el liderazgo como formadores de opinión pública frente a las redes sociales que al concentrar el mercado de lectores-escuchas-observadores de noticias, acapara también el mercado publicitario, y con ello, la rentabilidad como negocios.
De acuerdo con una encuesta de Gallup difundida en 2013, en los Estados Unidos, en promedio el  56 por ciento de los norteamericanos veían noticias a través de la televisión, el 19.75 lo hacía por medio de redes sociales, el 9.75 en medios impresos y solo el 5.25 a través de la radio.
No es casual el resultado. Televisión y redes sociales tienen un elemento común: son multimedia, al ofrecer imagen y voz a un mismo tiempo. Sin embargo, las redes sociales emergen vertiginosamente por una sencilla razón: el usuario puede consultar la información en el momento que lo desee, construyendo su propio menú de información en base a la discrecionalidad que le otorga el dominio pleno sobre la plataforma digital, lo cual no ocurre en la televisión, que constituye un menú impuesto.
Las redes sociales tienen otra gran ventaja: no requieren de un artefacto sofisticado, sino solo de un smartphone, con un bajo consumo de datos, por ejemplo, un streaming en Facebook. En televisión, por el contrario, una transmisión en vivo requiere un alto nivel de consumo de datos, lo cual eleva los costos para el usuario como cliente de una compañía proveedora.
Ante esto la televisión se ha adaptado. Sube sus contenidos a las redes sociales con calidad baja para disminuir el uso de datos, o bien, transmite en Facebook, incluso permite en sus páginas web que el usuario determine el uso de las cámaras para mejorar el ángulo de visión.
Pero además la televisión ha adaptado sus contenidos. Por ejemplo, Televisa modificó radicalmente su noticiero estelar tratando de generar una imagen suave y ligera, similar al ambiente de las redes sociales, con un exceso de multimedia, gráficos y realidad virtual. Pero además, con contenidos ligeros y más superficiales. Noticias cortas y elementales, tratando de recuperar el espacio perdido en las redes sociales.
Si para la televisión que guarda una similitud con las redes sociales por su efecto multimedia ha sido complejo adaptarse, en busca del mercado de jóvenes de 18 a 29 años -que usan la Tv en un 50%, Internet 27%, Prensa 7% y radio 3%- y de adultos jóvenes de 30 a 49 años -Tv 50%, Internet 28%, Prensa 6% y Radio 7%-, para la Prensa y la Radio ha sido verdaderamente complicado porque carecen de la cualidad multimedia.
Ante ello han tenido que colocar un espejo informativo y de contenidos a través del internet, en sus páginas oficiales y por medio de redes sociales. Así han creado sus páginas web donde han construido periódicos digitales y transmiten sus contenidos por medio de redes sociales. Por ejemplo, los medios impresos colocan cabezales con los primeros o el primer párrafo de la información -el Lead- y por medio de un Link hipervinculan a su propia página. La radio transmite en vivo en sus páginas o en perfiles de Facebook.
Los periódicos impresos han tenido que migrar a un periodismo multimedia. Incluso algunos impresos crearon su propio noticiario de televisión que colocan en su página web y distribuyen en redes sociales. Lo mismo ocurre con la radio.
La visión es muy clara: los hábitos de consumo tienden hacia el multimedia. Radio y Prensa se encuentran en crisis de audiencia y con ello de publicidad, lo que crea un ambiente propicio a la debacle económica, toda vez que los mínimos porcentajes de audiencia alcanzados -Prensa, 18-29 años 7 puntos, 30-49 años 6 puntos, 50-64 años 8 puntos, 65-68 años 18 puntos, y radio 18-29 años 3 puntos, 30-49 años 7 puntos, 50-64 años 7 puntos, y 65 a 68 años 4 puntos-, asociado con el nivel y categoría de consumo, no les permiten, en un ámbito de competencia con base en raiting, posicionarse adecuadamente y soportar sus gastos de operación -papel, tinta, personal de distribución, o bien, electricidad en transmisores, personal de ventas, administración, cabinas, técnicos, sindicato, prestaciones-.
Todo esto es correcto en un escenario de libre competencia por la audiencia. Lo delicado es que el periodismo de las redes sociales y la televisión, por lo regular, es superficial, no se practican los géneros periodísticos y el perfil de los profesionales de la comunicación -en términos generales-  tiene que ver más con marketing: la información es un instrumento de venta.
Luego entonces, si los medios de comunicación deben buscar los contenidos ligeros y superficiales, propios de la Televisión y las redes sociales -por el tipo de audiencia y su permanencia- y contrarios al quehacer periodístico de Prensa y Radio, ¿dónde queda el periodismo de profundidad, crítico y analítico? ¿Cómo equilibrar audiencia-publicidad-contenidos críticos profundos? Todo ello para evitar que la información se convierta, desafortunadamente, en una mercancía vendida vía multimedia.
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Apetito por el poder

Los gobiernos, en términos generales, utilizan la propaganda como medio para prevalecer en el ejercicio del poder, pese a que las leyes les prohiben el uso de recursos públicos con ese fin.
La Constitución y las leyes, particularmente la electoral, impiden el uso de recursos públicos para difundir logros o personajes con fines de posicionamiento político, pero los gobiernos violentan la norma de manera directa o indirecta, en ocasiones de manera burda, en otras, la mayoría, encubierta, subrepticia.
El artículo 134 Constitucional Federal establece: "La  propaganda,  bajo  cualquier  modalidad  de  comunicación  social,  que  difundan  como  tales,  los poderes  públicos,  los  órganos  autónomos,  las  dependencias  y  entidades  de  la  administración  pública  y cualquier  otro  ente  de  los  tres  órdenes  de  gobierno,  deberá  tener  carácter  institucional  y  fines informativos,  educativos  o  de  orientación  social.  En  ningún  caso  esta  propaganda  incluirá  nombres, imágenes, voces  o  símbolos  que  impliquen promoción  personalizada  de cualquier  servidor público".
Es cierto que puede prestarse a interpretación la aplicación puntual de términos como institucional, fines informativos, educativos o de orientación social. Sin embargo, todos entendemos algo muy parecido en relación con ellos, por ejemplo, que no se utilicen para campañas de imagen política que buscan adelantar rostros y nombres que luego aparezcan en boletas electorales, o bien, que no se utilicen para atacar al contrario político.
Lo informativo institucional tiene que ver con procedimientos y trámites de servicios y productos proporcionados por el Estado. Los medios de comunicación estatales deben sustituir sus cabezales "noticiosos" por cabezales informativos: en lugar, por ejemplo, de hablar de endeudamiento de otras administraciones, deben hablar del pago de la revalidación vehicular y su procedimiento para evitar molestias en el contribuyente: debe ser información útil y no información que busca formar opinión con un sesgo político.
La información educativa, y cultural, debe agregarse, trata de aquella que educa y forma al mexicano, que le comparte su historia, que es soporte del sistema educativo, que amplia el conocimiento científico de la realidad. Que los maestros pueden apoyarse en ella para lograr de mejor manera los objetivos de enseñanza-aprendizaje.
La orientación social es riquísima y tiene un profundo sentido de igualdad y equidad. Busca encaminar a los grupos más desprotegidos a estándares mejores de condición social. Busca afianzar la relación de los grupos sociales. Trata de hacer del hombre y de la mujer elementos conscientes de su realidad social y de la imperiosa necesidad de la cooperación, la subsidariedad, la solidaridad, principios sociales humanos tan necesarios para mejorar las condiciones de los más desprotegidos. Una comunicación con orientación social busca la revolución comunitaria orientando en materia de salud, donde todos los miembros de la comunidad se apoyan y resuelven en materia de salubridad, ante la natural incapacidad del Estado de proveer atención en todos los rincones del vasto territorio nacional.
Sin embargo, en lugar de ello, los gobiernos buscan afianzarse en el poder. Y para ello utilizan la comunicación social. Por medio de campañas de mercadotecnia posicionan un color y un logotipo, con un lema. A partir de ahí construyen un discurso político para legitimarse y deslegitimar al adversario.
Cambian de color los edificios y emiten nuevas placas para auto.
En el discurso, el político tiene la razón mientras está en el poder y deja de tenerla con la llegada del nuevo gobernante.
La democracia, y ahora aún mas con la reelección, otorga los incentivos para que el grupo político busque permanecer por el poder a toda costa, bajo una visión patrimonialista del erario público, olvidando que el Estado es un medio y no un fin.
Se olvida que el fin del Estado es atender las necesidades de sus habitantes, haciéndoles menos pesada la carga de sobrevivir y no constituyéndose, como lamentablemente ocurre, en una nueva carga.
A ello debe contribuir la comunicación social: a prestar servicios y resolver problemas del ciudadano y no a la preservación egoísta del poder.
El problema es que se trata de un mal endémico de la democracia: la autoridad no asume como tal su papel y continúa en campaña electoral dos, tres, cinco o seis años más, lo que dure el período gubernamental.
Al fin y al cabo, la clase política toda en su conjunto parece estar mimetizada en dicho apetito por conservar a toda costa el ejercicio del poder.
Ahora bien, en esa lógica, ¿deben los gobiernos permanecer impávidos frente al ataque político? Me parece que es legítimo asumir una defensa política. Pero ésta debe tener otros escenarios, como el ejercicio de la libre expresión por medio del auténtico periodismo, y no la publicidad oficial o el periodismo simulado por medios de comunicación auspiciados total o parcialmente por el Estado, que al final es publicidad convertida en propaganda.
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Propaganda burda

Una de las funciones primordiales del periodismo es la interpretación y crítica de la realidad social. Lo que Salvador Borrego entiende como periodismo trascendente.
Un periodismo que se anticipa a los hechos políticos, económicos, culturales, religiosos y de cualquier naturaleza o especialidad que entraña el intrincado mundo social.
Esa anticipación permite adelantar fenómenos, pronóstico viable de un adivinador basado en el empirismo de su actividad: por ejemplo, si los acuerdos antes no funcionaron, ¿por que ahora habrán de dar buenos resultados?, crítica que columnistas, y editorialistas hacen al Presidente Peña Nieto por su afamado nuevo Pacto.
Pero el periodista no solo realiza ejercicios de prospectiva, también los hace de retrospectiva: agudo, desmenuza los acontecimientos con una óptica de analista social inmejorable. ¿Por que Javier Corral no invitó a la jerarquía eclesiástica -por ejemplo al Arzobispo Constancio Miranda, al encuentro con sectores para analizar el gasolinazo, y sí en su lugar convocó a un sacerdote vinculado con las causas sociales en la sierra de Chihuahua?
En ese análisis del hecho social, el profesional de la comunicación hace crítica, en señalamientos necesarios e indispensables para incentivar y consolidar el imprescindible discernimiento comunal.
Sin duda, el estudio agudo de la realidad social es una de las principales aportaciones del periodismo al fortalecimiento del pensamiento democrático.
Es más, es la libertad de expresión, particularmente el ejercicio del periodismo, uno de los pilares constructores de la democracia.
Es cierto que en esa crítica difícilmente el periodista puede ser objetivo. Lo impide, para empezar su naturaleza humana y la construcción social de su ser. Un periodista no puede desprenderse de esas categorías que determinan su pensamiento, y por ello, son el cristal con el que visualiza la realidad.
Sin embargo, pese a ello, el periodista busca la objetividad. Alejarse de la superficialidad en el análisis, buscar tocar la mayoría de elementos para ello, encontrar el dato duro y diferenciarlo del aspecto coyuntural, demagógico, falaz. Estudiar todos los puntos de vista y luego formular su opinión para, a su vez, intentar formar opinión pública.
El lector sabrá descubrir en los escritos si el periodista tiene una tendencia marcada para favorecer un punto de vista: podrá determinar si faltan argumentos o si estos no corresponden a la idea central.
Obvio todo este fenómeno de interpretación de la realidad social acontece en el escenario estricto de los géneros periodísticos de opinión, el editorial y la columna. En ocasiones encontrará matices en la crónica, el reportaje o la entrevista, pero estos últimos géneros tienen, sin duda, una prevalencia donde esta ausente la interpretación. La noticia será, entonces, el género donde este vedada la interpretación subjetiva de los sucesos, en busca de ser reflejo estricto de la realidad -aunque se cuestionen los encabezados, sumarios o balazos que en ocasiones se muestran híbridos.
Dada la naturaleza de ambos aspectos del periodismo, la noticia y los géneros opinativos, se cuestiona hasta donde es necesaria la independencia de factores de poder, como esencia indispensable para ejercerlos.
Idealmente se exige esa independencia. La publicidad o los arreglos comerciales con los factores de poder no deben influir la línea editorial. Sin embargo en la realidad no ocurre así. Los medios de comunicación son presionados para alinear su contenido editorial al interés de la publicidad.
Los medios de comunicación no deben ceder porque luego entonces se vicia la interpretación de la realidad social que realizan, al matizarla con los diversos intereses.
Una interpretación social viciada por intereses económicos, al final, es propaganda burda del factor en el poder patrocinante. Una propaganda que tiene como objetivo posicionar la imagen de gobierno en turno o del poder fáctico correspondiente.
Por ello la independencia es un elemento indispensable del periodismo crítico. La publicidad es una necesidad empresarial para obtener ingresos y sostener la empresa.
En ese sentido, la publicidad debe construirse mediante una mezcla de contratantes sin que predomine alguno de ellos, ni oficial, ni empresarial ni de ningún otro tipo.
Los medios patrocinados por un solo factor de poder constituyen, irremediablemente, un simple instrumento de propaganda, que nada aporta a la construcción de un pensamiento democrático, plural y crítico.
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Una auténtica publicidad oficial

El modelo canadiense de comunicación social, particularmente en materia de publicidad oficial, establece criterios de contenido que evitan el uso político de la misma. Es un paradigma para la comunicación social mexicana.
Es decir, la publicidad oficial tiene como finalidad informar a la población acerca de servicios prestados por el Estado y como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.
La publicidad oficial, por tanto, no debe ser utilizada como instrumento de propaganda para generar simpatías del grupo en el poder y desprestigiar a los opositores.
Esta posición no es ajena a México. La Constitución de la República la establece, en términos generales, en su artículo 134, que por cierto espera, desde su creación, una reglamentación que no ha llegado desde hace dos lustros.
El apartado 17 del documento denominado Principios sobre regulación de la publicidad oficial y la libertad de expresión, que emite la Relatoría especial sobre libertad de expresión de la CIDH, explica con claridad la política canadiense en la materia.
Señala textual que "la  comunicación  estatal  debe procurar  “satisfacer  las  necesidades  informativas  de  la  población”  e informar  al  público  respetando  “la  libertad,  el  pluralismo,  la seguridad, la sinceridad y el respeto”,  en donde "...las  instituciones  alcanzadas  por  la  norma  deben  proveer información  en  forma  gratuita  cuando  la  misma  es  necesaria  para que  los  individuos  puedan  utilizar  los  servicios  públicos;  cuando  la información  explique  los  derechos,  beneficios  y  obligaciones  de  los individuos;  cuando  se  trate  de  información  personal  del  individuo que  solicita  esa  información  y  cuando  es  necesaria  para  que  los ciudadanos  comprendan  cambios  en  leyes,  políticas,  programas  o servicios".
Pero además, esa información, debe ofrecerse "...de  manera  efectiva,  lo  que  implica  que  la información  debe  presentarse  en  forma  clara  y  fácil  de  entender,  y debe  ser  información  objetiva,  relevante  y  útil".
Para ello, las campañas, "...deben  planificarse  en  el  marco  del  plan  anual  de  actividades  de  cada entidad;  prohíbe  las  campañas  publicitarias  que  difundan  mensajes de  partidos  políticos  y  suspende  la  publicidad  durante  el  período eleccionario".
Por tanto, la información debe ser útil, servir para que el ciudadano haga uso de los servicios públicos, con la mayor información para que aproveche ventajas de precio y beneficios cualquiera que se ofrezcan. La información no busca, entonces, señalar logros o fortalecer imagen.
Debe tratarse de una información de Estado, por ello respeta pluralismo: no se ataca a los contrarios ni opositores políticos. Ello podrá hacerse a través de los géneros periodísticos no dependientes del Estado, pero nunca a través de sus propios medios de comunicación, porque al hacerlo, pierde el carácter objetivo y se transforma en propaganda con fines políticos.
Una información oficial que informe de derechos y obligaciones, que construya ciudadania responsable, frente a sus deberes ante la comunidad y la misma organización jurídica, las normas de convivencia y relación social.
Publicidad oficial que explique los alcances y modificaciones legales: que explique al ciudadano lo que debe hacer para alcanzar beneficios y evitar perjuicios.
Una información clara, alcanzable para todos. Objetiva, que no interprete realidad o pretenda realizar periodismo independiente, cuando al hacerlo se convierte en simple propaganda.
En suma, la información transmitida a través de la publicidad oficial debe eliminar cualquier vestigio político.
Es una comunicación de Estado, oficial, que carece de logotipos o marcas políticas de administraciones temporales. El gobierno carece de colores y signos partidistas: Mover a México o  un Nuevo amanecer, colores azules, tricolores, amarillos, verdes o arcoiris, son elementos de propaganda ajenos a una comunicación de Estado.
El modelo canadiense es un buen ejemplo a seguir. Puede marcar parteaguas en Chihuahua, en una extraordinaria oportunidad de migrar de un uso propagandístico de la publicidad oficial a uno de auténtica política de Estado.
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