Resulta una verdad jurídica que los partidos políticos constituyen el mecanismo por medio del cual se realiza de manera permanente y periódica la transición en el poder público en nuestro país.
Sin embargo, es cierto también que no todos los partidos pueden gobernar al mismo tiempo, y que los más deben permanecer en la oposición con una presencia en diversos órganos colegiados de gobierno, como es el caso de los cabildos, las legislaturas estatales y el mismo Congreso de la Unión, como decisión del pueblo elector.
Incluso, como ocurre actualmente, puede darse el caso que los signos partidistas de gobierno sean distintos en el ámbito federal, estatal y municipal, con lo cual evidentemente se complica –cuando no debiera- la gobernabilidad y la relación institucional de los diversos órdenes.
Por ese motivo toma relevancia el discurso del gobernador César Duarte al tomar protesta a la nueva directiva en Chihuahua de la Fundación Luis Donaldo Colosio, responsable de elaborar la plataforma electoral del revolucionario institucional rumbo al 2012, con Marcelo González Tachiquin a la cabeza.
Dice el mandatario que el PRI ha decidido -al convertirse en oposición en los diversos momentos recientes- asumir una posición responsable e institucional.
La vida partidista reciente del país esta moteada de excesos en el ejercicio del poder por parte de los partidos opositores, con grandes afectaciones a la comunidad, como el plantón en Reforma que paralizó la capital del país.
En una democracia, ¿Cuál debe ser la conducta de los partidos de oposición? ¿Cuáles son los límites de su actuación: entre la posición legítima contraria al partido hecho gobierno y cual es una posición irresponsable?
La responsabilidad en el gobierno implica poner atención en lo que se hace, cuidar la actuación y las decisiones, hacerlo razonablemente.
Una oposición que asume decisiones de acuerdo a planteamientos, ideas o propuestas, que debata a profundidad, y que se aleje de la simple negativa de apoyar acciones que provienen de la propuesta del contrario.
La argumentación debe constituir el sustento de las ideas y del debate de estas, en busca de la consolidación del sistema de gobierno en beneficio de la comunidad, con una visión institucional: que fortalezca las instituciones, las desarrolle, las perfeccione, alejados de la diatriba y la fácil descalificación.
Una oposición que, siendo responsable e institucional, co-gobierna, y que no siéndolo, abona al estado de incertidumbre e ingobernabilidad, que contrario a fortalecer la vida democrática, la socava porque alienta posiciones del todo o nada, polarizando en sus extremos a la comunidad, como ya ha ocurrido recientemente.
martes, 27 de septiembre de 2011
martes, 20 de septiembre de 2011
Abuso de poder y corrosión de valores
Se calcula en siete mil millones de dólares anuales la ganancia que genera la trata de personas a los grupos criminales en todo el mundo, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas.
En México, ninguna entidad federativa queda libre de la presencia del ilícito; sin embargo, son los estados vinculados con la industria turística los que presentan con mayor crudeza el fenómeno: Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, según revela un estudio reciente elaborado por la Universidad del Caribe a encargo de la Secretaria de Turismo Federal.
El delito se encuentra asociado a condiciones de pobreza e ignorancia, así como el abuso del poder y la corrosión de valores, desde sectores no solo de la autoridad, sino de los mismos grupos sociales y las familias en el entorno más cercano a las víctimas.
Paradójicamente son estas instancias quienes de manera corresponsable deben realizar acciones contundentes para revertir las condiciones que generan el fenómeno, cuya definición legal se ha fortalecido, integrando un tipo amplio que permite sancionar diversas conductas relacionadas, fuera del simplismo de criminalizar a quien la practica directamente, sino a quienes lucran con la actividad promoviéndola, propiciándola y operándola.
Establece la ley especial vigente -desde el mes de junio pasado- que el delito de trata de personas lo comete quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Entendiendo la responsabilidad de los medios de comunicación, la legislación sanciona además a la persona que contrate publicidad por cualquier medio de comunicación, así como la persona que publique anuncios, que encuadren en alguna de las conductas del delito, esto es, en la promoción de la explotación sexual.
En cumplimiento de esta norma, diversos periódicos han decidido prohibir cualquier tipo de publicidad que directa o indirectamente promueva la trata de personas. Seguramente muchos medios de comunicación en el país se sumaran. Otros ya lo hacen.
Pero no es con la desaparición de estos anuncios como se terminara la explotación sexual de las personas. Se requiere una mayor participación de todas y todos, sociedad y gobierno, en un problema verdaderamente grave donde la mujer es la principal víctima.
La Organización Mundial del Trabajo calculó hace una década en 1.8 millones de niños y niñas las victimas de explotación sexual. La mayoría eran niñas. En el 2000 UNICEF estimó en un estudio realizado por seis ciudades de México en 16 mil las niñas sometidas a este tipo de explotación.
Es con el rescate de valores y el fortalecimiento de las familias, con políticas públicas que fortalezcan la equidad de género y el respeto a las diferencias, hasta el impulso de la educación desde la cultura, y la generación de fuentes de empleo.
Como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 para Chihuahua, es prioritario promover entre la población y en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
En México, ninguna entidad federativa queda libre de la presencia del ilícito; sin embargo, son los estados vinculados con la industria turística los que presentan con mayor crudeza el fenómeno: Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, según revela un estudio reciente elaborado por la Universidad del Caribe a encargo de la Secretaria de Turismo Federal.
El delito se encuentra asociado a condiciones de pobreza e ignorancia, así como el abuso del poder y la corrosión de valores, desde sectores no solo de la autoridad, sino de los mismos grupos sociales y las familias en el entorno más cercano a las víctimas.
Paradójicamente son estas instancias quienes de manera corresponsable deben realizar acciones contundentes para revertir las condiciones que generan el fenómeno, cuya definición legal se ha fortalecido, integrando un tipo amplio que permite sancionar diversas conductas relacionadas, fuera del simplismo de criminalizar a quien la practica directamente, sino a quienes lucran con la actividad promoviéndola, propiciándola y operándola.
Establece la ley especial vigente -desde el mes de junio pasado- que el delito de trata de personas lo comete quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Entendiendo la responsabilidad de los medios de comunicación, la legislación sanciona además a la persona que contrate publicidad por cualquier medio de comunicación, así como la persona que publique anuncios, que encuadren en alguna de las conductas del delito, esto es, en la promoción de la explotación sexual.
En cumplimiento de esta norma, diversos periódicos han decidido prohibir cualquier tipo de publicidad que directa o indirectamente promueva la trata de personas. Seguramente muchos medios de comunicación en el país se sumaran. Otros ya lo hacen.
Pero no es con la desaparición de estos anuncios como se terminara la explotación sexual de las personas. Se requiere una mayor participación de todas y todos, sociedad y gobierno, en un problema verdaderamente grave donde la mujer es la principal víctima.
La Organización Mundial del Trabajo calculó hace una década en 1.8 millones de niños y niñas las victimas de explotación sexual. La mayoría eran niñas. En el 2000 UNICEF estimó en un estudio realizado por seis ciudades de México en 16 mil las niñas sometidas a este tipo de explotación.
Es con el rescate de valores y el fortalecimiento de las familias, con políticas públicas que fortalezcan la equidad de género y el respeto a las diferencias, hasta el impulso de la educación desde la cultura, y la generación de fuentes de empleo.
Como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 para Chihuahua, es prioritario promover entre la población y en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
lunes, 12 de septiembre de 2011
Sospechosismo en la Gaza
Corresponderá a la Contraloría Superior del Estado o bien a la Fiscalía General determinar el grado de responsabilidad que tienen los servidores públicos municipales de la administración panista 2007-2010 en el escándalo público en que se convirtió la edificación de la Gaza Vial localizada a la altura del estadio universitario, al norte de la ciudad.
Por supuesto, alrededor de la polémica construcción destaca el hecho de que la obra haya sido licitada quince días antes de la culminación de la administración municipal de Carlos Borruel, que en calidad de interino concluyó Álvaro Madero.
Asimismo, llama la atención que habiendo sido destinados inicialmente para la edificación 34 millones de pesos solo se firma el contrato por 24 millones, sin que el resto haya sido reportado a la actual administración municipal.
Por último, que la obra, en el procedimiento licitatorio de adjudicación, se hubiese aprobado por la anterior administración municipal, cuando el proyecto invadía indebidamente un predio propiedad de un particular, afectado de manera arbitraria, en un auténtico y claro abuso de autoridad, irresponsabilidad técnica del área encargada de validar el proyecto de ingeniería.
La regularidad administrativa, si se quiere, el orden y el método, simplemente, exigen de las gobiernos asumir posturas que permitan la continuidad de los servicios y la obra pública.
Sin embargo, debe considerarse que, si bien no existe ningún impedimento legal para licitar en algún lapso previo a la culminación de las gestiones gubernamentales, también es cierto que despierta el “sospechosismo” la obra pública asignada unos días antes de la conclusión del mandato. ¿Por qué la prisa en asignar los contratos, dejando a la siguiente administración la responsabilidad de construir? ¿Era verdaderamente tan urgente, atendiendo esta característica como elemento esencial, indispensable, licitar la obra? Creo que no, salvo que los tiempos de asignación y ejecución se hayan dejado correr de manera irresponsable a grado tal de correr el riesgo de castigo con motivo de tratarse de una inversión federal. En ambos casos no es justificable.
Por otro lado, como es que se habla de una inversión de 34 millones cuando el contrato firmado entre gobierno del estado, municipio y federación es del orden de 24 millones, monto del subsidio autorizado para la obra, y que fue finalmente destinado en la ejecución de la Gaza. ¿Por qué se habla de diez millones más? ¿Dónde quedaron si esto fue así?
Una cosa más, ¿Cómo es que se proyecta la edificación de la obra invadiendo terrenos sobre los cuales no existe certeza jurídica? ¿Será que no existe memoria histórica: el caso Encino no le dice nada a la anterior administración panista?
La obra, cualquiera que sea, debe construirse sobre predios propiedad, en este caso, del ayuntamiento. Claro que existe responsabilidad al respecto.
Habrá que esperar las determinaciones de la autoridad.
Por supuesto, alrededor de la polémica construcción destaca el hecho de que la obra haya sido licitada quince días antes de la culminación de la administración municipal de Carlos Borruel, que en calidad de interino concluyó Álvaro Madero.
Asimismo, llama la atención que habiendo sido destinados inicialmente para la edificación 34 millones de pesos solo se firma el contrato por 24 millones, sin que el resto haya sido reportado a la actual administración municipal.
Por último, que la obra, en el procedimiento licitatorio de adjudicación, se hubiese aprobado por la anterior administración municipal, cuando el proyecto invadía indebidamente un predio propiedad de un particular, afectado de manera arbitraria, en un auténtico y claro abuso de autoridad, irresponsabilidad técnica del área encargada de validar el proyecto de ingeniería.
La regularidad administrativa, si se quiere, el orden y el método, simplemente, exigen de las gobiernos asumir posturas que permitan la continuidad de los servicios y la obra pública.
Sin embargo, debe considerarse que, si bien no existe ningún impedimento legal para licitar en algún lapso previo a la culminación de las gestiones gubernamentales, también es cierto que despierta el “sospechosismo” la obra pública asignada unos días antes de la conclusión del mandato. ¿Por qué la prisa en asignar los contratos, dejando a la siguiente administración la responsabilidad de construir? ¿Era verdaderamente tan urgente, atendiendo esta característica como elemento esencial, indispensable, licitar la obra? Creo que no, salvo que los tiempos de asignación y ejecución se hayan dejado correr de manera irresponsable a grado tal de correr el riesgo de castigo con motivo de tratarse de una inversión federal. En ambos casos no es justificable.
Por otro lado, como es que se habla de una inversión de 34 millones cuando el contrato firmado entre gobierno del estado, municipio y federación es del orden de 24 millones, monto del subsidio autorizado para la obra, y que fue finalmente destinado en la ejecución de la Gaza. ¿Por qué se habla de diez millones más? ¿Dónde quedaron si esto fue así?
Una cosa más, ¿Cómo es que se proyecta la edificación de la obra invadiendo terrenos sobre los cuales no existe certeza jurídica? ¿Será que no existe memoria histórica: el caso Encino no le dice nada a la anterior administración panista?
La obra, cualquiera que sea, debe construirse sobre predios propiedad, en este caso, del ayuntamiento. Claro que existe responsabilidad al respecto.
Habrá que esperar las determinaciones de la autoridad.
martes, 6 de septiembre de 2011
Afirmaciones irresponsables
El mensaje que envía el presidente de la república Felipe Calderón, al quejarse amargamente de las decisiones judiciales, tiene –indudablemente- un tono de desesperación e impotencia; aún más, un dejo de insatisfacción de la actuación del ministerio público federal, el cual, pese a los cambios ordenados recientemente, no tiene modificación sustancial y continúa presentando serios contratiempos.
El domingo en su aparición mediática, el jefe del ejecutivo se refirió a las decisiones adoptadas recientemente por un juez que liberó -virtud una suspensión provisional- a un alto funcionario de la Comisión Federal de Electricidad acusado de peculado por unos tres millones de dólares.
Para el presidente, en términos coloquiales, la decisión, “lo ha hecho cansarse”, porque, dice, “uno los agarra, y los agarra, y los agarra, y ellos los sacan, y los sacan, y los sacan”. Se queja de que este personaje fue detenido el sábado y el domingo por la madrugada ya tenía un amparo y salió libre.
Es interesante la declaración presidencial. ¿Puede cansarse un presidente? Creo que sí. Necesita entonces un descanso de las pesadas tareas que tiene bajo sus hombros. Necesita unas vacaciones. Un año sabático. O, tal vez, habrá intentado manifestar que esta fastidiado, molesto, harto. No lo sé. La verdad es que resulta desmotivante escuchar al primer mandatario nacional manifestar que está cansado.
Tal vez lo que debiera hacer es iniciar un procedimiento en el marco de las disposiciones legales aplicables en contra de los jueces que lo han “cansado” en lugar de hacer una manifestación estrictamente mediática, coloquial, a través de la cual busca identificarse con los miles de ciudadanos que han sentido un cansancio similar y que no han encontrado auténticamente justicia en las instancias federales.
¿Es que será que el presidente es un ciudadano común que no se ha dado cuenta que es el titular de uno de los poderes del Estado, y que como tal, tiene a su alcance una serie de instrumentos para evitar desaseo en el ámbito judicial?
Por otro lado, la tarea de la autoridad investigadora no solo es agarrar a los delincuentes, tal y como lo señala el Jefe del Ejecutivo Federal. La tarea es detenerlos e integrar adecuadamente las carpetas de investigación, con el soporte probatorio adecuado para sostener la acusación y evitar la impunidad.
Tal ocurre igual con los jueces: no se trata de soltar delincuentes: se trata de impartir justicia, de enlazar las conductas con la norma e imponer las sanciones.
Cuando los jueces incurren en decisiones equivocadas, las personas tienen derecho a otros instrumentos de defensa que incluyen posibles sanciones a los juzgadores cuando éstos actúan de manera omisa e irresponsable.
Por ese motivo, las declaraciones del Consejo de la Judicatura Federal en torno a las afirmaciones presidenciales resultan pertinentes.
Es irresponsable, más en una autoridad, cuando se acusa sin pruebas o bien, no se aportan estas, o más aún, cuando existiendo la posibilidad de interponer recursos para sancionar malos juzgadores, no se asumen, y en lugar de ello se adopta una posición estrictamente mediática, peligrosa, que atenta contra las instituciones.
El domingo en su aparición mediática, el jefe del ejecutivo se refirió a las decisiones adoptadas recientemente por un juez que liberó -virtud una suspensión provisional- a un alto funcionario de la Comisión Federal de Electricidad acusado de peculado por unos tres millones de dólares.
Para el presidente, en términos coloquiales, la decisión, “lo ha hecho cansarse”, porque, dice, “uno los agarra, y los agarra, y los agarra, y ellos los sacan, y los sacan, y los sacan”. Se queja de que este personaje fue detenido el sábado y el domingo por la madrugada ya tenía un amparo y salió libre.
Es interesante la declaración presidencial. ¿Puede cansarse un presidente? Creo que sí. Necesita entonces un descanso de las pesadas tareas que tiene bajo sus hombros. Necesita unas vacaciones. Un año sabático. O, tal vez, habrá intentado manifestar que esta fastidiado, molesto, harto. No lo sé. La verdad es que resulta desmotivante escuchar al primer mandatario nacional manifestar que está cansado.
Tal vez lo que debiera hacer es iniciar un procedimiento en el marco de las disposiciones legales aplicables en contra de los jueces que lo han “cansado” en lugar de hacer una manifestación estrictamente mediática, coloquial, a través de la cual busca identificarse con los miles de ciudadanos que han sentido un cansancio similar y que no han encontrado auténticamente justicia en las instancias federales.
¿Es que será que el presidente es un ciudadano común que no se ha dado cuenta que es el titular de uno de los poderes del Estado, y que como tal, tiene a su alcance una serie de instrumentos para evitar desaseo en el ámbito judicial?
Por otro lado, la tarea de la autoridad investigadora no solo es agarrar a los delincuentes, tal y como lo señala el Jefe del Ejecutivo Federal. La tarea es detenerlos e integrar adecuadamente las carpetas de investigación, con el soporte probatorio adecuado para sostener la acusación y evitar la impunidad.
Tal ocurre igual con los jueces: no se trata de soltar delincuentes: se trata de impartir justicia, de enlazar las conductas con la norma e imponer las sanciones.
Cuando los jueces incurren en decisiones equivocadas, las personas tienen derecho a otros instrumentos de defensa que incluyen posibles sanciones a los juzgadores cuando éstos actúan de manera omisa e irresponsable.
Por ese motivo, las declaraciones del Consejo de la Judicatura Federal en torno a las afirmaciones presidenciales resultan pertinentes.
Es irresponsable, más en una autoridad, cuando se acusa sin pruebas o bien, no se aportan estas, o más aún, cuando existiendo la posibilidad de interponer recursos para sancionar malos juzgadores, no se asumen, y en lugar de ello se adopta una posición estrictamente mediática, peligrosa, que atenta contra las instituciones.
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