Existe una tendencia en los gobiernos democráticos para que el poder legislativo nombre o en su caso, ratifique las designaciones en ciertas carteras de las administraciones federales y estatales.
Se busca colmar con esta intervención del legislativo dos propósitos: por un lado, que la designación recaiga en el mejor perfil de las personas propuestas, y segundo, que los legisladores asuman una especie de corresponsabilidad en el desarrollo de funciones por parte del funcionario público.
En el primero de los casos, efectivamente la discusión plural en los Congresos permite someter a un mayor examen las designaciones de ciertos funcionarios públicos, como es el caso, en el ámbito federal, del procurador o del secretario de relaciones exteriores. Los representantes populares, desde su óptica, señalan deficiencias en unos y otros, en busca del mejor perfil.
Sin embargo, es conocido que las designaciones se convierten en una discusión interminable, toda vez que la votación debe asumirse al final por una determinada mayoría, simple o calificada, para tomar la decisión, en el marco de una negociación entre las fuerzas políticas necesarias para llegar al número de votos requerido. Al final, hay una negociación política de fondo en la designación.
Por otro lado, se afirma que con la designación se impulsa la corresponsabilidad de los legisladores en el nombramiento, ya que al participar en la deliberación y discusión de los perfiles y avalar la designación, se asume una porción de la responsabilidad ejecutiva. Empero esto difícilmente ocurre. Las fracciones parlamentarias de oposición asumen una posición de crítica hacia el servidor público designado, partiendo de la base de que forma parte de un proyecto político concretizado en una administración dirigida por un signo partidista diferente.
Se podrá o no estar de acuerdo con estas afirmaciones. Lo cierto es que el titular del ejecutivo responde políticamente por la administración pública estatal, de la cual forma parte la procuración de justicia.
En ese sentido, compartir la responsabilidad de la ratificación del nombramiento parece ser una fórmula adecuada y realista, como ocurrirá con la figura recién creada de la Fiscalía General del Estado, que asume las funciones de la procuraduría y de la policía estatal preventiva.
El esquema de ratificación cumplirá con el propósito de discutir en el seno del Congreso el perfil de la propuesta, sometiendo a la persona a un escrutinio público necesario en la administración pública, pero dejando en el titular del ejecutivo la responsabilidad de dar resultados a través de sus funcionarios.
Recordemos que responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie: el esquema de distribución de competencias, si bien no debe ser rígido, en busca de los contrapesos necesarios, como es el caso de la intervención legislativa para ratificar nombramientos, si debe acentuar la línea central de la función de cada órgano, que en el caso del ejecutivo, es gobernar materialmente, y sobre todo, dar resultados en ese sentido.
EN EL TABLERO…La organización Comunicadores de Baja California realizará el Foro “Los Periodistas y los Derechos Humanos, con participación relevante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos…El evento tendrá lugar a las nueve de la mañana el próximo jueves 30 de septiembre, con la asistencia importante de las asociaciones de Mexicali, Ensenada, Rosarito y Tijuana…Felicidades a Juanita Jiménez, Presidenta y Manuel Suárez, Vicepresidente…
