La entrega del
vigésimo Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos por parte del Foro de
Periodistas de Chihuahua, el pasado domingo, y los discursos ahí pronunciados
en torno a la imperiosa necesidad de proteger y garantizar la libre expresión
de las ideas, obligan a reflexionar en torno al tema.
Muchos nos
preguntamos ¿que es la libre expresión?, y si ésta tiene un carácter absoluto,
es decir, que no admite confrontación con un derecho que pudiera ser mayor,
como la moral, la esfera jurídica de terceros, o últimamente, la seguridad
nacional o el interés social.
Las dos primeras
acepciones, la moral y los derechos de terceros, son de origen constitucional,
y han constituido elemento para que la
Corte se haya pronunciado en diversas ejecutorias en relación
a las limitaciones que la libertad de expresión tiene, cuando trastoca los usos
y costumbres que conforman la moral social o violenta los derechos de un
particular, por ejemplo, a su intimidad o vida privada.
Sin embargo, en
ambos casos no existe una interpretación precisa, sigue siendo la regulación
vaga, atendiendo el criterio de que hay que estar al caso concreto, mediante el
cual los jueces deberán determinar si existe o no esa violación a la moral
social, atendiendo que esta es cambiante, por lo cual cualquier norma podría
ser rebasada por el simple transcurrir del tiempo.
En el otro caso,
el de la esfera jurídica de los particulares, nos encontramos en una situación
similar: hemos visto que no solo los funcionarios de cualquier nivel de
gobierno son personas públicas, y por tanto, de gran interés para los
ciudadanos, sino también lo son personajes como los empresarios, deportistas,
artistas o personas que de manera eventual e improviso saltan a la fama
pública. De esta manera, unos y otros, por criterio jurisdiccional tienen que
ver disminuido su derecho a la privacidad, ya que sus vidas, aún aquellos
aspectos no vinculados directamente con la función pública que desarrollan,
adquiere relevancia, y por tal motivo, no solo es legitima, sino necesaria su
transparencia frente a la comunidad.
Ahora bien, se ha
buscado afianzar como criterios limitadores de la libre expresión de las ideas
la seguridad nacional o el interés social. De hecho, el primero de ellos ha
sido profusamente regulado por las leyes de transparencia, dada la tentación
del poder público de rechazar las solicitudes de información bajo ese
argumento. En teoría, la seguridad nacional es un concepto de Estado para vedar
el acceso a información. Por ese solo motivo es restrictivo de la libre
expresión de las ideas, ya que la seguridad del estado no siempre es la
seguridad de la comunidad, y en ocasiones se convierte en un instrumento de
manipulación. Por ello, los reglamentos en materia de transparencia tienden a
establecer candados para que la seguridad del estado, como argumento negador de
la información, sea la excepción y no la regla, y aún cuando se conceda sea de
manera temporal y no permanente.
El interés social
es igual de difícil de definir, ya que bajo el argumento del beneficio
mayoritario, social o comunitario, se trata de impedir la divulgación de
información, sin que exista un parámetro objetivo para determinar su realidad.
Se convierte en discurso cobijado por los sectores de poder, particularmente el
público, para alejar del conocimiento general aspectos delicados o temas
graves.
Cuando se habla de
libertad de expresión indudablemente también es obligado referirse a los medios
de comunicación, válvula moderna de escape del pensamiento. En ellos esta
presente la necesidad de ser independientes a todo factor real o formal de
poder, su pluralidad y objetividad, entendiendo su naturaleza como empresas y
su orientación abierta o disimulada hacia algún punto ideológico.
En este sentido hay medios de comunicación que no esconden su posición
ideológica y los hay quienes lo hacen. Otros adoptan un pluralismo de
contenido. Al final el lector -en teoría- decide que leer. El problema es cuando no existe esa decisión y los consumidores de
información solo tienen una opción virtud el monopolio informativo imperante.
Por ello la pluralidad no solo consiste en diversidad de contenidos, sino en
diversidad de medios de comunicación.
Por último, la
transparencia comercial e informativa de los medios de comunicación se vuelve
imperante, en una sociedad que hace esfuerzos por transitar hacia espacios
donde no existan actores políticos, económicos o sociales alejados de la
rendición de cuentas y transparencia. Los pasos en este sentido han sido
tímidos, no solo en la radio y la televisión, sino en los impresos y digitales.
La importancia de los medios, y por ello la necesidad de que emprendan esta
ruta, es que conforman y guían opinión en millones de personas.
Como se observa,
la libertad de expresión, al final, es un camino con una agenda en dos vías:
primero que posibilite una comunicación sin ataduras ni coacción -de ninguna
naturaleza, incluyendo la publicitaria-, permitiendo a los medios constituirse
en conducto de la expresión del pensamiento para su divulgación, y segundo, que
éstos en corresponsabilidad se aperturen, como lo han venido haciendo muchos de
ellos, de cara a la sociedad, en un gran paso a la democratización de 360 grados
de la libre expresión de las ideas.
