Es cierto como lo sostiene el Congreso del Estado de Chihuahua, la libertad de expresión tutelada por la constitución tiene las limitaciones que la misma señala -y que la codificación internacional respalda-, los derechos de terceros, el orden público y la moral. Sin embargo, reglamentar estas limitaciones constituye un grave riesgo para el ejercicio de la misma libertad de expresión, porque se convierten en tentación y pretexto para vulnerarla por parte del poder público.
La regulación efectiva de los medios de comunicación parte de éstos mismos, de su carácter ético que propugne por elevar la moral pública y ciudadana, valladar ante los abusos del poder público y privado, que afiance las virtudes del hombre para su adecuado y útil -socialmente hablando- desarrollo físico y espiritual, que fortalezca su capacidad crítica frente a su entorno, y su participación decidida en los asuntos públicos.
Es innegable que los mass media devienen en un factor de determinismo social que genera conductas, muchas de ellas francamente disociativas, como es el caso de la apología del delito y la proyección de pornografía explícita o implícita no solo en imágenes, sino también en textos que carecen de cualidades literarias o artísticas y constituyen simples expresiones vulgares de sexo o la publicación de escenas criminales que denigran a la víctima y a su familia al exponerla al escarnio público
Dentro de esas conductas corruptivas se encuentra la denigración de la mujer como un objeto sexual, al ser la principal imagen que oferta la pornografía y los desnudos que algunos medios de comunicación difunden, frente a los intentos sociales que se han efectuado en los últimos años para rescatar la imagen de la mujer de esa posición sexista que propicia e institucionaliza abusos y ataques económicos, políticos, sociales, culturales, morales y físicos, muchos atenuados y otros gravísimos hasta llegar a las lesiones o la muerte.
Asimismo, se vulneran los derechos de los niños y niñas a un sano desarrollo, alejados y protegidos de los efectos corruptores de los factores sociales, entre ellos los medios de comunicación, por el pernicioso efecto de entrar en contacto a su tierna edad con contenidos e imágenes sexuales explícitos o implícitos.
Se trata de un asunto de ética y no de leyes, mucho menos cuando éstas tratan de ser implementadas por un órgano que carece de facultades para ello y descarga la aplicación en un organismo gubernamental débil y sujeto al vaivén de los intereses políticos, como es el Municipio: la regulación de la libre expresión de las ideas es asunto federal.
Es un asunto de ética porque el medio de comunicación, conocedor de la importancia y trascendencia de su impacto, cumple a cabalidad con su responsabilidad social, encontrando un justo equilibrio entre su obligación periodística -si es que la publicación de desnudos y textos eróticos forman parte de ella- y la obtención de lucro por su naturaleza empresarial.
Existe otro elemento. La publicidad. Los mismos empresarios y el sector público se benefician con las altas ventas de medios de comunicación que utilizan la violencia y las imágenes y contenido sexual para intentar posicionar sus productos o acciones.
Lo mismo ocurre con la población que adquiere este tipo de publicaciones. Busca esta información y la obtiene por un precio módico. Son miles los ejemplares diarios que circulan gracias a esta demanda.
Luego entonces, estos medios de comunicación de contenido pornográfico y extremadamente violento subsisten gracias a que representan un redituable negocio, porque existen miles de personas que los adquieren y empresarios y funcionarios que se anuncian en ellos. Este es un incentivo vital para que perduren y difícilmente desaparezcan, hasta que surja otro medio que los supere, tal y como está ocurriendo actualmente con el internet, un medio de comunicación sin regulación alguna, hito en el desarrollo tecnológico de la humanidad, con grandes beneficios y utilidades, lamentablemente ha sido vinculado y utilizado por el crimen organizado para acceder a pingües negocios como la trata de personas y la pornografía adulta e infantil.
Es decir, el internet de ser el receptáculo de imágenes y textos pornográficos se convirtió en instrumento para la operación de delincuentes.
En resumen: los medios de comunicación tienen un alto compromiso social sancionado por la autoregulación. Lo cumplen al informar a la sociedad y al elevar su nivel cultural y pensamiento crítico, ofertando entretenimiento debidamente categorizado para protección de la niñez, y moderado, para evitar violentar los derechos de las víctimas y sus familias, superando los estereotipos que denigran a la mujer como un objeto sexual.
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