La discusión de los veinticuatro alcaldes reunidos en chihuahua para analizar la política de seguridad pública federal, tuvo particular énfasis en el cariz político con el que se desenvuelve, la ausencia y discrecionalidad de apoyos financieros adecuados y suficientes, así como el despliegue mediático para responsabilizar a las entidades de una función donde la federación trata deslindarse en un doble juego en busca de capitalizar sufragios con miras estrictamente electorales.
La reunión que tuvo como sede Chihuahua, colocó a esta entidad y particularmente a este municipio en el epicentro nacional, al abordarse con claridad y sin ambages el fondo de la discusión, en este caso, el traslado de facultades sin apoyo financiero a las entidades y municipios del país por parte de la presidencia de la república que encabeza Felipe Calderón.
La postura natural de los alcaldes organizados fue rechazar tal conducta, y en principio, exigir que la entrada en vigor de la carga de persecución de narcomenudeo ocurra hasta diciembre de 2012 y no en agosto como se tiene programado a nivel nacional, de conformidad con los transitorios de las reformas autorizadas por el Congreso de la Unión.
De los puntos de acuerdo son dos las líneas centrales que deben destacarse; por un lado el aspecto político, donde se reconoce el papel central que ha jugado la Convención Nacional de Gobernadores, especialmente el gobernador César Duarte –desde la Comisión de Seguridad- para equilibrar el abuso federal en la materia.
Hay una posición de exigir la desaparición del famoso Subsemun, que es el subsidio de seguridad para los municipios, para sustituirlo por un fondo especial y más sustancioso, desde una visión no de la gracia federal, sino de una auténtica corresponsabilidad, concepto que surge desde la visión del alcalde chihuahuense Marco Adán Quezada.
Se reconoce la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde el doctor Narro ha sostenido una posición valiente en pro del respeto a los derechos humanos y de una visión de seguridad desde la óptica ciudadana y no de la militarización per se, que deriva necesariamente en la restricción de libertades.
Los municipios exigieron participar en el Consejo Nacional de Seguridad, en un reconocimiento al verdadero federalismo y la implementación inmediata de un programa de protección a los alcaldes, ya que en lo que va del año han perdido la vida 19 de ellos.
Los alcaldes fueron severos en el juicio a la federación: se le espeto una ausencia de voluntad política, discrecionalidad en la distribución de los recursos e incluso, se acusó que los requisitos de acceso al Subsemun representan un instrumento de coerción.
En lo económico, las posiciones fueron aún más radicales: se demandó restituir el recurso federal que le fue negado a los municipios en 2010 y 2011, aumentar a seis mil millones de pesos el apoyo en 2012, incluir 300 municipios en el subsidio para 2012 y destinar adicionalmente cuatro mil millones de pesos a tareas de prevención.
La reunión se convirtió en eco de federalismo, un federalismo donde los municipios son clave, sustancia de la distribución de competencias, una distribución razonable y no caprichosa, como ha venido ocurriendo en los últimos años.
