El 5.1 por ciento de los mexicanos padece alguna disfunción
orgánica que lo coloca en desventaja. Se trata de cinco millones setecientas
mil personas que todos los días tienen que superar -o al menos tratar de
hacerlo- las inequidades planteadas por una mayoría "normal", en un
entorno de políticas públicas insuficientes. La discapacidad auditiva
representa la tercera a nivel nacional en incidencia entre la población, sólo
superada por la motriz y la visual.
La discapacidad auditiva afecta a un 12.1 por ciento de la
población que padece disfunción. Se trata de setecientas mil personas a nivel
nacional que todos los días se esfuerzan por incorporarse al mundo de la vida
real, pero carentes o con disminución de los sonidos.
En una política auténtica de equidad, la deficiencia debe ser
suplida con base en políticas públicas y privadas que tiendan a dotar a las
personas con discapacidad del acceso a todas las comodidades y oportunidades
que brinda la sociedad.
Sin embargo esto no ocurre
o al menos, no de la manera en que debiera ocurrir.
En materia de telecomunicaciones, la reciente reforma,
atiende el tema, al obligar a las cadenas de televisión nacional la inclusión
del doblaje al lenguaje de señas de su principal noticiario.
Dice el artículo 161 de la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión: "En el caso de canales de televisión deberán cumplir con
lo siguiente, en los términos que fije el Instituto: I. Contar con guía
electrónica de programación, conforme a las disposiciones aplicables, y II. Contar con servicios de subtitulaje o
doblaje al español y lengua de señas mexicana para accesibilidad a personas con
debilidad auditiva. Estos servicios deberán estar disponibles en al menos uno
de los programas noticiosos de mayor audiencia a nivel nacional".
Tres observaciones tiene la norma, ya discutidas en su
momento sin ser escuchadas en el seno de ambas Cámaras: el primero que sólo
obliga a incorporar el doblaje en un noticiario a nivel nacional, que
representa -considerándolo de una hora de duración- apenas el cinco punto cinco
por ciento de la barra programática diaria,considerando un horario de
transmisión de dieciocho horas. Se trata de un cinco por ciento que impide
disfrutar a las personas con esta discapacidad del resto de la programación.
Segundo, se dejan fuera los noticiarios locales de las televisoras nacionales y
locales. Tercero, si resulta oneroso el doblaje a lenguaje de señas, ¿porque no
se insiste en los subtítulos al español en toda la barra programática, dada la
facilidad de acuerdo a los avances tecnológicos existentes?
Es cierto que la reforma de telecomunicaciones da respuesta
parcial a la necesidad de acercar la televisión a las personas con debilidad
auditiva. La norma es insuficiente.
Si la resistencia proviene del sector privado concesionario y
como obstáculo los recursos, bien pudiera el gobierno federal y los Estados
asumir parte del costo. Se trata al fin de hacer esfuerzos mayúsculos por
incorporar a las personas con deficiencias auditivas a la posibilidad de la
comunicación, como un derecho humano universal.
Aún más: se debe sumar a estas limitaciones legislativas la
vacatio legis aplicada al respecto: deberán transcurrir tres años para que la
obligación de doblaje sea exigible, término que vence en julio del año 2017,
tal cual lo señala el transitorio cuadragésimo tercero: "Dentro de un
plazo que no excederá de 36 meses a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, las señales de los concesionarios de uso comercial que transmitan
televisión radiodifundida y que cubran más del cincuenta por ciento del
territorio nacional deberán contar con lenguaje de señas mexicana o subtitulaje
oculto en idioma nacional, en la programación que transmitan de las 06:00 a las
24:00 horas, excluyendo la publicidad y otros casos que establezca el Instituto
Federal de Telecomunicaciones, atendiendo a las mejores prácticas
internacionales. Los entes públicos federales que sean concesionarios de uso público
de televisión radiodifundida estarán sujetos a la misma obligación".
Es un avance la legislación, indudablemente sí. Llena, o más
bien, medio llena un gran vacío. Pero hace falta hacer más, mucho mas, para
reducir la brecha de desigualdad en que se encuentra la población afectada por
la ausencia o debilidad de su capacidad auditiva.