"El convenio signado por la CEDH y las áreas federal y estatal de trabajo y previsión social, para combatir el trabajo infantil en Chihuahua, es una buena noticia. Enhorabuena por este esfuerzo al ombudsman local José Luis Armendáriz"
La capacitación para servidores públicos en relación con la protección e impulso de la libre expresión de las ideas, es fundamental para alcanzar una auténtica democracia y Estado de derecho.
Este apartado es elemento sustancial del decreto autorizado y publicado por el Ejecutivo estatal en las postrimerias de 2010, denominado Sistema Integral de Protección para Periodistas del Estado de Chihuahua -donde resultó clave la intervención del gremio periodístico y de la CEDH-, en el cual no solo cuerpos policiacos, sino servidores públicos, debían ser sensibilizados acerca del ejercicio de la libre expresión y cada una de sus facetas en la búsqueda y difusión de información.
Se realizaron algunos ejercicios al respecto. Mandos medios y agentes recibieron inducción. Sin embargo, se trata de una tarea que debe ser permanente y sistemática, y alcanzar todos los niveles y ámbitos de gobierno, considerando que las agresiones contra periodistas y comunicadores proviene no solo de criminales o delincuentes, sino de servidores públicos que no comprenden -o no quieren comprender- la importancia de la libre expresión de las ideas en una sociedad democrática.
Solo algunos datos con respecto a las agresiones contra periodistas, consignados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al emitir la recomendación general número 24, mediante la cual hace un llamado enérgico a las autoridades de la Federación y de las entidades federativas para que implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación.
Desde el año 2000 hasta el 31 de enero de 2016 han ocurrido 109 homicidios de periodistas; 20 periodistas han desaparecido desde el año 2005; han ocurrido 48 atentados a medios de comunicación desde 2006 y desde el 1 de enero de 2010 se han recibido 515 quejas por agravios a periodistas ante la CNDH. En 16 años, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Oaxaca, encabezan la lista de agresiones y homicidios.
Cifras que exigen tomar medidas preventivas, que deben alcanzar no solo a los periodistas y comunicadores, quienes deben recibir de los medios de comunicación y el gremio organizado, la CNDH o el mismo mecanismo nacional de protección a comunicadores y defensores de derechos humanos, cursos de capacitación para enfrentar situaciones de alto riesgo, como lo detalla el protocolo referido y publicado en el periódico oficial del Estado en septiembre de 2010, sino que debe incluir a servidores públicos.
¿Por que todos los servidores públicos debieran acreditar esta capacitación? Porque sin importar el nivel o el ámbito de competencia, todos ellos, en algún momento deberán interactuar con periodistas y comunicadores, y ante ello estar en óptimas condiciones para reaccionar de acuerdo y conforme con la Convención Americana de los Derechos Humanos, que a la letra dice, artículo 13, numeral 1).- "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".
Todo ello sin previa censura ni restricciones directas o indirectas, no solo de los poderes formales, sino también de los poderes fácticos, bajo garantía de éstos últimos.
La renovación de los poderes en el Estado de Chihuahua y en otras doce entidades del país, debe ser oportunidad para ello. Una capacitación y sensibilización en el tema de libre expresión -permanente y sistemática- sería de suma importancia y alentaría un mayor respeto por el ejercicio de este derecho fundamental. En suma, sensibilizar al gobernante en este rubro de urgente actualidad.
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