A su manera

Raúl Durán Cárdenas murió durante un viaje a los Estados Unidos el pasado 26 de diciembre.
Siempre fue un viajero incansable. En Mérida nació, en Juárez encontró al amor de su vida y en la capital del país se desarrolló profesionalmente en el periodismo, llegando a ser subdirector editorial del Periódico Novedades.
Recorrió el mundo, especialmente Moscú y Beijing, experiencia que recordaba con especial afecto. Europa no le fue desconocida ni tampoco La Patagonia.
Era un auténtico mexicano: recorrió sus carreteras cuando parecían caminos vecinales, de un extremo a otro. El país lo conoció como la palma de una mano.
Pensar en nuestro amigo en aquellas tierras extrañas es maravilloso –a China regresó varias veces-, pero no fueron esos sus viajes más memorables.
Su viaje más relevante fue el que desplego bajo la bandera de la amistad.
Raúl Durán era un hombre responsable. Cuidaba su salud, no en los extremos que el médico ordenaba, respetaba límites, pero estiraba la cuerda, por eso fue un hombre pleno: nunca dejo de fumar y tampoco abandonó el whiskey.
En su última visita me ganó al domino en la Antigua Paz. Antes, en otra escabullida a Chihuahua, me había hecho lo mismo en el Coliseo. Hay que decirlo: Raúl nunca fue pone fichas.
Estar con Raúl era viajar junto con él por el tiempo. Siempre compartía sus vivencias. Era un diccionario viviente y Yo siempre un lector incansable.
Lo conocí hace unos años cuando incursioné en el periodismo gremial a nivel nacional. Pero los últimos cuatro años fueron de un compartir en forma permanente.
Viajamos por todo el país junto con Teodoro, su Gran Amigo. Ambos, juntos, eran dinamita, pero se compaginaban perfectamente: uno explosivo y el otro con la calma de la decisión atemperada. Raúl fue siempre fiel de la balanza, el consejo prudente y sabio.
Compartimos proyectos y aventuras: construimos una organización periodística más sólida, hicimos amigos y más amigos en el interior del país, donde Raúl es muy querido.
Un hombre gentil y amable, siempre extendió la mano para guiar acompañando, en una posición de líder sagaz, inteligente.
De la última charla que sostuvimos, apenas hace unas semanas, mediando una parrillada argentina y un escocés con agua gasificada, a unos metros del remodelado Monumento a la Revolución, me queda un compromiso personal con él que habré de cumplir al tiempo.
Estoy tranquilo porque logró lo que pocos hombres pueden hacer: vivir a su manera y morir a su manera: su último suspiró quedó con su esposa, Lupita, mi paisana, en las Vegas, Nevada.
Fue un hombre pleno, nunca se arredró: vivió en paz y murió en paz, querido y estimado por todos.

Redes de complicidad

Se calcula en medio millón anual los indocumentados centroamericanos que cruzan por México y logran ingresar a territorio norteamericano.
De ellos, unos 150 mil son detenidos en la Unión Americana; otros doscientos cincuenta mil son arrestados en México. El resto tiene una oportunidad de ingresar al mercado laboral ilegal en los Estados Unidos, donde podrá sobrevivir en la semi-clandestinidad.
Sin embargo, unos veinte mil son secuestrados en territorio mexicano por los grupos del crimen organizado que obtienen jugosas ganancias a cambio de su libertad.
Las cifras, aún y cuando no son reales y solo representan un aproximado, derivado de fuentes oficiales y no oficiales, resultan alarmantes.
Se ha señalado que México debe adoptar una posición de mayor protección a las migrantes en tránsito. El caso es que es muy complicado pedirle esto cuando estamos hablando de compromisos económicos de gran relevancia con su principal socio comercial, que exige políticas de cero tolerancia en materia de migración, pero además cuando el flujo de indocumentados que permanecen en el país, en la zona limítrofe con la frontera sur, agravan los problemas de pobreza y marginación: cerrar los ojos a la migración, partiendo del supuesto de que la gran mayoría de ellos busca llegar a los Estados Unidos es partir de una premisa falsa.
Los indocumentados centroamericanos han encontrado en diversas ciudades mexicanas lugares de desarrollo en zonas de alta marginación, donde permanecen ocultos en espera de una oportunidad de cruzar el Rio Bravo, incrementando de manera sustancial las necesidades básicas de desarrollo.
Los migrantes ilegales representan un vasto porcentaje de la población flotante y semi-flotante en ciudades como Juárez, donde sobreviven en actividades laborales marginales relacionadas con el mercado subterráneo del comercio, sin descartar su incursión voluntaria o forzada en actividades francamente ilegales como el narcotráfico.
Esta realidad no debe impulsar acciones xenofóbicas. Al contrario: debe asumirse como un problema social internacional que requiere soluciones más allá del simplismo de la persecución policiaca: que exige el puntual cumplimiento de políticas humanitarias que no criminalicen al indocumentado y que investiguen y castiguen a quienes abusan y hacen negocio con ellos, rompiendo las redes de complicidad oficial federal existentes: que demandan políticas públicas para asimilar indocumentados mediante programas que incentiven el ingreso ordenado de personas y que regularicen, con un sentido humano, a quienes han contribuido al desarrollo de nuestro país durante muchos años.
Sobre todo, hay que insistir y subrayar, que sancionen con todo el rigor de la ley el secuestro de hermanos salvadoreños, guatemaltecos o de cualquier otra Nación, como ocurre actualmente con las cuarenta personas privadas de la libertad en Oaxaca, por cuya integridad y regreso con bien, todos debemos hacer votos.

No sería extraño

En principio, la liberación de Diego Fernández de Cevallos debe alegrar a los mexicanos. Se trata del regreso con vida de una víctima de secuestro.
Sin embargo, su desaparición, cautiverio y liberación, lo sabe bien el político panista, representan una muestra más del fracaso de la lucha que Felipe Calderón despliega contra el crimen organizado.
Tiene razón el ex candidato presidencial albiazul, él debiera en teoría ser sólo una víctima más, pero no lo es así: representa a la clase política dirigente del país y forma parte de los grupos económicos que se ubican en la cúspide social en el país.
Por tanto, su caso es emblemático: nada pudieron hacer su poder político y económico para evitar el secuestro; también poco o nada pudo hacer el Estado para enfrentar una solución a la privación de la libertad de la cual fue sujeto, más que la omisión en las investigaciones.
Al final, el exitoso abogado fue liberado en un marco misterioso que oculta fecha, lugares, situaciones, montos, que seguramente jamás conoceremos: al momento, si de especular se trata, hay dos posibilidades, que haya sido liberado mediante el pago de un cuantioso rescate y una negociación cuidadosa, o bien, que haya ocurrido un operativo armado, concertado y operado sigilosamente desde la oscuridad.
Lo cierto es que su aparición mediática fue cuidadosamente articulada: el abogado apareció cuando quiso y como quiso. Marcó la agenda y secuestró no solo a la opinión pública, sino a su mismo partido, donde los débiles aspirantes ya vieron un nuevo rival, rejuvenecido políticamente.
Pensar en que todo fue una fabricación para crear un candidato presidencial sería construir una posibilidad perversa. La sociedad mexicana no se merece algo así. Pero no sería extraño. Se juegan seis años de gobierno federal, el PAN no tiene candidato, sus aspirantes están por debajo de sus contrincantes, la dirigencia nacional y la presidencia están en un momento de distanciamiento y desgaste; el presidente Calderón carga con el declive de su administración, sin encontrar soluciones a los problemas de fondo de la pobreza y la inseguridad.
El secuestro y liberación de un hombre de la clase política lo convierte en víctima del estado actual de cosas, pero además, lo hace director de su propio destino ante el fracaso institucional federal, lo muestra como un hombre que no se echó para atrás, sacó la casta y resolvió. Esta es la imagen que se está vendiendo.
Diego al decir simple y llanamente que no le interesa la Presidencia abona a la construcción colectiva de esta imagen, cuando perdona a sus captores, agradece solidaridad, dice que hay mucho que hacer por México, juega a la política, utilizando como catapulta su situación de desgracia.
Dirán que no es su intención hacerlo. Probablemente es así y el abogado sólo reacciona ante las circunstancias. Los hechos demuestran otra cosa.

El gran negocio de los bancos

ALFIL
El gran negocio de los bancos
Por Roberto Piñón Olivas
Las instituciones bancarias continúan voraces con el cobro de comisiones. No satisfechas con ello, implementan estrategias para sorprender a sus clientes a través del mecanismo más sencillo y directo: los cajeros automáticos.
No lo crea, pero el 34 por ciento de los millonarios ingresos del negocio de la banca provienen de las comisiones, en algunos casos llega casi al cincuenta por ciento.
Es cierto que Banco de México ha intervenido en la regulación de las comisiones, virtud a las modificaciones legislativas autorizadas desde el congreso de la Unión, pero aún es insuficiente. Se requiere cerrar aún más los límites bajo el argumento de la prevalencia del interés social por encima de los intereses económicos de lucro que resultan desmedidos.
Los estados financieros de Bancomer, Banamex, Santander, Banorte y HSBC, arrojan que de enero a junio obtuvieron 34 mil 376 millones de pesos producto de comisiones, en un total de operaciones del orden de los cien millones en números redondos.
HSBC es el mejor ejemplo de negocion a través de comisiones, porque de sus ingresos totales obtiene por esta vía el 42.7 por ciento, el porcentaje más elevado, al captar cuatro mil de casi diez mil millones de pesos.
Si bien es cierto Banamex obtuvo la menor captación porcentual de recursos vía comisiones, con un 28 por ciento, por el volumen de cuentas capta unos ocho mil millones, contra Bancomer que es el verdadero líder en cobro de comisiones, con un 39.7 por ciento de sus ingresos por esta vía, que hacen 13 mil 145 millones de pesos.
Como se observa las cantidades no son menores. Sin embargo, las comisiones no deberían ser el principal negocio de la banca, y se ha convertido en ello.
Ante esta situación, la Cámara de Diputados decidió realizar reformas para dotar al Banco de México de la posibilidad de regular las comisiones, ya que antes solo podía hacer recomendaciones.
Como es obvio, las determinaciones de Banxico regulan pero protejen al mismo tiempo el principio de libre mercado como mecanismo de autoregulación del sistema bancario, para generar competencia, permitiendo el lógico lucro de las instituciones dedicadas a esta actividad.
Sin embargo, pese a las regulaciones, las instituciones bancarias continúan haciendo el gran negocio, pese a que, por ejemplo, por ley, ya no pueden duplicar las comisiones por retiro de dinero en cajeros distintos al de la institución bancaria emisora del plástico.
Ahora bien, ya se prohíbe el cobro de comisiones en retiro en cajeros del mismo banco. La cuestión es que por las necesidades del consumo los usuarios de plásticos terminan rompiendo la regla de oro de no acudir a un cajero distinto, y ahí son presas de la comisión, porque pareciera que cada día se limitan los cajeros automáticos.
La norma debería exigir la distribución de cajeros con algún criterio geográfica, de cantidad de usuarios, centros de consumo. No dejar al simple arbitrio de la institución bancaria el número de cajeros y su ubicación.
La facultad reguladora en la materia debe ser auténticamente reguladora, porque, como lo reconoce el mismo Banxico, las instituciones bancarias buscan mecanismos sofisticados mediante software y publicidad engañosa, para hacer incurrir en error a los usuarios, que víctimas de la comisión terminan olvidando esos pesitos que al final del día constituyen el gran negocio de los bancos.
No conformes con ello lo sorprenden con la venta de seguros, que sin darse cuenta le cargan otros ochenta pesos, con contratos anuales, por más de mil pesos. Así es que al año, haga cuentas, Usted contribuye al gran negocio bancario.
La banca es necesaria, sí. Es un negocio y debe generar lucro, sí. Pero en un sistema económico con sentido social debe tener una regulación más amplia, con ganancias menos insultantes.

Asumamos nuestra responsabilidad

Detener el calentamiento global, es cierto, es cuestión de resolver los grandes intereses económicos en pugna.
Pero también tiene que ver con políticas públicas de corto, mediano y largo alcance, que efectivamente, refieren a la canalización de suficientes recursos económicos.
Dentro de esas políticas públicas se encuentran primordialmente acciones de concientización, organización y movilización de la conciencia ciudadana.
Sin la participación social, las políticas públicas caerán en el vacío y se agotarán ante la indiferencia ciudadana.
Lo delicado es que acciones aisladas por parte de los continentes o de los países de poco sirven, cuando la aldea global plantea la realidad de una irremediable inter-dependencia
Como se observa, no es nada fácil para el concierto internacional y las naciones en particular, lograr acciones concretas, como se demostró recientemente, con el fracaso de la firma de una ampliación del Protocolo de Kioto, ante la persistente negativa de los principales generadores de gases contaminantes por establecer compromisos concretos en su disminución.
No nos hemos dado cabal cuenta de la importancia de adoptar medidas drásticas. Incluso muchos demostramos desconocimiento pleno del tema y por lo tanto una gran apatía.
Por eso, independientemente de la obligación que tienen los Estados de propiciar inversión en la modernización de los sistema de transporte, virando hacia el uso de combustibles orgánicos o al menos no contaminantes –como la electricidad- y el impulso a través de incentivos fiscales para que las grandes empresas hagan lo propio en sus esquemas de producción y traslado de mercancías, no debe olvidarse la parte social.
En Europa la sociedad civil organizada presiona al sector público y privado para que dichas políticas públicas se concreten, pero además, ejerce una auto-censura social ciudadana para, en la práctica cotidiana, asumir posiciones congruentes con la protección al medio ambiente.
El ciudadano común puede hacer mucho por reducir los gases contaminantes, para empezar con el uso de vehículos. Japón, Estados Unidos, Argentina, la misma ciudad de México, son ejemplo de modernización en el transporte colectivo. El incentivo es la rapidez y la economía en el traslado diario de las personas en las moles urbanas.
Curiosamente, mientras las naciones migran hacia la utilización de automotores de menor cilindraje, en México la compra de vehículos de gran calado continúa imbatible, pese a factores como la economía –por su alto consumo de gasolina- y la seguridad.
Los ciudadanos tenemos la palabra empezando en casa. Presionemos las acciones que deben desarrollarse desde el ámbito gubernamental y privado, pero asumamos la responsabilidad que nos toca.

No es un cheque en blanco

El fuero constitucional nace como una necesidad de proteger a ciertos funcionarios públicos de alto nivel de persecuciones políticas con el argumento de la comisión de delitos.
Es lógico que por el ejercicio de su encargo, los servidores públicos se enfrenten en sus decisiones con otros funcionarios o bien, exista divergencia de ideas, sobre todo cuando la base de la organización política es la pluralidad ideológica, y en esa tentación se produzcan acciones penales.
Pero también es cierto, que la protección constitucional puede ser usada para solapar personas que se han visto involucradas en actos ilegales. Se piensa que el fuero es una inmunidad plena.
Es muy difícil encontrar el justo medio para calificar la eficacia de la figura constitucional de protección, sobre todo cuando está basada en decisiones políticas de mayorías permanentes o casuales en el interior de la cámara de diputados.
Se trata, es cierto, de una figura política de protección y no de una figura jurisdiccional en rigor. Por lo tanto, en su implementación, si bien se toca el fondo de las acusaciones, con base en el expediente enviado por la autoridad ministerial, los legisladores carecen de la posibilidad técnica para establecer responsabilidad. Eso lo hará el juez con los instrumentos técnicos necesarios.
Los legisladores revisan el expediente y llaman al inculpado para que declare. Pero finalmente dictaminan con los elementos que tienen a la vista. No están llamados a recabar mayor información, para finalmente declarar vía el voto si existen elementos o no para proceder penalmente contra el funcionario.
La misma constitución federal establece que, si una vez declarada la procedencia, la autoridad judicial absuelve de responsabilidad, el servidor público estará en posibilidad de reasumir el cargo; en caso contrario, cuando no se autorice la procedencia, el mismo podrá ser juzgado al término de la función.
Como se observa, el procedimiento no es nada sencillo. Hay quienes piensan que debe aligerarse y de la acusación ministerial pasar directamente al voto de la Cámara. Creo que al contrario, el procedimiento forma parte de la esencia política de la figura, donde convergen las diversas fuerzas parlamentarias en el conocimiento y discusión de las acusaciones, para formarse opinión.
Tampoco puede exigirse que los integrantes de la comisión de procedencia sean especialistas en el derecho, cuando para ser legisladores no se pide esto, y mucho menos que instrumenten un procedimiento riguroso y exhaustivo similar al proceso penal, porque al final de cuentas solo buscan elementos que les permitan suponer una responsabilidad en la comisión de un delito.
Teniendo estas características es demasiado exigir que el procedimiento legislativo sea acompañado de una resolución judicial de culpabilidad, en donde sí deben observarse todas las garantías procesales, con rigor y exhaustividad.
Por lo mismo, las acusaciones vertidas por el ministerio público federal deberán sostenerse ante el juez para evitar el clásico “Usted disculpe”, que en el caso de Julio César Godoy Toscano ya ocurrió con los funcionarios michoacanos liberados, y que en la especie, tiene un alto grado de dificultad, sobre todo cuando una de las acusaciones fundamentales está basada en el enriquecimiento ilícito, que para probarse requiere de una actuación eficiente de coordinación de las autoridades bancarias y financieras, quienes han demostrado su incapacidad para enfrentar con éxito el lavado de dinero.
El juicio de procedencia no es un cheque en blanco. Implica la responsabilidad el ministerio público federal de probar. Ojalá así ocurra.

Madero presidente

El chihuahuense Gustavo Madero fue electo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, con un sello interesante, no era el candidato del presidente Felipe Calderón.
Madero, quien es el segundo chihuahuense en ocupar el cargo –el primero fue Luis Héctor Álvarez en 1987, quien se reeligió por dos períodos- tiene de entrada que superar la dificultad de enfrentar al primer panista del país, quien se inclinaba –e impulsó desde los pinos- a Roberto Gil Zuarth.
La operación implementada desde las diversas secretarías federales fue insuficiente para lograr que los consejeros apoyarán el proyecto de Gil, quien por cierto, de entrada, no cumplía con los requisitos estatutarios para ser electo, específicamente la antigüedad en la militancia y pese a ello fue sostenido en la contienda.
No fueron pocos los consejeros que recibieron llamadas telefónicas, no promoviendo, sino presionando el voto a favor del alfil presidencial. Sin embargo, las llamadas resultaron contraproducentes porque afianzaron la candidatura del oriundo de chihuahua.
Calderón, desde la silla presidencial, una vez más, sucumbió a la tentación de ejercer su autoridad para buscar imponer un líder nacional de su partido, como lo había hecho en la historia reciente con los mal-logrados Cesar Nava Vázquez y Germán Martínez Cazares.
Los escollos aún no terminan para el recién estrenado presidente nacional panista. Madero tendrá que establecer conductos y canales adecuados de comunicación hacia la presidencia de la república, lo cual no se antoja nada fácil, luego de que logró imponerse en la integración de su Comité, pasando por encima de una negociación con Roberto Gil, y por supuesto, la mano presidencial.
Luego entonces se vislumbra una reedición del capítulo protagonizado en los últimos meses de la administración de Manuel Espino, donde la distancia entre Los Pinos y la calle Coyoacán, donde se ubica la sede panista, se amplió de manera considerable hasta llegar a enfrentamientos directos.
Esta línea de trabajo de Gustavo Madero es nada frente a la agenda panista: Elecciones presidenciales en 2012, donde el camino está muy avanzado por el lado del Partido de la Revolución Democrática, con Marcelo Ebrard a la cabeza, y del Revolucionario Institucional con Enrique Peña Nieto, éste último en un posicionamiento electoral claro de ventaja. A estas alturas no se vislumbra un aspirante de la talla de ambos por el lado panista.
Madero deberá conciliar grupos, principalmente el de Los Pinos, para enfrentar batalla, lo cual resulta seriamente complicado.
Por otro lado, los acercamientos de Ebrard con la Iglesia Católica y con las fuerzas económicas conservadoras del país, indican una candidatura en coalición PRD-PAN, sin un panista a la cabeza. Las primeras declaraciones de Jesús Ortega, felicitando a Madero, así lo vislumbran.
Por Encima de todo, Madero deberá demostrar desde la cúspide de dirección partidista que puede lograr consensos con las fuerzas políticas, y no solo de su aliado electoral, por encima de la superficial simpleza presidencial de aplastar al PRI, en un pensamiento autoritario: Madero tendrá que pensar como hombre de Estado, de instituciones, de gobernanza.

Responsabilidad ética y social

El tema es verdaderamente delicado pero de gran relevancia en busca de establecer la existencia de límites éticos y de responsabilidad social en el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión, o si éstos vagan libremente sin cumplir, ni aún mínimamente, con estas limitaciones personales o de orden comunitario.
La libertad de expresión es la posibilidad de manifestarse a través del habla o de la conducta misma, señas o signos, incluso el silencio, la ausencia de comunicación que también puede constituir expresión, sin ningún tipo de cortapisa.
El derecho, en el ámbito internacional, ha establecido, que si bien es cierto, la libertad de expresión no debe ser restringida arbitrariamente en forma directa o indirecta, y ha construido una profusa cantidad de criterios para salvaguardarla, jamás podrá ser sujeta a previa censura, las leyes de cada país podrán establecer reglas para que, en el marco de esa libertad, se asegure el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden, la salud o la moral pública.
Estas consideraciones ratificadas por el artículo treceavo de la Convención Americana de los Derechos Humanos tiene razón de ser en función de que las comunidades construyen reglas para funcionar en armonía, y que esas reglas deben permitir el funcionamiento adecuado de sus órganos de gobierno, con las limitaciones necesarias para evitar abusos de poder, construyendo mecanismos de control institucionales, formales y no formales.
Como los mecanismos formales pueden ser objeto de presión y manipulación institucional, los instrumentos no formales adquieren gran relevancia. Sin embargo, esto no quiere decir que se legitimen sus acciones de presión fuera del marco ético y social.
En el caso de WikiLeaks, un portal hospedado en Suecia y con dirección electrónica china, dedicado a difundir información clasificada mediante una base de datos, estamos frente a un caso de libertad de expresión y no periodismo.
Esta página no procesa información basada en los géneros periodísticos. No realiza periodismo. Difunde la información clasificada tal cual la recibe. El periodismo interpreta la información y la procesa mediante un estilo de redacción universalmente aceptado para hacerlo accesible a los lectores. Wikileaks la presenta tal cual es.
En el caso de las filtraciones publicadas por dicha página, el periodismo lo están realizando miles de periódicos digitales, impresos, televisoras y radio en el mundo. El hecho noticioso es la existencia de una organización dedicada a difundir por la web información clasificada así como el contenido de los cables por ella revelada y el proceso judicial domestico e internacional que le siguen los países que se dicen afectados por la divulgación de dichos cables, donde por cierto México no escapa en un tema sumamente sensible como es el combate al narcotráfico.
¿Viola Wikileaks diversas leyes nacionales e internacionales con la publicación de la información clasificada, vulnerando la seguridad nacional o el orden interno? Claro que lo hace. A nadie le queda duda.
La cuestión es hasta donde pone en riesgo los esfuerzos comunitarios de organización interna en los países para enfrentar sus problemas graves y delicados, subiendo información clasificada en forma indiscriminada, masiva, sin pensar en sus consecuencias.
La libertad de expresión y el periodismo tienen una alta responsabilidad social y comunitaria.

Auditoria política

Los mecanismos de auditoría establecidos en la función pública, ya sean preventivos o remédiales, permiten presumir que es sumamente difícil encontrar que una irregularidad pueda pasar desapercibida en cualquier nivel de la administración.
Pero además, existe un punto de unión entre los órganos de auditoría federal y estatal cuando existe la presencia de recursos del primer ámbito, donde podría decirse, hay una doble revisión.
Probablemente lo difícil es establecer las consecuencias derivadas del grado de responsabilidad individual resultantes y, antes, concluir si realmente existe una irregularidad simple de violación de procedimientos administrativos o estamos frente a una falta que amerita persecución penal.
A nivel federal y estatal se sigue el mismo esquema de revisión, primero a través de los órganos internos establecidos en las administraciones, como es el caso de la Secretaría de la Función Pública o de las contralorías estatales. Dichos órganos auditan el ejercicio de recursos que ejecutan las diversas dependencias.
Adicionalmente, por sanidad administrativa, los órganos contratan despachos internos para reforzar las tareas desarrolladas por los departamentos de auditoría, en busca de reforzar candados y revisar exhaustivamente procesos que pudiesen estar fallando y, que en consecuencia, trajeran aparejadas deficiencias en el manejo de recursos y su posterior comprobación adecuada.
El tema tiene que ver con el caso de la exgobernadora de Zacatecas, Amalia García. Ya lo aceptaba recientemente el contralor del gobierno del estado de aquella entidad, aún no se configura una responsabilidad directa de la gobernadora en las presuntas irregularidades administrativas señaladas hace unas semanas, pero la información genera incertidumbre y golpeteo.
La gobernadora García constituye uno de los activos políticos relevantes del sistema político, por el simple hecho de haber ocupado una gubernatura. Independientemente de ello, debe ser sujeta al escrutinio. Ser una figura de ese tamaño no la salva de ello. Sin embargo, la autoridad debe ser cuidadosa en el fondo y en la forma, porque al final, las aseveraciones oficiosas y sin sustento terminan lastimando a la misma administración pública.
Al final, los órganos de gobierno, cualquiera que sea su ámbito, construyen credibilidad ciudadana, hoy severamente lesionada. Por ello, la información debe ser sumamente objetiva y responsable.
No se trata solo de satisfacer designios políticos. Se trata de ejercer cabalmente la misión de trasparencia y rendición de cuentas, lo cual no se colma con el simple hecho de acudir al uso mediático denunciando presuntas violaciones de procedimiento administrativo, sino cumpliendo con los tiempos y procesos de auditoría, que al final, arrojan las responsabilidades especificas, que deberán ser solventadas en términos contables y jurídicos.
Un proceso de auditoría responsable es más efectivo, porque el funcionario es llamado a cuentas con los elementos sobre la mesa y no sobre situaciones que aún deben ser confirmadas, y al hacerlo, distribuir cargas individuales, y en ello, aplicar las sanciones que correspondan.