Al
colega Jorge Chairez Daniel, formado en la brega periodística en Ciudad Juárez,
descanse en paz.
La conformación de una nueva legislatura federal es una oportunidad para
avanzar en el fortalecimiento normativo de la libre expresión de las ideas, ya
que en el tintero se encuentran múltiples aspectos pendientes que han sido
desplazados a segundo término, en detrimento y riesgo del ejercicio
periodístico.
La creación de una Comisión Ordinaria en el seno de la Cámara de Diputados,
dedicada a revisar los grandes temas del periodismo y la libre expresión de las
ideas, en sustitución de la Comisión Especial que ha funcionado a trompicones y
sin seguimiento real en las últimas dos legislaturas, adquiere dimensiones
relevantes, ya que es un llamado a constituir la principal caja de resonancia
temática al respecto, crucial para enlazar los esfuerzos del periodismo
organizado y la principal representación ciudadana, que desafortunadamente
-hasta el momento- ha marcado distancia.
Sin recursos ni personal suficiente, la Fiscalía Especializada en Atención
a Delitos contra Periodistas, se convierte en un elefante blanco al interior de
la Procuraduría General de la República. Ni la actual administración ni las dos
anteriores, visualizaron la relevancia de apuntalar al área especializada en
atender los delitos que atentan contra la libre expresión. La consecuencia de
ello es la impunidad, y de la mano, una invitación a que se continúen
cometiendo delitos contra periodistas, comunicadores y personas que realizan
cotidianamente actividades en prensa, radio, televisión o medios digitales.
La reglamentación al artículo 134 constitucional en materia de propaganda
gubernamental se encuentra detenida desde 2007. En tanto, la publicidad sigue
siendo utilizada como instrumento no solo de la comunicación política, sino
para premiar favores o castigar líneas editoriales. Los Estados carecen de
posibilidad de avanzar en esa reglamentación a nivel estatal mientras a nivel
nacional se evite una decisión.
Es cierto que la reciente reforma en transparencia tiene muchas virtudes al
ampliar los sujetos obligados y fortalecer el ejercicio ciudadano mediante la
construcción de un órgano constitucional autónomo, sin embargo es necesario
profundizar en el procedimiento, que aún continua siendo tortuoso y aletargado,
con fases que permiten a las instituciones escurrirse en el tiempo y dar la
vuelta a sus obligaciones de transparencia. Los plazos tienen que ser de nuevo
revisados.
La ley de seguridad social para el periodista es otro de los grandes
pendientes legislativos. El ejercicio ocurrido en Guerrero desde hace una
década debe ser replicado al resto del país. La función de los comunicadores y
periodistas debe ser considerada vital en una sociedad democrática y por tanto
de interés social y público. La protección elemental a los periodistas
contribuye a fortalecer su independencia y objetividad, amén de que se
constituye como un reconocimiento social a su actividad, la cual en la
generalidad y con sus excepciones se encuentra deficientemente remunerada.
Como se observa, la nueva legislatura -que habrá de asumir próximamente-
tiene una agenda cargada de pendientes por revisar. Creo que debe empezar -al
menos y como una muestra de sensibilidad y decisión- por la creación inmediata
de la Comisión Especial, para crear ese foro necesario e indispensable en San
Lázaro, que servirá de caja de resonancia para impulsar el resto de la agenda.
Si empezamos por lo menos, pero de inmediato, creo que podemos ir por lo
más. La Comisión no requiere más que la voluntad política de los grupos
parlamentarios, como aconteció en el pasado con el tabasqueño Gerardo Priego o
la guerrerense Beatriz Mojica, legisladores que en su momento se convirtieron
en impulsores de la libre expresión desde la Cámara de Diputados.
Si no se empieza por lo menos, no vamos a ir por lo más. Como ocurrió en la
actual legislatura que está por terminar.
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