Lo que en el fondo se discute en torno al absurdo veto presidencial que impide otorgar diez mil millones de pesos extraordinarios para apoyar un campo devastado por la sequía así como las afectaciones graves provocadas por heladas e inundaciones en veinte entidades federativas, no es el formalismo legal, sino la insensibilidad para generar auxilio emergente ante situaciones inéditas, existiendo recursos para ello.
No es nada ortodoxa la decisión de la Cámara de Diputados de modificar el decreto legislativo vigente que autorizó el presupuesto de egresos del 2011: es inédita la resolución camaral, y por lo mismo, sería deseable que caminará en una ruta de controversia constitucional para revisar las facultades que los legisladores tienen para reconducir el presupuesto nacional ante situaciones de evidente necesidad, con cuatro millones de cabezas de ganado en riesgo y la agricultura colapsada en un 70 por ciento.
Los diputados, con 284 votos, decidieron, como medida desesperada y extraordinaria, aprobar la ley que creaba el apoyo emergente para Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco y Veracruz, a sabiendas de que con ello abren un nuevo capítulo en la interpretación de las normas que regulan el ejercicio del gasto en el país, ante la cerrazón mostrada por la federación para destinar apoyo con base en la suficiencia existente en 30 mil millones de pesos de subejercicio así como excedentes en ingresos por petróleo y reservas internacionales por 125 mil millones de dólares.
Es cierto que ya hay recursos federales presupuestados y muchos ejercidos para apoyar la situación emergente: no se discute su ausencia, lo que se señala es la insuficiencia palpable del dinero público destinado y la ceguera en la implementación de programas y políticas públicas federales, como lo ha establecido con claridad la Universidad Autónoma de Chapingo, en una situación que amenaza en 2012 con agudizar la escasez de alimento y el aumento en el precio de los productos de consumo básico.
Es poco probable que los legisladores alcancen las dos terceras partes de los votos para derribar el veto presidencial, ya que los diputados y senadores del PAN, insensibles también, han manifestado de antemano su postura de apoyar la decisión de Felipe Calderón, bajo el formulismo jurídico supuesto de la insuficiencia de fundamento en la ley, sin observar la pertinencia de la misma: su urgencia en la aplicación para ayudar a los campesinos y sus familias.
¿De qué sirve que las reservas, el subejercicio y los excedentes recaudados permanezcan en la caja fuerte de la presidencia de la república en un año electoral? Probablemente de mucho para afanes electoreros, alejados de la realidad caótica que plantea el desastre en el campo, y la situación crítica de veinte entidades federativas.
Lo peor es que se niega la existencia de esos recursos, cuando la Cámara de Diputados los ha documentado. Negar que existan es insostenible, mejor sería aceptar que se trata de una política financiera macro que privilegia los grandes intereses económicos en lugar del bienestar de la población.
En Argentina Cristina Kirchner atraviesa por un momento similar. Las cacerolas no han dejado de sonar por su cerrazón de implementar apoyos fiscales a zonas devastadas, bajo el falso argumento de igualdad fiscal.
Lo mismo pasa en México: se cuestiona una decisión legislativa inédita, nada ortodoxa, cuando en el fondo es indispensable autorizar apoyos urgentes para el campo, cuando aún no se han dejado sentir en su magnitud los estragos del seco invierno. Estamos hablando de 2011 cuando 2012 se asoma a la ventana y amaga con un recrudecimiento de las condiciones sociales de la población más desprotegida.
