“Felicidades
al Club Primera Plana ,
especialmente a su Presidente, Raúl
Gómez Espinosa, por la extraordinaria reunión, bajo la
anfitrionía del Senador Joel Ayala, en la que se reconoció la trayectoria de
decenas de periodistas de todo el país, entre ellos el chihuahuense Ernesto Salayandia ,
pionero del periodismo radiofónico, enhorabuena”
La protección a los periodistas y medios de
comunicación, así como a todas aquellas personas que habitual u ocasionalmente
ejercen su derecho constitucional a la libre expresión de las ideas, debe
contar con tres elementos de apoyo institucional, que son básicos y
fundamentales: las acciones preventivas, el mecanismo de protección a
periodistas, y una fiscalía especial fuerte y dotada de recursos económicos
suficientes.
Se ha ido avanzando en la segunda. Ya existe una
ley que la soporta y un mecanismo ciudadanizado donde participan organizaciones
periodísticas, que atiende actualmente a cerca de sesenta colegas que están
protegidos mediante medidas cautelares. Nos falta incidir aún más en las
acciones de prevención, que consideradas en la ley mediante programas específicos,
no se han concretado de manera efectiva en todo el país.
En cuanto al tercer aspecto, la Fiscalía,
creada desde 2006 para la protección de periodistas y reformada en 2010 para
protección de delitos cometidos contra la libertad de expresión, se ha
convertido en un instrumento benéfico pero inoperante por la ausencia de
recursos humanos y materiales.
Actualmente, en 2015, la Fiscalía recibe 28
millones 891 mil 583 pesos, apenas el
. 16 por ciento (punto dieciséis por ciento) del presupuesto
asignado a la
Procuraduría General de la República, que este año ejercerá
17 mil 29 millones de pesos.
Pero además, el diseño de la estructura
hace que la Fiscalía prácticamente ejerza sus recursos en personal, sin mayor
posibilidad de operación: de ese presupuesto, la Fiscalía destina 14.7 millones
de pesos al pago de salarios y prestaciones (4.9 y ¿9.7 millones?), quedándole
apenas 1.1 millones para materiales y
suministros y 13 millones para servicios generales. No hay posibilidad
operativa.
Pero aún más, si en el análisis del recurso
encontramos que 7.8 millones del dinero presupuestado en el rubro de servicios
generales obedece al gasto denominado “servicios profesionales, actividades
técnicas y otros servicios”, que debe ser interpretado como otro rubro de
recursos personales, la operatividad se ajusta aún más, porque la partida de
servicios personales crecería hasta el 78 por ciento, unos 22 millones de los
28 millones presupuestados.
El reciente nombramiento del abogado
Ricardo Nájera Herrera como nuevo Fiscal, debe abrir la oportunidad para
retomar la discusión de fortalecer la Fiscalía. Incluso ,
de superar su creación administrativa a través de la modificación a la Ley Orgánica de la
Procuraduría, para dotarla del suficiente estatus jurídico y no escape a la
dotación del recurso económico suficiente para atender las agresiones en contra
de los comunicadores.
El hecho de elevar de categoría normativa
de creación a la Fiscalía, le daría una mayor visibilidad ante la Cámara de
Diputados, al momento de revisar y asignar las partidas presupuestales
pertinentes.
No puede ser que la Fiscalía cumpla con su
cometido con un presupuesto asignado para comunicación social de 570 mil pesos
y 663 mil 921 para traslados y viáticos: la difusión y amplia socialización de
su funcionamiento, de los delitos contra periodistas, comunicadores, y medios
de comunicación es fundamental, como lo es la atención in situ de las
agresiones cometidas.
Es cierto. Estamos en época de austeridad.
Sin embargo, la libertad de expresión constituye una de las principales
libertades que el Estado debe proteger, lo cual no se hace escatimando los
recursos en un contexto en el cual México recibe continuos señalamientos
internacionales en materia de Derechos Humanos.
