Columna de análisis crítico

martes, 29 de septiembre de 2015

Recursos insuficientes


“Felicidades al Club Primera Plana, especialmente a su Presidente, Raúl Gómez Espinosa, por la extraordinaria reunión, bajo la anfitrionía del Senador Joel Ayala, en la que se reconoció la trayectoria de decenas de periodistas de todo el país, entre ellos el chihuahuense Ernesto Salayandia, pionero del periodismo radiofónico, enhorabuena”

La protección a los periodistas y medios de comunicación, así como a todas aquellas personas que habitual u ocasionalmente ejercen su derecho constitucional a la libre expresión de las ideas, debe contar con tres elementos de apoyo institucional, que son básicos y fundamentales: las acciones preventivas, el mecanismo de protección a periodistas, y una fiscalía especial fuerte y dotada de recursos económicos suficientes.

Se ha ido avanzando en la segunda. Ya existe una ley que la soporta y un mecanismo ciudadanizado donde participan organizaciones periodísticas, que atiende actualmente a cerca de sesenta colegas que están protegidos mediante medidas cautelares. Nos falta incidir aún más en las acciones de prevención, que consideradas en la ley mediante programas específicos, no se han concretado de manera efectiva en todo el país.

En cuanto al tercer aspecto, la Fiscalía, creada desde 2006 para la protección de periodistas y reformada en 2010 para protección de delitos cometidos contra la libertad de expresión, se ha convertido en un instrumento benéfico pero inoperante por la ausencia de recursos humanos y materiales.

Actualmente, en 2015, la Fiscalía recibe 28 millones 891 mil 583 pesos, apenas el .16 por ciento (punto dieciséis por ciento) del presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República, que este año ejercerá 17 mil 29 millones de pesos.

Pero además, el diseño de la estructura hace que la Fiscalía prácticamente ejerza sus recursos en personal, sin mayor posibilidad de operación: de ese presupuesto, la Fiscalía destina 14.7 millones de pesos al pago de salarios y prestaciones (4.9 y ¿9.7 millones?), quedándole apenas  1.1 millones para materiales y suministros y 13 millones para servicios generales. No hay posibilidad operativa.

Pero aún más, si en el análisis del recurso encontramos que 7.8 millones del dinero presupuestado en el rubro de servicios generales obedece al gasto denominado “servicios profesionales, actividades técnicas y otros servicios”, que debe ser interpretado como otro rubro de recursos personales, la operatividad se ajusta aún más, porque la partida de servicios personales crecería hasta el 78 por ciento, unos 22 millones de los 28 millones presupuestados.

El reciente nombramiento del abogado Ricardo Nájera Herrera como nuevo Fiscal, debe abrir la oportunidad para retomar la discusión de fortalecer la Fiscalía. Incluso, de superar su creación administrativa a través de la modificación a la Ley Orgánica de la Procuraduría, para dotarla del suficiente estatus jurídico y no escape a la dotación del recurso económico suficiente para atender las agresiones en contra de los comunicadores.

El hecho de elevar de categoría normativa de creación a la Fiscalía, le daría una mayor visibilidad ante la Cámara de Diputados, al momento de revisar y asignar las partidas presupuestales pertinentes.

No puede ser que la Fiscalía cumpla con su cometido con un presupuesto asignado para comunicación social de 570 mil pesos y 663 mil 921 para traslados y viáticos: la difusión y amplia socialización de su funcionamiento, de los delitos contra periodistas, comunicadores, y medios de comunicación es fundamental, como lo es la atención in situ de las agresiones cometidas.

Es cierto. Estamos en época de austeridad. Sin embargo, la libertad de expresión constituye una de las principales libertades que el Estado debe proteger, lo cual no se hace escatimando los recursos en un contexto en el cual México recibe continuos señalamientos internacionales en materia de Derechos Humanos.