Las elecciones en el Estado de México son cruciales en torno al proyecto de Nación: pretender derrotar a la corrupción llevará a la sepultura de la democracia en 2018: el mal mayor puede ser irreversible y de un daño incalculable.
El poder formal y fáctico ha refinado sus tácticas para cooptar la libertad de expresión, ora utilizando acciones directas en contra de periodistas y medios de comunicación, ora utilizando el sistema jurídico en sus facetas fiscales, administrativas, civiles e incluso penales.
Es cierto que las acciones directas son fácilmente identificables y generan un encono de la sociedad, por lo cual han sido dejadas hasta cierto punto de lado -los crímenes son una prueba de que aún persiste-, salvo esporádicos actos de intolerancia, discurso de odio o agresión de funcionarios o policías. La rápida reacción de repudio en medios y organizaciones periodísticas -cada día con una mayor organización-, provoca inmediatamente la solidaridad de la opinión pública.
Por ello se buscan acciones encubiertas, subterfugios legales o administrativos: una auditoria del Servicio de Administración Tributaria, una visita sorpresa de inspectores del Instituto Mexicano del Seguro Social, e incluso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios por aquello de manejo en comedores o la Profepa por químicos contaminantes.
La baraja de acciones fiscales o administrativas es amplia en contra de empresas que no requieren de una concesión o permiso oficial, no se diga en aquellas que están sujetas a un régimen de autorización, como la radio o la televisión, que deben soportar la presión oficial al momento de la renovación, cuanto más al concursar por un nuevo espacio radio eléctrico explotable -sin exculpar las acciones lamentables donde se falsea información para obtener las prebendas de nuevos jugadores y que culminaron con la nulidad de facto de la reciente licitación 2017-.
La Declaración de Chapultepec, en su punto número siete, se refiere a estas situaciones: "Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas".
Durante un tiempo el premio para las empresas periodísticas fue la prestación de papel a precios subsidiados e incluso, financiado, por una empresa estatal denominada Pipsa: pero también fue el castigo para aquellas editoras que no se plegaban al designio oficial. La liberación de importación permitió sacudirse de este mecanismo de premio y castigo.
Sin embargo, la importación de maquinaria, tecnología y equipo informático se convirtió en una nueva espada de Damocles, por la severidad del arancel cobrado en las aduanas, hasta que de nueva cuenta, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se liberó el trasiego de este tipo de productos y servicios. Pero no por ello deja de ser una herramienta de presión oficial, particularmente de la federación.
Debe llamar la atención que el otorgamiento y supresión de publicidad oficial ocupe un espacio dentro del punto séptimo, junto con aquellas estrategias de cooptación oficial sobre los medios de comunicación.
Ni la Federación ni las entidades federativas han reglamentado legalmente éste aspecto, pese a existir una obligación de carácter constitucional derivado de las reformas del 2007 al artículo 134.
Existe un reglamento administrativo emitido por el Secretario de Gobernación que establece lineamientos de contratación.
Sin embargo, la regulación que se requiere al respecto debe contemplar aspectos de pluralidad, cultura, pertinencia, subsidariedad, impulso al empleo: la pauta publicitaria no debe considerar únicamente la audiencia, porque con ello se privilegian los grandes medios de comunicación, que en su mayoría se orientan al entretenimiento y la comunicación superficial.
La pauta publicitaria debe alentar el surgimiento de medios de comunicación regionales que impulsen el pensamiento crítico, partícularmente en relación con el poder público y fáctico: genera empleo en el sector de medios de comunicación, e impulsa las pequeñas empresas.
La tentación, lamentablemente, es la manipulación de la pauta publicitaria, incluso tratar de evadir a los medios de comunicación provocando su inanición: incluso la edición de medios gubernamentales o gacetillas insertas en los grandes medios, como la radio, la televisión o la prensa es parte de este plan.
No existe una visión de Estado en la materia, sino una intención de gobierno, inmediatista y coyuntural, con fines electorales para la conservación simple y elemental del poder.
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