Es cierto que la próxima legislatura tiene la obligación de acometer reformas necesarias e imprescindibles en materia política, educativa, económica y social, sin embargo, no son los únicos temas relevantes.
Existe un apartado de reforzamiento legal tendiente a proteger la actividad periodística, que no puede ser soslayado y que ha sido dejado de lado.
Las organizaciones periodísticas Fapermex y Felap, Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y Federación Latinoamericana de Periodistas, han insistido en adecuaciones a la Constitución General de la República, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y códigos penales estatales.
Se trata, en principio, de elevar a rango constitucional federal el secreto profesional y la cláusula de conciencia, para que, por un lado, no se exija a los colegas revelar sus fuentes de información vía judicial, y por el otro, que se evite la censura por la forma de pensar plural y diversa de los comunicadores en los distintos medios y empresas.
Asimismo, se propone que las leyes orgánicas y sus reglamentos, tanto de la cámara de diputados como de la procuraduría sean adecuadas, para fortalecer la comisión y la fiscalía, dedicadas a proteger a los periodistas y los medios de comunicación.
Por un lado, para que la comisión tenga rango de ordinaria y abandone el carácter de especial, que le impide presentar dictámenes ante el pleno, y que por lo tanto, tiene que depender de otras comisiones dictaminadoras.
Por otro lado, la fiscalía tendría que ser elevada a rango de subprocuraduría, para obtener suficientes recursos económicos y humanos e investigar adecuadamente los expedientes relacionados con agresiones a comunicadores, sin demerito de las líneas de investigación que en su caso desarrolle la subprocuraduría de investigación en delincuencia organizada.
No toda la reforma legislativa tiene que ver con el ámbito federal. También hay un trabajo pendiente en las legislaturas estatales. En este sentido, es demasiado tímido que el ámbito federal despenalice delitos de difamación y calumnia, sin que las entidades lo hagan. Es necesario un pronunciamiento fuerte por parte de la Cámara de Diputados en este sentido.
Hasta el momento son menos de diez Estados quienes han optado por eliminar de la legislación estatal estos delitos. El resto, continua castigando con cárcel estos delitos, lo que en algunos casos es utilizado como un arma política, una moderna espada de Damocles, en perjuicio de la labor de los comunicadores.
No cabe duda que los diputados federales, que inician funciones, tienen una alta responsabilidad. Ojala no la soslayen.
