El gobierno de México ha adoptado un sistema centralista flexible de funciones, que especializa áreas con la finalidad de eficientar el servicio público.
De esta manera, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal considera una serie de unidades administrativas, denominadas Secretarias, a través de las cuales se despliega el quehacer del poder ejecutivo.
Por ejemplo, Agricultura atiende las necesidades del campo, turismo la promoción y generación de divisas de la industria sin chimeneas, entre otras; en total dieciocho secretarias y una consejería jurídica del ejecutivo federal.
Es obvio que en un ejercicio de creatividad e ingenio, las secretarias podrían desaparecerse hasta constituir tres o cuatro súper secretarias, que aglutinen sectores: Se me ocurre, por ejemplo, seguridad nacional, subsumiendo en ella gobernación, defensa nacional, seguridad pública, y marina, incluyendo, por supuesto, la Procuraduría General de la República.
En otra gran súper secretaria podrían quedar aquellas que tienen que ver directamente con bienestar social, calidad de vida y desarrollo, como por ejemplo, desarrollo social, salud, educación, trabajo y previsión social, agricultura, medio ambiente y recursos naturales.
En una tercera gran super secretaria, podrían aglutinarse las áreas ligadas con la economía, por supuesto economía, hacienda, energía, comunicaciones y transportes, y turismo. Podría cuestionarse si función pública queda en esta última súper secretaria o en seguridad nacional. Me inclinó por esta última opción partiendo de la base de que el combate a la corrupción es un asunto, sin lugar a dudas, de seguridad nacional.
Como se ve, si se quiere adelgazar el aparato burocrático, se puede lograr y concentrar el poder en tres súper secretarios, con funcionarios de menor nivel y salario, atendiendo las cuestiones concretas por rubro.
Pero no me parece una buena decisión. La administración pública federal se ha especializado y ha demostrado, en general, su eficacia, en función de necesidades, económicas, sociales e incluso políticas. Ha sido una evolución que ha permitido el funcionamiento federal.
Desaparecer la secretaria de la función pública, es enviar a un segundo nivel el combate a la corrupción; lo mismo pasará con turismo y reforma agraria, cuando las tres son funciones relevantes y de especial interés para los mexicanos.
Si las secretarías están fallando, que se diga mediante cual mecanismo o procedimiento evaluatorio, se llega a dicha conclusión; y que incluso se adjudiquen responsabilidades; de lo contrario, la medida presidencial parece coyuntural, desesperada y por tanto, inadecuada; si en el fondo se trata de generar ahorros, hay otras medidas que adoptar.
