El sistema de seguridad en el país, basado en una distribución de competencias según el tipo de delito, no es incorrecto.
Modificar dicho sistema no traerá la solución de manera automática, porque está íntimamente relacionado con otros mecanismos de distribución de competencias, como el fiscal.
El modelo de seguridad se basa en el tipo de país. México es una federación, integrada por entidades con cierto grado de soberanía en función de su dependencia del marco constitucional federal, en el cual se establecen las competencias.
Las entidades federativas y los municipios en su interior, están llamados a combatir los delitos del fuero común y las faltas al denominado bando de policía y buen gobierno, con una función, en el último caso, eminentemente preventiva.
Los otros delitos, los del fuero federal, donde destaca por su trascendencia e impacto el narcotráfico en sus diversas modalidades, son combatidos por el gobierno federal.
¿Por qué? El gobierno federal cuenta con mayores recursos económicos, en el caso del narcotráfico se trata de un delito de interés multinacional y en el ámbito de la estrategia y la táctica operativa, las corporaciones federales pueden aprovechar la ausencia de arraigo y con ello una mucho menor vulnerabilidad de sus elementos al ser ajenos a los lugares donde enfrentan el crimen.
Los agentes federales y sus mandos inmediatos no pertenecen a las entidades federativas donde despliegan sus acciones policiacas, lo cual no ocurre con las corporaciones estatales y municipales, lo cual coloca a estos últimos en una situación de desventaja, como ha quedado demostrado con el homicidio de elementos y mandos municipales en diversos puntos del país.
Decir que el narcomenudeo no es narcotráfico es difícil de sostener. Se trata de un eslabón más de un delito contra la salud. Ligado, íntimamente ligado al narcotráfico. ¿De dónde se obtiene la droga y el financiamiento para operar la venta de narcóticos si no es a través de su vinculación con los grupos del crimen que día a día tejen sus redes de distribución y realizan acciones de protección y ampliación de territorios, como lo ha señalado el mismo Alejandro Poire, Secretario de Seguridad Pública Federal?
La lógica indica que a mayores atribuciones mayores recursos. Darle a las entidades federativas la responsabilidad de combatir el narcomenudeo significa considerar un aumento significativo de presupuesto, que se traduzca en armamento, vehículos apropiados, política de seguridad para sus elementos y familias, entre otros rubros.
Dotar de más responsabilidades sin el recurso, es una simple estrategia de cargar a los estados con un objetivo meramente mercadológico, que en el fondo parece significar una claudicación federal, que se deberá explicar no solo a los mexicanos, sino al mismo entorno internacional.
