Vandalismo

Es evidente que el detonante del Pacto por México firmado por las fuerzas políticas mas importantes del país, y atestiguado por el Presidente Enrique Peña Nieto, lo fueron los actos vandálicos del primero de diciembre. Un día antes, el Partido Acción Nacional -con su omisión y actitud dubitativa- secundó la decisión perredista de evitar la firma del Pacto, consensuada por el Presidente Nacional del Revolucionario Institucional, enviando un mensaje de ausencia de acuerdos previo a la toma de posesión del exgobernador del Estado de México, tratando -sin éxito- de lesionar la imagen del Jefe del Ejecutivo Federal. Se leía en la decisión cupular de la oposición un afán por presionar en medio de las medidas preventivas adoptadas para evitar un escenario de toma del Palacio Legislativo, anunciado por fuerzas radicales de izquierda. Les molestaron las decisiones de blindar el palacio legislativo en lo exterior y en el interior, en una decisión de inteligencia y determinación por preservar la realización sin contratiempos del acto solemne de transmisión del poder nacional, concretado en la colocación de la banda presidencial y la toma de protesta constitucional. Primero fue socavar la firma del Pacto: luego, el uso de bombas molotov en el exterior por medio de grupos anarquistas que chocaron contra los granaderos y destrozaron todo a su paso desde Bucarelli hasta Bellas Artes. La violencia utilizada por los jóvenes no tiene parangón: el mismo Marcelo Ebrard apareció en Televisión Nacional mostrando su enojo por el uso desproporcionado y planeado del vandalismo: el ala radical de la izquierda se movilizó para hacer evidente su malestar por la asunción de un nuevo presidente ajeno a sus intereses y deseos. La izquierda moderada inmediatamente se replegó a las manifestaciones vandálicas: Ebrard se coordinó en las acciones policiacas de contención con el subsecretario de seguridad del gobierno Federal, Manuel Mondragon y Kalb, quien hace apenas unos días fungía como el responsable de la seguridad en el gobierno del Distrito Federal. El saldo fue impresionante: 150 millones de pesos en daños a inmuebles en la zona de San Lazaro y 28 millones en Reforma: en total la zona comercial, turística y financiera dejó de realizar operaciones por 950 millones de pesos, según cálculos de la Cámara de Comercio. La condena a los actos vandálicos es unánime. No existe -salvo Andres Manuel y sus seguidores- quien justifique las acciones de los jóvenes utilizados como instrumento criminal de presión, y no de autentica libertad de expresión y manifestación, como debió haber ocurrido. La constitución y las leyes protegen la libre manifestación de las ideas. Es responsabilidad de todos, de la sociedad en su conjunto, alentar, no solo proteger, el derecho de discrepar e increpar, pero en el marco del respeto al derecho de terceros y la conservación de la paz social. Un sociedad plural se manifiesta en la tolerancia de la discusión de los asuntos públicos, no en la violencia del tono estridente, las bombas molotov y las manifestaciones incendiarias. Conscientes de ello, las fuerzas de oposición cedieron, probablemente asustadas de los actos vandálicos, a la firma de un pacto de alcances ambiciosos que busca rescatar la confianza en las instituciones y generar acciones de bienestar común a corto y mediano plazo, donde destacan la reforma educativa, salud y seguridad social, telecomunicaciones, combate a la delincuencia y corrupción.