Después del denominado “michoacanazo”, cuando una veintena de servidores públicos municipales y estatales fueron liberados tras un largo proceso en el cual fueron victimizados doblemente –presos tal viles delincuentes y juzgados culpables a través de una intensa y despiadada campaña mediática- era difícil pensar en un nuevo capítulo vergonzoso para la administración de Felipe Calderón, pero nos equivocamos, no tardaba en ocurrir el “Hankanazo”.
Tal vez se pensó en un simple efecto mediático para golpear al poderoso grupo político Atlacomulco, en una doble consecuencia, inmediata tratando de afectar la ventaja electoral de Eruviel Avila, y mediata, empañar la carrera presidencial de Enrique Peña Nieto, asumiendo la presidencia de la República una clara faceta partidista, alejándose de la imparcialidad de la persecución de los delitos y el necesario, estricto, cumplimiento del procedimiento penal, como garantía máxima del estado de derecho.
Fue sencillo para la Juez de Distrito, que tuvo que resolver con respecto a las acusaciones, y así salir del aprieto: las acusaciones no aguantaron ni el primer análisis, de hecho esto nunca ocurrió, la primera fase, la legalidad de la detención y el acopio de los elementos de prueba, las armas, cayó como pesada losa al demostrarse que no existió flagrancia porque la secuencia de hechos presentada por el Ministerio Público Federal fue torpe, atropellada e inconsistente: el ejército, al final de cuentas, solo acudió en apoyo, coadyuvancia, en el marco de los operativos conjuntos que actualmente se desarrollan contra el crimen organizado.
En lugar de preparar el caso, integrar una averiguación, intervenir comunicaciones, hacer acopio de testigos –como ahora se dice existen, al menos uno protegido que atestiguo en torno al asesinato de una joven vinculada sentimentalmente con el hijo de Jorge Hank Rhon con quien procreo una niña- el Ministerio Público Federal instiga a las fuerzas armadas, se introducen sin orden de cateo al domicilio del polémico empresario y lo presentan ante la Juez, menospreciando la posibilidad de un arraigo que en el orden federal es una posibilidad para sustentar acusaciones, ganando tiempo en preparar el asunto: asumen –equivocados- que con el golpe mediático es suficiente.
Posteriormente, sin facultades, la procuraduría estatal de Baja California ordena un arraigo administrativo para tratar de construir un caso de asesinato, sin contar que, violando una garantía constitucional, inmediatamente un juez de distrito otorga la suspensión, ordenando la liberación inmediata del exalcalde de Tijuana.
En automático la PGR apela, más que todo por orgullo propio, en la antesala de un nuevo revés y emprende un ataque mediático en contra del poder judicial por no valorar los elementos aportados, sin tomar en cuenta que estando viciado de origen el procedimiento penal, el resto de los elementos pasan a carecer de importancia, al existir una imposibilidad de valoración, ya que no puede existir sujeción a proceso por la ilegalidad con que se procedió.
¿Es posible tanta torpeza? ¿Hay premeditación o mala fe en ella?
Lo cierto es que el Presidente de la República no la pasa muy bien estos días porque mientras habla de un pasado autoritario y carente de estado de derecho, el Ministerio Público Federal actúa como su órgano político partidista y riñe con el Poder Judicial que le llama la atención protegiendo la elemental garantía de legalidad.
