El mensaje que envía el presidente de la república Felipe Calderón, al quejarse amargamente de las decisiones judiciales, tiene –indudablemente- un tono de desesperación e impotencia; aún más, un dejo de insatisfacción de la actuación del ministerio público federal, el cual, pese a los cambios ordenados recientemente, no tiene modificación sustancial y continúa presentando serios contratiempos.
El domingo en su aparición mediática, el jefe del ejecutivo se refirió a las decisiones adoptadas recientemente por un juez que liberó -virtud una suspensión provisional- a un alto funcionario de la Comisión Federal de Electricidad acusado de peculado por unos tres millones de dólares.
Para el presidente, en términos coloquiales, la decisión, “lo ha hecho cansarse”, porque, dice, “uno los agarra, y los agarra, y los agarra, y ellos los sacan, y los sacan, y los sacan”. Se queja de que este personaje fue detenido el sábado y el domingo por la madrugada ya tenía un amparo y salió libre.
Es interesante la declaración presidencial. ¿Puede cansarse un presidente? Creo que sí. Necesita entonces un descanso de las pesadas tareas que tiene bajo sus hombros. Necesita unas vacaciones. Un año sabático. O, tal vez, habrá intentado manifestar que esta fastidiado, molesto, harto. No lo sé. La verdad es que resulta desmotivante escuchar al primer mandatario nacional manifestar que está cansado.
Tal vez lo que debiera hacer es iniciar un procedimiento en el marco de las disposiciones legales aplicables en contra de los jueces que lo han “cansado” en lugar de hacer una manifestación estrictamente mediática, coloquial, a través de la cual busca identificarse con los miles de ciudadanos que han sentido un cansancio similar y que no han encontrado auténticamente justicia en las instancias federales.
¿Es que será que el presidente es un ciudadano común que no se ha dado cuenta que es el titular de uno de los poderes del Estado, y que como tal, tiene a su alcance una serie de instrumentos para evitar desaseo en el ámbito judicial?
Por otro lado, la tarea de la autoridad investigadora no solo es agarrar a los delincuentes, tal y como lo señala el Jefe del Ejecutivo Federal. La tarea es detenerlos e integrar adecuadamente las carpetas de investigación, con el soporte probatorio adecuado para sostener la acusación y evitar la impunidad.
Tal ocurre igual con los jueces: no se trata de soltar delincuentes: se trata de impartir justicia, de enlazar las conductas con la norma e imponer las sanciones.
Cuando los jueces incurren en decisiones equivocadas, las personas tienen derecho a otros instrumentos de defensa que incluyen posibles sanciones a los juzgadores cuando éstos actúan de manera omisa e irresponsable.
Por ese motivo, las declaraciones del Consejo de la Judicatura Federal en torno a las afirmaciones presidenciales resultan pertinentes.
Es irresponsable, más en una autoridad, cuando se acusa sin pruebas o bien, no se aportan estas, o más aún, cuando existiendo la posibilidad de interponer recursos para sancionar malos juzgadores, no se asumen, y en lugar de ello se adopta una posición estrictamente mediática, peligrosa, que atenta contra las instituciones.
