El consenso entre las fuerzas políticas para aumentar los impuestos el próximo año, legaliza la determinación, pero no la convierte en legitima ni en óptima, como mecanismo para enfrentar la crisis.
De acuerdo con el mecanismo constitucional de funcionamiento de los poderes, recae en la cámara de diputados el análisis y aprobación del ingreso y del gasto del gobierno federal, esto es, los conceptos y montos para el funcionamiento del aparato público, donde debiera destacar no solo el gasto corriente sino, en forma fundamental, la prestación de servicios, así como los mecanismos necesarios para allegarse el financiamiento con dicho fin.
Es obvio que en el sistema que vivimos, el gobierno solo gasta y no genera recursos. No es su finalidad. Por ello, es obvio que el dinero que utiliza tiene como única fuente las contribuciones de los habitantes del país.
El problema es que los gobiernos amenazan con avanzar en perjuicio de los particulares, pervirtiendo la esencia del servicio público, que es medio y no fin, para lograr una sociedad armónica.
Cuando el sector público se ostenta como fin, luego el esfuerzo de los particulares se convierte en un medio simple de financiamiento, por lo cual, ya no solo existe una obligación para contribuir al gasto gubernamental, sino que los impuestos cada día crecen sin control alguno, ahogando la actividad económica.
Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. Cada día los impuestos se aumentan bajo el argumento de que ya no alcanzan para satisfacer el apetito del gobierno, cargando contra los contribuyentes cautivos –que al final somos todos de una manera u otra-, en lugar de buscar el adelgazamiento del sector público y su eficiencia.
Las contribuciones se calculan porcentualmente sobre los ingresos y sobre el consumo. Esta es la política general de impuestos. Son porcentuales, porque cada quien debe contribuir de acuerdo a sus posibilidades particulares de ingresos, por un lado, y por el otro, de conformidad con su gasto.
Pero además, son porcentuales, para que se vayan adecuando de conformidad con la evolución de la economía, con lo cual, el gobierno recibe recursos vía impuestos de conformidad con los ingresos y el gasto general: si el mercado evoluciona favorablemente, hay más ingresos, si hay contracción, descienden necesariamente.
Pensar en incrementar los porcentajes de los impuestos cuando se presenta el segundo supuesto resulta una contradicción al sistema impositivo, que busca la proporcionalidad ajustada a los mercados: si hay crisis, el ciudadano sufre y por lo tanto el gobierno también: el ciudadano reduce su gasto y sacrifica lo no esencial, el gobierno debe hacer lo mismo.
Incrementar los impuestos, como lo propone nuestra clase política no es la salida más adecuada, no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. El mensaje es que el sistema gubernamental puede seguir siendo ineficiente, ya que al final de cuentas existe un ciudadano que puede pagar los platos rotos y ajustarse el cinturón hasta donde sea necesario.
