Columna de análisis crítico

domingo, 18 de junio de 2017

Normas éticas impuestas


La reactivación de la mesa técnica que da seguimiento a las agresiones contra periodistas, es un avance en la implementación del sistema integral de protección a periodistas, bajo una visión plural y responsable, con la integración de los tres poderes del Estado, la CEDH y la representación de organizaciones periodísticas. Enhorabuena.

Del apartado noveno de la declaración de Chapultepec, debe insistirse en dos aspectos fundamentales: la clara diferenciación de los mensajes periodísticos y los comerciales, y la no imposición de valores éticos.
Los medios de comunicación tienen como mecanismo de captación de recursos económicos la venta de publicidad: el medio pone a disposición de su audiencia los anuncios publicitarios, con lo cual obtiene su viabilidad como negocio.
Esa actividad económica de los medios no se cuestiona ni se discute. Es legítimo que los medios de comunicación obtengan sustento en la publicidad oficial, privada o social.
Lo que se discute es que los medios de comunicación confundan al auditorio con publicidad que es presentada como información: la información es la justificación de responsabilidad social del medio y la publicidad un instrumento de lucro.
No puede ni debe confundirse la información con la publicidad: la información busca generar pensamiento crítico sin ninguna intencionalidad subyacente: la publicidad acerca al auditorio con los productos que se pretenden vender.
Es cierto, no todos los productos que se venden u ofertan son de naturaleza mercantil: los hay también de naturaleza política y oficial: un partido político busca posicionar su ideología, personajes y propuestas, con fines de alcanzar o retener el poder. Lo mismo hace una instancia de gobierno que oferta sus logros y avances con animo electoral.
Por ello, cuando se habla de publicidad no solo debe estarse a la comercialización de productos del sector privado, sino también a los productos de naturaleza política y oficial.
Luego entonces, un medio de comunicación responsable distingue la publicidad de la información, mediante recuadros y leyendas: no se permite engañar al público lector, radio escucha o televidente, presentando publicidad bajo formato de información, porque ello constituye propaganda.
La propaganda es un instrumento utilizado por corporativos privados y públicos para afianzar su posicionamiento social, con fines de ejercicio de poder. Esa propaganda debe ser plenamente identificada, para que el auditorio se percate que no se trata de información del medio de comunicación, sino un artilugio propagandístico.
Cuando no se identifica a cabalidad la publicidad de la información, el auditorio tiende al error. Ello ocurre con gacetillas o comunicados que se leen como si fuera información: entrevistas que a todas luces buscan como fin posicionar la imagen del personaje o del gobierno.
En el fondo, identificar la publicidad en relación con la información, constituye un dilema ético de los medios de comunicación, periodistas y comunicadores.
La ética de los medios de comunicación debe ser auto-impuesta y jamás dictada desde los poderes fácticos o formales: los condicionamientos oficiales que alegan objetividad, independencia o imparcialidad, desde el sector oficial, deben ser rechazados, porque se constituyen en elementos que coartan la libertad de expresión.
Lamentablemente, los poderes económicos y políticos alzan la voz hacia la ética periodística, cuando se ven lastimados en sus intereses. Una vía para imponer criterios éticos a la prensa, lo constituyen los apartados legales en todos sus niveles, constitucional, legal o reglamentario.
El mismo artículo sexto constitucional que habla de límites a la libertad de expresión, como el orden público, el derecho de terceros, vida privada o la moral, constituyen elementos restrictivos, porque en su interpretación tendrán una aplicación que acota, constriñe: nunca será flexible o amplia. En sus niveles de reglamentación legal, ejemplo la ley de imprenta, el afán restrictivo de la libertad de expresión se exacerba.
La intencionalidad es obvia: proteger la clase política y económica, de los alcances de divulgación de los medios de comunicación, cuando precisamente la libertad de prensa y expresión nace para controlar esos excesos de poder, cuyo protagonista no son los ciudadanos comunes, sino la clase que detenta el poder económico y político.
Si algo se puede criticar al Pacto de San José de Costa Rica, es que permita leyes restrictivas a la libertad de expresión, bajo la intención de evitar abusos por parte de los medios de comunicación, cuando por su naturaleza, la comunicación y la libre expresión de las ideas deben ser plena y totalmente ajenas a cualquier tipo de control oficial, porque éste, inevitablemente, buscará proteger sus intereses de poder.
En esta materia debe estarse al auto control de los medios de comunicación y periodistas. Que sea el auditorio, quien al final de cuentas, determine que medio de comunicación subsista, virtud su objetividad, independencia y ética social, y jamás la autoridad política o los poderes fácticos.

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