Brete sumamente complejo en el que se ha metido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de un plumazo condenó al sistema judicial mexicano por corrupto y decadente.
Así debe interpretarse la resolución que pone en libertad a 48 indígenas chiapanecos inculpados mediante fabricación de pruebas por el asesinato cruento de tzotziles en 1997.
Es un verdadero aprieto porque con el dictamen, la Corte esta obligada a iniciar un procedimiento a través del Consejo de la Judicatura para sancionar a los magistrados, jueces, secretarios y defensores de oficio, que intervinieron en el procedimiento que encontró responsables a estos indígenas de aquellos cruentos hechos.
Asimismo, debería hacerse un extrañamiento a los ministros que no votaron conforme la mayoría, porque luego entonces ellos también estarían incurriendo en el error de perpetuar la violación a los derechos humanos contra los inculpados.
Pero también, deben iniciarse averiguaciones previas desde la Procuraduría General de la República para procesar a los agentes del ministerio público que intervinieron en primera y posterior instancia, agentes de la extinta policía judicial federal, al delegado de la PGR y a los subprocuradores que intervinieron en el caso, para culminar con la responsabilidad por omisión del entonces titular de la procuraduría, Jorge Madrazo.
Ah, pero también deberá iniciarse un juicio político contra los ministros de la corte que no tomaron la decisión de atraer el caso, dada la gravedad del mismo, en una omisión terrible, que permitió el encarcelamiento injusto de los indígenas por diez años.
Pero ahí no culmina el brete. Se habla de fabricación de pruebas y la inclusión de otros delitos, pero resulta que del asunto central, el homicidio poco o nada se dice. Por ese motivo llama la atención que un obispo, en este caso el de Saltillo, Raúl Vera López acuse a los ministros de convertirse en una “sarta de cómplices criminales” al aprovechar “deliberadas omisiones legales” para liberar a paramilitares asesinos.
La intervención del obispo es interesante, toda vez que debe recordarse que subyace en el crimen masivo un fondo de disputa religiosa entre grupos antagónicos seguidores de la religión católica y grupos protestantes y evangelistas, donde por cierto ya se expresó el temor de que la liberación provoque una nueva ola de violencia.
Esto es, partiendo de la idea de que los indígenas fueron encarcelados injustamente, no se dice nada de su inocencia, sino, insisto, de su encarcelamiento ilegal y de la violación del procedimiento.
Con esta decisión, jamás se sabrá si en realidad tuvieron participación en aquellos hechos dantescos, porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, pero, a veinte años de la masacre, es probable que nunca se sepa que ocurrió y quien es el responsable, violando los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares, en un oprobio más de impunidad de nuestro sistema de justicia.
