Transparencia y demagogia

La transparencia es considerada como un elemento consustancial a la democracia, en función de que, aunada a la rendición de cuentas institucional, constituye la auditoria ciudadana, popular, de la información de interés público.
El nivel de transparencia constituye uno de los indicadores para considerar sí efectivamente nos encontramos frente a la existencia de un estado democrático.
Desafortunadamente, la transparencia es, por un lado, un elemento demagógico y de simulación, y por el otro, una simple nulidad.
Hay entidades federativas y ayuntamientos –sin descartar al ejecutivo federal, cuya estructura de rendición de cuentas deja mucho que desear- que navegan en la oscuridad de la información, e insisto, en la demagogia transparente.
Uno de estos casos es el ayuntamiento de Chihuahua, que presume de premios nacionales e internacionales, pero que en la realidad, se queda atrás de diversos órganos municipales que hacen esfuerzos por transparentar su vida interior.
Pero no es el único ayuntamiento que se encuentra en esta circunstancia.
De acuerdo a una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, los recursos públicos en manos de los más de 2 mil alcaldes del país se ejercen sin transparencia.
El informe, elaborado a partir del estudio a 373 municipios, que representan 80% del PIB nacional, 65% de la población y 65% del gasto municipal total, es demoledor.
Los resultados señalan que 100 de los ayuntamientos evaluados no cuentan con página de internet oficial, sólo 97 publican su presupuesto en la red, 89 no lo publican, 52 tienen una página que no funciona y sólo 35 ofrecen la opción de solicitar información pública.
No es Chihuahua uno de los municipios reconocidos en los primeros lugares, apenas se encuentra en el doceavo, incluso por debajo de Juárez; entre los primeros destacan Mexicali, La Paz, Atizapán y Tlaquepaque.
La transparencia constituye un logro de las diversas fuerzas políticas en pro de un mayor control del gasto. Es el paso inmediato anterior a una auténtica fiscalización, con un órgano autónomo, independiente de los poderes de gobierno.
Por lo mismo, no debe ser utilizado como esquema demagógico electoral para posicionarse ante los ciudadanos, que tienen bien claro quién es quién en el manejo de la información.

Un nuevo agravio al periodismo

Para el periodismo organizado del país es claro que la autoridad ha sido incapaz de detener los crímenes contra los periodistas. La muerte de Vladimir Antuna García, en Durango, así lo demuestra.
En lo que va de 1983 a la fecha, han sido asesinados cerca de cien periodistas en todo el país, con lo cual México ocupa el primer lugar a nivel internacional. En Durango, el crimen de Vladimir es el cuarto en lo que va del año: antes que él, fueron asesinados Carlos Ortega Melo Samper, Eliseo Barrón Hernández, y Gerardo Esparza Mata.
Los crímenes actualizan las propuestas que han hecho tanto la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, como la Federación Latinoamericana de Periodistas, entre ellas dos que destacan, la federalización de delitos contra periodistas y la creación de una comisión de riesgo que evalúe amenazas y adopte medidas urgentes para salvaguardar la integridad de los compañeros.
Ambas propuestas, desafortunadamente, han quedado en el tintero: el congreso de la unión ha sido una roca insensible a la necesidad de generar estos mecanismos extraordinarios de protección a los periodistas.
Con la federalización de los delitos se evitaría la discrecionalidad de la Procuraduría General de la República para investigar especialmente agresiones físicas fatales. Pero además, impediría que se rechace esta posibilidad cuando existe evidencia de crimen organizado, pero en la muerte no hay uso de armas exclusivas del ejército, como ocurrió en el caso del colega Vladimir Antuna.
La creación de una comisión interinstitucional de riesgo es urgente, porque, como ocurrió con el compañero Antuna, las amenazas son desestimadas porque no existe un procedimiento para que se dé seguimiento a las mismas. Vivimos una guerra de competencias que deja en la indefensión a los compañeros que sufren amenazas.
Es de vital importancia que el Procurador General de la República, recién estrenado, asuma su responsabilidad, en principio, ordenando la reestructuración de la fiscalía, que por el momento pocos resultados ha brindado, e impulsando ambas propuestas, en busca de encontrar soluciones en el corto plazo.