Totalmente de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en que la impunidad en las investigaciones de los crímenes cometidos contra los periodistas ha generado más violencia contra el gremio.
También existe coincidencia en señalar que las fallas más comunes tienen que ver con las deficiencias procedimentales para integrar expedientes y efectuar las indagaciones, con elementos técnicos que permitan dar con el paradero de los responsables de las agresiones.
Es cierto que muchas de las entidades federativas han incurrido en esa responsabilidad, dejando en la desprotección a los compañeros y a las familias de las víctimas, cuando estos han sido asesinados.
Sin embargo debe apuntarse una realidad: que la mayoría de los crímenes tienen que ver con la intervención de una figura delictiva competencia del ámbito federal: la delincuencia organizada y el uso de armas de fuego exclusivas del ejército.
Estos elementos por si solos apuntan la mayor responsabilidad del gobierno de Felipe Calderón en la impunidad prevaleciente, en descargo de las entidades federativas, que en primera instancia solo allegan ciertos elementos de investigación, para luego esperar la famosa atracción de expedientes, que puede ocurrir hasta el final de los tiempos, a capricho de la Procuraduría General de la República.
Por eso la necesidad de elevar a rango federal la indagación de los delitos cometidos contra los periodistas, para alejar la sombra del capricho en la atracción, situación que hasta el momento subsiste, y que siempre y en todo momento, cuando el sujeto pasivo del delito ejerza materialmente la actividad periodística, la PGR este obligada a investigar.
Este es uno de los grandes pendientes legislativos, aunado al fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República, que debe recibir mayores recursos económicos y mayores facultades jurídicas, y no depender directamente de la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada.
Las entidades federativas han avanzado con legislación que protege a los periodistas, tal es el caso de Chihuahua, Morelos, Chiapas, Guerrero, por poner ejemplos. Pero requerimos avanzar más.
En este sentido es de reconocer que el periodismo organizado del país encuentra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos un aliado indiscutible, ratificado con la recomendación general número 17, relativa a la libertad de expresión, presentada por el maestro José Luis Soberanes, con quien coincidimos en el sentido de que “las investigaciones de la autoridad nunca serán suficientes en tanto los ataques y crímenes no se resuelvan y no se identifique y castigue a los responsables, y mientras no se conozca el paradero de los periodistas desaparecidos”.
