Es constante la acción de las administraciones públicas de incurrir en el uso de espacios mediáticos para posicionarse socialmente en sus logros y acciones.
Esta determinación de los servidores públicos es legítima e incluso pudiera decirse que necesaria, en una construcción de gobernabilidad en la conciencia colectiva.
La publicidad gubernamental fortalece la imagen de las instituciones, en un contexto donde la crisis económica e inseguridad propician un deterioro en la percepción pública de la efectividad de los programas de gobierno.
Sin embargo el uso de este instrumento tiene límites: no se debe utilizar para manipular la opinión pública, deteriorando la imagen de otras instituciones públicas, como ocurre actualmente desde el gobierno de la república en contra de nivel estatal y municipal, en la utilización del privilegio federal de los tiempos oficiales.
Este abuso mediático lo observamos desde hace semanas, de manera insistente, sistemática, en el gobierno de Felipe Calderón, de manera particular con el tema de seguridad, en lo que se ha convertido en una política de comunicación social permanente de deslinde en el ejercicio de las responsabilidades y obligaciones que le confiere el marco jurídico en materia de delincuencia organizada.
La divulgación masiva de mensajes teniendo como contenido una intervención de las fuerzas federales de seguridad en auxilio de diversas administraciones estatales del país, a solicitud de ellas mismas, se ha convertido en un instrumento perverso de comunicación política, cuando en el fondo lo único que ocurre es que el gobierno de la república cumple con su obligación legal de atacar el crimen organizado.
La perversidad en la construcción de los mensajes publicitarios consiste en hacer creer a la opinión pública que la responsabilidad del combate a este tipo de delitos es de las entidades federativas y de los municipios y no del gobierno federal.
No satisfechos con hacer alusión a ello en el uso de la comunicación social ordinaria, despliegan una campaña publicitaria, con cargo a los tiempos oficiales, para posicionar la idea de que el gobierno federal, ante la incapacidad de las administraciones estatales, acude en su auxilio, cuando ocurre lo contrario: la incapacidad es del gobierno federal, y ante ello a militarizado amplias zonas del territorio nacional.
Al adoptar estrategias de combate al crimen organizado, la administración calderonista simplemente cumple con su obligación: las entidades federativas son coadyuvantes en el combate a estos delitos.
El uso de la comunicación social exige un tratamiento responsable, más aún en temas tan delicados como la seguridad pública, donde Felipe Calderón ha encontrado uno de sus principales fracasos, y donde se ha mostrado renuente a las insistentes propuestas de los distintos sectores, que demandan más que el uso de la fuerza, el despliegue de inteligencia, con absoluto respeto a los derechos humanos.
