“El más sentido pésame por el deceso de
la señora Doña
Lorenza Carrasco de Medrano, madre de mis estimados amigos José, Javier,
Fernando y René. Descanse en paz”
Se ha discutido acerca de la necesidad de una regulación externa
de la prensa y los contenidos que ésta maneja. De hecho, en nuestro país, el
sistema utilizado ha privilegiado, desde hace unos años a la fecha, la
regulación de éste tipo, primero con los desaparecidos delitos de difamación y
calumnia –que solo pueden ser seguidos en este momento desde el punto de vista
civil de la reparación del daño- y posteriormente a través de nuevas
regulaciones en materia de radio y televisión, y más extensamente, en materia
electoral.
Incluso se ha dispuesto la emisión de una Ley del derecho de
réplica, que desde diciembre pasado, obliga a los medios de comunicación a
atender las solicitudes de corrección de información en un lapso perentorio, de
lo contrario, el asunto se judicializa hasta llegar a sanciones de diversa
naturaleza.
Se considera que la regulación externa es la solución a
problemas de difusión de información falsa o tendenciosa. Sin embargo no es
así.
En otras latitudes se ha dispuesto la creación organizada de
instrumentos manejados por el mismo sector de la información, desde un punto de
vista auto-regulatorio.
Tal es el caso de Perú. En dicho país se ha creado un Consejo de
la Prensa, desde 1997, integrado por los mismos medios de comunicación, que
cuenta con un Tribunal especializado, que resuelve las quejas por manejo
antiético, indebido, inexacto, o erróneo de la información.
Por
un lado, el Consejo realiza tareas que fortalecen los derechos y responsabilidades
éticas de la profesión, asume acciones para el desarrollo técnico del periodismo
y difunde, y protege, el derecho a la información.
En el
caso del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana , la
función es observar las solicitudes de queja y rectificación que presenten
lectores que se sientan afectados por las informaciones, o el manejo ético o
técnico de la información.
Desde
1998, el Tribunal ha resuelto innumerables casos, que los medios de
comunicación asumen, para restituir el daño provocado. Incluso, si el medio de
comunicación asociado se niega a difundir la información restitutiva, el resto
de los asociados lo hace divulgar en sus medios de comunicación, reparando el
daño provocado.
Este mecanismo tiene varias virtudes. La más importante es
que no se presta a un juego político de poder, como lamentablemente puede ocurrir
en el caso de que el Tribunal no sea auténticamente independiente y éste sujeto
al poder formal, como existe el riesgo de que ocurra en México.
En nuestro país, el mecanismo de réplica, de no ser atendido
en primera instancia por el medio de comunicación, se judicializará ante un
juzgado de distrito, ante quien se llevará un procedimiento que puede culminar
con sanción para el medio de comunicación y los comunicadores.
El problema es que en un país donde los jueces, magistrados y
ministros son dispuestos por el concurso de los partidos políticos directa o
indirectamente –por la propuesta del Presidente de la República, intervención
del Senado o del Consejo de la Judicatura, según corresponda- y luego es muy
difícil esperar una decisión judicial ajena de tintes políticos.
La
libertad de expresión es un pilar del sistema democrático moderno. Su
regulación excesiva atenta contra su ejercicio libre. Ello, inevitablemente,
deteriora la discusión de los asuntos públicos, tan necesaria para controlar
los excesos del poder formal y fáctico.
Una
sobre regulación de la libre expresión de las ideas, de los medios de
comunicación y de los contenidos de la información, socava esta trascendental e
importante libertad, no se diga, en momentos en que más de una decena de
entidades federativas renueva su poder ejecutivo y legislativo, situación que
exige aún más flexibilidad para provocar una mayor discusión de los graves
problemas sociales, políticos y económicos, que enfrenta nuestro país.
Por
ello no esta mal que volteemos hacia la experiencia latinoamericana en busca de
respuestas a situaciones como la regulación de los medios de comunicación, que
se insiste, debe ser autónoma y no externa, como se ha empeñado en establecer el
sistema político en los últimos años.
