Castigo por contentillo

Los datos son reveladores: en los últimos trece años un promedio de 18 servidores públicos federales de manera diaria han sido sancionados: se han aplicado 99 mil 215 sanciones a 86 mil empleados: se han reintegrado 2 mil 196 millones de pesos -nada- a la Tesorería de la Federación, producto de actos de corrupción. Hay más: México ocupa el lugar 106 en percepción de corrupción de 177 países evaluados de acuerdo a Transparencia Internacional: se calcula en 32 mil millones de pesos anuales el costo de las "mordidas": se cree que al año se producen 200 millones de actos de corrupción: los hogares destinan el 14 por ciento de sus ingresos a las "mordidas". Que ocurre: que muchos servidores públicos acostumbran beneficiar a sus familiares y amigos en los procedimientos administrativos de compras, o bien, cobrar por trámites que son gratuitos, fingir robos y realizar autorobos, entre otras practicas ilegales. Se trata de obtener beneficios personales por las funciones oficiales que se desempeñan, sin importar que tales actos produzcan un mayor daño a la sociedad. El desempeño de la función pública tiene, bajo esta perspectiva, como objetivo obtener privilegios. Se olvida que el concepto "servidor público" obedece a una finalidad mediante la cual el Estado se convierte -por medio de sus empleados- en facilitador, garante y ejecutor de actos administrativos que buscan ordenar, controlar y dirigir a los particulares en la ejecución de sus atribuciones, pero además, prestar los servicios oficiales bajo principios de honestidad, eficiencia y calidad. Pero además, los derechos cobrados por los mismos servidores públicos en favor del Estado, como contraprestación por los servicios, son la única contribución que debe pagar el particular. Al momento en que se comete un acto de corrupción, el Estado deja de percibir el ingreso: presta el servicio pero no recibe retribución, la cual queda, depreciada, en el bolsillo del servidor público deshonesto. Hay un daño adicional: corre la voz, el rumor, propala la versión de que es posible desviarse en el cumplimiento de los requisitos del trámite o procedimiento, y entonces se multiplica el acto de corrupción, en la impunidad de la no sanción y en la afectación al erario público: hablamos de 200 millones de actos de corrupción y apenas 86 mil empleados sancionados: la diferencia es abismal. Además, las mordidas son calculadas en 32 mil millones de pesos, y apenas se han logrado reintegrar a la tesorería un poco más de dos mil millones: cifras irrelevantes que nos hablan de un desarrollo ineficiente de la labor de contraloria y supervisión de las responsabilidades de los servidores públicos. En el fondo, el problema del ejercicio de las funciones de supervisión, control y sanción de servidores públicos es la prevalencia de criterios políticos: los responsables de dirigir las investigaciones y proponer las sanciones no son auténticamente independientes y autónomos en la función: obedecen a sus intereses políticos. Hoy esta tarea es desarrollada de manera preventiva por órganos integrados a las estructuras de gobierno en los ámbitos municipal, estatal y federal: tienen una relación de dependencia de los titulares de los ejecutivos estatales, o bien, del jefe del ejecutivo federal. De manera posterior funcionan las auditorias superiores de los estados y de la federación, que a posteriori revisan y ordenan aplicar sanciones, pero bajo un procedimiento que implica el voto de las mayorías parlamentarias, en ambos niveles de gobierno. Son los mismos partidos quienes, bajo un criterio político, determinan la procedencia en la imposición de sanciones. La creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, se supone, viene a atacar estos problemas de fondo. El problema es que seguirá dependiendo en su integración del factor político: los diputados y senadores. Luego entonces, si en la fase de prevención de irregularidades y sanciones administrativas, el órgano depende de un factor político por la dependencia jerárquica de los gobernadores y del Presidente de la República, y en la segunda fase, el de la auditoria superior, también ocurre así, poco futuro puede augurarse al sistema de control y sanción de servidores públicos, que quedara exclusivamente en la fase discursiva. Debe, al final de cuentas, separarse el fondo político del técnico en materia de responsabilidades de servidores públicos; una base política propende hacia la protección o castigo del empleado dependiendo del contentillo político. Una base técnica castiga con fundamento en bases objetivas. Este es el sistema ideal hacia el cual debemos caminar, pero que -desgraciadamente- nos alejamos cada vez mas. EN EL TABLERO...El fin de año toma posesión como alcalde el presidente municipal electo de Coyame, Sergio Alvarez...El excandidato priísta recibirá la estafeta del presidente del Consejo Municipal, Jaime Ramos Estrada -quien se supone regresa a la recaudación de rentas del gobierno del estado...Ricardo Yañez, director de tránsito, endurecerá las medidas en contra de ciudadanos que conducen vehículos en estado de ebriedad...las cifras de personas que han sido detenidas en estas condiciones han aumentado, y ello resulta preocupante....