Reconocimiento

El panorama no es nada alentador: en cifras destacadas por medios nacionales, del 2006 al 2011, uno de cada tres hogares en el país cuenta con una víctima del delito; siete de cada diez mexicanos se siente inseguro; 70 mil personas murieron; hay nueve mil cuerpos sin identificar y mas de veinticinco mil desapariciones; se cometieron cerca de once millones de delitos, incrementándose el secuestro en un 83 por ciento y el robo con violencia en un 65 por ciento a nivel nacional. Mientras todo esto ocurría, inexplicablemente durante los últimos años se acusaba la incapacidad de los gobiernos estatales y municipales; se señalaban complicidades con el crimen organizado, incluso con detenciones múltiples de servidores públicos que al final fueron liberados, como ocurrió en Michoacán y se sancionaba a los municipios con la disminución de recursos del fondo de seguridad pública, situación acontecida en la capital de Chihuahua. En suma, el gobierno federal disputó durante doce años con los estados y municipios y no se coordinó plenamente: se asumió un discurso mediante el cual se responsabilizaba a estos dos ordenes de gobierno del avance del crimen organizado, presumiendo que la federación acudía en auxilio ante la incapacidad de éstos para enfrentar la delincuencia. No se realizó política de seguridad pública, lo cual no fue impedimento para que entidades federativas, como es el caso de Chihuahua, redujeran los indices delictivos de manera sustancial en los dos últimos años, fruto del esfuerzo de coordinación y liderazgo estatal en la materia. Todo esto viene a colación por la presentación que de la Política de Estado por la Seguridad y la Justicia realizó el presidente Enrique Peña Nieto, donde destacan, como atributos necesarios la planeación, prevención, protección y respeto a los derechos humanos, coordinación, transformación institucional y evaluación. En el marco del Consejo Nacional de Seguridad y en presencia de gobernadores de todos los partidos se anunció la creación de la Gendarmería nacional, la organización de cinco regiones así como la inversión de 117 mil millones de pesos para la prevención del delito, línea estratégica de atención transversal que busca reorganizar la atención social en la reconstrucción del tejido social, redimensionando, pero sin descuidar, la visión estrictamente policial. La presentación del proyecto de seguridad es precedido de un severo diagnostico: adicionalmente a los datos estremecedores señalados arriba, desde el punto de vista de la procuración de justicia y procesamiento de información estratégica, se señala una desarticulación que impide la correcta y eficaz coordinación, con estructuras que no corresponden a la realidad, provocando fragmentación que bloquea y desfasa las acciones. Destacan en las políticas de la nueva administración federal, el respeto a los derechos humanos y las acciones de prevención del delito: se ordena la creación de protocolos que protejan los derechos humanos y se establece como línea rectora la corresponsabilidad de los tres ordenes de gobierno. Por supuesto, el contenido de los anuncios resultan importante, pero adicional a ello, se respira un nuevo aire de consenso en la aplicación de las políticas en materia de seguridad pública. No es casualidad que el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera haya reconocido en la visión de combate a la inseguridad el apartado de prevención, como línea toral para fortalecer un nuevo modelo de participación de todos los órdenes de gobierno y sociedad, que rescate y recupere la tranquilidad de todos los mexicanos. Tampoco es casualidad que, ayer, un día después de la presentación de las políticas en materia de seguridad, el presidente Peña Nieto haya decidido encabezar actos públicos relativos a seguridad e impulso a la reactivación económica en Chihuahua, bajo la hospitalidad del gobernador César Duarte, quien en el Consejo Nacional de Seguridad tocó el delicado tema del tráfico de armas como uno de los detonantes de la violencia en nuestro país, que requiere atención inmediata. La explicación de evento es simple: Chihuahua es clave a nivel nacional en cuestiones de seguridad, por la participación ciudadana en esquemas de cultura de la legalidad y rescate de espacios públicos, así como la reducción relevante de indices delictivos, que de manera general en el país están generando crisis, como es el caso del secuestro y la extorsión.