Corrupción y alto costo social

No se equivoca el Presidente Peña Nieto al emitir disposiciones administrativas que buscan regular de manera mas estricta el funcionamiento de los Casinos, porque representan un foco de alto riesgo social, no solo por el deterioro en la economía e integridad de miles de familias donde alguno de sus miembros padece de ludopatía, sino por la asociación directa de diversas ramas delictivas a esta jugosa industria. Los datos son elocuentes y hablan por si mismos. En 2011 en nuestro país la industria del juego de azar genero ganancias por 589 millones de dólares, contra 639 millones en 2010. Esta aparente caída no lo es del todo. En 2006 el negocio en México apenas generaba ganancias de 284 millones de dólares. Como se observa, en cinco años duplicó los ingresos. ¿Como no podía a ocurrir así?, si tan solo funcionan mil trescientos casinos reconocidos por la autoridad, mas unos cinco mil clandestinos. En total se habla de por lo menos cien mil maquinas de azar y setenta mil tragamonedas clandestinas. Es cierto. Las ganancias del negocio en México palidecen frente al dinero que mueve, por ejemplo Canada, donde se habla de utilidades por 9 mil 500 millones de dólares ¡hace diez años! A nivel mundial, en 2010, las ganancias se calculaban en 125 mil millones de dólares. La danza de millones en divisa norteamericana nos da una idea de la dimensión del negocio y por supuesto de los grandes intereses públicos y privados que existen detrás de los mismos. No ha sido poca la tentación del poder público para echar mano de esos recursos en función del interés público. En Gran Bretaña un tercio de los ingresos por impuestos a Casinos generan poco mas de ochocientos millones de dólares al año que se invierten, entre otros rubros, en salud y educación. Sin embargo, el dilema ético de la función pública se impone ¿como financiar actividades del estado mediante una posición permisiva y tolerante al funcionamiento sin restricciones de los casinos? Y ya en el plano utilitario, no existe relación costo beneficio. Este negocio, el de los juegos de azar, tiene un alto costo social para el país. De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, el tres por ciento de la población mundial padece ludopatía. Extrapolado a México, el calculo lleva a pensar en 3 millones y medio de personas que sufren de esta enfermedad, que los lleva a perder su patrimonio, familia y dignidad, con gran proclividad al alcoholismo y drogadicción. Adicionalmente, el juego se asocia a negocios ilícitos como la trata de blancas y el trafico de drogas, debido a la gran cantidad de recursos económicos que fluyen en los casinos, amen de la necesaria corrupción en los diversos niveles de control público. Por eso debe ser bienvenida la decisión presidencial de modificar el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para impedir a permisionarios ceder los derechos a terceros, prohibir las máquinas tragamonedas y restringir los permisos a 25 años. En la actualidad, alguien obtenía un permiso, y lo primero que hacia era dividirlo y rentarlo, para potenciar las ganancias multimillonarias, duplicando o triplicando, en la realidad, el permiso otorgado. Un ejemplo es el Casino Royal de Monterrey, Nuevo León, que fue operado por cuatro distintas empresas - Atracciones y Emociones Vallarta, Entertainment Enterprises of Mexico, Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta, y Ferrocarril Endig- antes de ser atacado por una organización criminal en agosto de 2011. Lo que resta es una auditoria a gran escala al funcionamiento de estos negocios. La revisión de sus cuentas y la transparencia hacia la sociedad, legitimará aún más las acciones de gobierno que se emprendan para regular el insaciable negocio del juego de azar. Por supuesto, cerrar la pinza con los cinco mil casinos y las mas de setenta mil maquinas tragamonedas ilegales que funcionan en el país. La secretaría de gobernación tiene un gran reto, que debe ser asumido desde la mas completa responsabilidad, eliminando cualquier resquicio de complicidad criminal desde el sector público. EN EL TABLERO...Sospechosa la determinación del Ministerio Público en el Estado de Chihuahua de iniciar procedimiento penal solo a dos funcionarios menores del Municipio -uno de ellos prófugo- por el incidente lamentable del show de las trocas monstruo...Hace falta pensar en las indagatorias que responsabilizan, de acuerdo a la normatividad vigente, a otras áreas, que tenían responsabilidades expresas, como es el caso de gobernación y obras públicas...Los señalamientos de desfalcos en arcas municipales han quedado en eso, sólo en señalamientos, salvo un caso, los demás presidentes municipales entrantes, entre ellos Miguel Jurado, sólo se han quedado en el apartado mediático, echando la responsabilidad en la Auditoria Superior del Estado, mientras ellos se lavan las manos...