"Felicidades al colega periodista Martín Zermeño Muñoz por la obtención de su grado de Doctor, obtenido en la Universidad Rey Juan Carlos de España"
La eliminación de los delitos de difamación y calumnia de los códigos penales en el país -aún no en todos, aún hay excepciones- representó un avance importante en la protección de la libre expresión de las ideas y el ejercicio del periodismo.
Antes de esta importante reforma, los periodistas y cualquier persona que se atreviera a dar su opinión de asuntos públicos o privados, de inmediato era denunciado penalmente y presionado con ir a la cárcel. La coacción era mucho mayor cuando se trataba de importantes políticos, funcionarios públicos o prominentes empresarios, que utilizaban al Ministerio Público como arma en contra de la libre expresión.
Con la derogación de los tipos penales, la sanción por lastimar la honra o reputación de las personas quedó en la reparación del daño de tipo civil, sin la amenaza de cárcel. Eso ya era un avance. Sin embargo se ha distorsionado: el poder formal o fáctico utiliza millonarias pretensiones como instrumento para acallar voces.
Esta semana en Panama, la libre expresión sufrió un ataque: un Tribunal determinó condenar al pago de 25 mil dólares a periodistas que publicaron información que involucraba a un alto funcionario de la administración de la expresidente Mirella Moscoso.
Se trata de un reportaje que publicó el diario El Panama América el ocho de marzo de 2001, en el cual informaba sobre la construcción de una carretera, financiada supuestamente con dinero del extinto Fondo de Inversión Social, que daba acceso a una finca en La Arenosa, en el distrito de La Chorrera, propiedad de Winston Spadafora, el alto funcionario de Moscoso.
El 5 de marzo de 2001, el entonces ministro Spadafora interpone dos querellas contra los periodistas Jean Márcel Chéry y Gustavo Aparicio, por delitos de injuria y violación de domicilio (http://www.prensa.com/politica/Golpe-libertad-expresion_0_4391561006.html). En Panamá no han sido despenalizados los delitos contra la prensa.
El 1 de agosto de 2003 un juzgado penal los condena a prisión pero la presidenta Moscoso los indulta en 2004, perdón que paradójicamente fue declarado inconstitucional cinco años después, y que mantiene la sanción penal en el "limbo".
Contra el indulto, Spadafora intenta la vía civil en 2005, exigiendo una suma de dos millones de dólares, y paralelamente demanda penalmente por violación a domicilio, logrando condena contra Jean Marcel Chéry, la cual se encuentra en apelación.
No pudo el alto funcionario por vía penal en cuanto a los delitos de difamación y calumnia, e intentó la civil de manera millonaria, desproporcionada. El otro delito, la violación a domicilio, prosperó: la intención era apabullar a los periodistas. Sancionar su atrevimiento de cuestionar una obra pública, construida con recursos públicos, que lo favoreció en sus intereses inmobiliarios.
Los periodistas actuaron amparados en los principios éticos que rigen el periodismo, soportados ampliamente por los acuerdos internacionales en la materia: sus aseveraciones encuentran lógica: hay una obra financiada con recursos públicos, que favorece a una finca, que es propiedad de un alto funcionario gubernamental. Obvio es que existe una veracidad y certeza periodística acerca de la existencia de una intención de favorecimiento.
Este asunto es muy similar a lo que ocurre en México y en todo el mundo. El periodista encuentra indicios de noticia, recaba datos y los expone. Y por ello es sancionado, sin tomar en cuenta que se trata de una labor que es pilar en un sistema democrático: el periodista no presenta verdades, sino indicios. Estos deben ser investigados y finalmente sancionados, lo cual no ocurrió en Panama. Al contrario se castiga al mensajero.
Quedan en letra muerta los principios establecidos en la Declaración para la libre expresión establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que protegen la actividad periodística en contra de funcionarios públicos o personajes relevantes, que no solo deben, sino tienen que estar bajo un mayor escrutinio de la prensa, para salvaguardar el interés colectivo y evitar a toda costa el abuso de poder.
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