No terminamos de asombrarnos y exclamar la indignación por el asesinato del compañero Daniel Martínez Gil, ocurrido en Acapulco, Guerrero, cuando otro compañero, Jorge Kristian Bernal Moreno, pierde la vida en el Distrito Federal.
El homicidio de Jorge aparentemente tuvo como móvil un asalto, en donde los delincuentes le profirieron una herida con arma de fuego en el abdomen, que finalmente le quitó la vida al acudir a pedir auxilio a una clínica, en el centro del país.
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y la Federación Latinoamericana de Periodistas, han insistido en la edificación de un auténtico andamiaje institucional para prevenir, proteger e investigar crímenes cometidos contra periodistas.
Sin embargo, el gobierno federal y la cámara de diputados han mantenido una posición de no escuchar y atender el reclamo.
La actual legislatura, específicamente la Cámara de Diputados, perdió la oportunidad de fortalecer la fiscalía especializada en atención a delitos contra periodistas e incluso, de aprobar una reforma a la ley orgánica de la Cámara de Diputados, para elevar a ordinaria la comisión que investiga atentados contra colegas y los medios.
Estas acciones legislativas permitirían investigar adecuadamente los atentados, porque por un lado se dotaría de recursos económicos suficientes a una fiscalía atada de manos, porque depende de los mismos recursos humanos con que cuenta la Procuraduría General de la República; pero además, siendo ordinaria, la comisión que desde la cámara de diputados investiga atentados, podría llevar al pleno iniciativas de ley, en lugar de cabildear con las comisiones que sí lo pueden hacer, en una negociación pesada que termina por desfigurarlas iniciativas trabajadas con las organizaciones periodísticas.
Estas acciones, sumadas a la construcción de una comisión de riesgo, apoyada en recursos federales, podría evitar más muertes de compañeros, que actualmente se encuentran amenazados, y que pese a ello, continuar desarrollando su función. Este proyecto tampoco encontró eco en la Cámara de Diputados Federal ni en el gobierno de la república.
Será la nueva legislatura quien tendrá la responsabilidad de sacar adelante estos proyectos, que ojala no queden a dormir el sueño de los justos, en los reclamos cotidianos de las organizaciones periodísticas.
