¿Que tienen en común Chihuahua y Baja California en estos momentos? Para perjuicio de la libre expresión, el elemento común son las agresiones en contra de los periodistas, cometidas por fuerzas policiacas.
Podrá pensarse en justificar la agresión de los cuerpos policiacos, municipales o ministeriales, toda vez que aún se viven situaciones de riesgo por el combate al crimen organizado y las ejecuciones que siguen presentándose de manera cotidiana. Es cierto, estas situaciones colocan a los elementos policiacos en un estado permanente de tensión y nerviosismo.
Sin embargo, no justifica las agresiones cometidas bajo la mas completa impunidad, sin que se garantice efectivamente el trabajo periodístico de los profesionales de la comunicación. Pareciera -ojalá no sea así- que se trata de una visión institucional.
En el caso de Baja California, el colega periodista Enrique Tellaeche, fue arrestado cuando realizaba cobertura periodística durante el hallazgo de material electoral manipulado a favor de un candidato de extracción panista en Mexicali.
En Chihuahua, Manolo Aguirre, fue arrestado cuando cubría un homicidio y los agentes ministeriales lo acusaron de violar el cerco de seguridad y la cadena de custodia.
Ambos acontecimientos pudieron haber sido simplemente tolerados por los agentes de policia, porque ninguno de los periodistas violentó norma alguna, ni puso en riesgo la actividad policial, solo estaban realizando su tarea de cobertura de información.
La cuestión es que no podía existir tolerancia, porque los elementos atendieron a un criterio de abuso de autoridad, para imponer su decisión por encima del alto valor que tiene la cobertura periodística de los hechos y sucesos cotidianos que ocurren en la comunidad.
Los reporteros fueron esposados como si se tratara de criminales, sin que a la fecha se conozca una sanción ejemplar para los policías agresores. Y por encima de ello, de medidas adecuadas que protejan al gremio periodístico en la cobertura informativa.
Es cierto. No se trata de un tema nuevo. Ambas entidades tienen un pasado común de agresiones contra periodistas. Sin embargo, estos incidentes aún menores, son llamadas de atención porque la impunidad lleva a un escalamiento en el grado de violencia y agresión, como ha ocurrido en otras entidades, y oportunamente ha sido denunciado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y el Foro Nacional de Periodistas.
La autoridad no puede permitir y ser tolerante a estas agresiones. Es necesario reactivar los esfuerzos que se han desarrollado para la prevención y combate de estos fenómenos de agresión, como es el caso del instrumento denominado protocolo de atención a agresiones contra periodistas, implementado por la totalidad de organizaciones periodísticas bajo el amparo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, mecanismo mucho más cercano que el Federal implementado desde hace un par de años y cuyos resultados positivos aún no están a la vista.
Debe quedar claro que la libre expresión de las ideas, en su actividad periodística, es uno de los principales valuartes, de éste derecho humano fundamental. Y, aunque se escuche repetitivo, debe insistirse en que resulta esencial para preservar el Estado de Derecho, el respeto a las garantías y derechos humanos y la preservación de un contrapeso a los abusos desde el poder público y fáctico.
Por eso mismo, debe ser preocupación central de la autoridad y de la misma sociedad, su preservación, por encima de intereses policiacos coyunturales que adoptan el argumento de la seguridad pública para lastimar el ejercicio periodístico como ocurre en estos dos casos.
Los hechos deben servir de llamada de atención para los responsables directos de la actividad abusiva de estos agentes policiacos: el director de seguridad publica municipal de Mexicali y el Fiscal General del Estado en Chihuahua: por supuesto, de oficio debe abrir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en cada entidad, una investigación que deslinde responsabilidades y señale sanciones en contra de los responsables.
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