Fue fácil para el Presidente Calderón designar a Imelda Calvillo, una experta en investigación de lavado de dinero, como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Seguramente el principal argumento a su favor lo fue el convencimiento del mismo jefe del ejecutivo federal de la intervención del crimen organizado en las elecciones de Michoacán. Ahora Calderón buscará hacer de la fiscalía una agencia que encuentre la conexión de la delincuencia organizada con los partidos políticos y candidatos adversos.
Lo que seguramente no fue nada fácil fue sopesar el daño que el nombramiento genera en la credibilidad del ministerio público electoral, porque la nueva fiscal arrastra cuestionamientos serios en torno a su involucramiento con acciones de protección a bandas del crimen organizado en Quintana Roo y Puebla.
De acuerdo con el periódico digital “Por esto”, que se edita en Quintana Roo y Yucatán, existen dos expedientes en la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada, aún sin resolver, que giran en torno a la recién nombrada titular de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales.
Se le acusa de haber intervenido en la liberación de tres personas involucradas con un grupo del crimen organizado, en el proceso penal 58/2008, quienes tendrían relación con su cónyuge, en la ciudad de Puebla, cuando fungió como delegada de la Procuraduría General de la República. Antes, en Quintana Roo, se le acusó de solapar la actividad del mismo grupo en 2004.
Imelda Calvillo es una servidora pública con experiencia en el encargo presidencial: participó en la instrumentación de las indagatorias en torno al gobierno de Coahuila y el presunto uso de documentos falsos para la contratación de deuda y la investigación que involucra a los tres exgobernadores de Tamaulipas.
Es obvio que la nueva fiscal no va en busca de delitos electorales, sino la construcción de argumentos que le den la razón al presidente Calderón en la intervención del crimen organizado en los comicios: se trata no de judicializar las elecciones, sino de colocar como prioridad el combate a la supuesta intervención de la delincuencia organizada en la renovación del poder público.
Seguramente el Presidente se sintió lastimado por la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desestimo las acusaciones de intervención de crimen organizado en las elecciones de Michoacán, donde perdió su hermana, y ahora de un plumazo, en medio del proceso electoral iniciado desde octubre pasado, decide nombrar a una especialista en lavado de dinero, en la fiscalía, pese a las acusaciones de corrupción en su contra y a que carece del mínimo conocimiento en materia electoral.
