"La arbitrariedad de los gobiernos contra los medios de comunicación es un mal que continúa, expresó Julio E. Muñoz, catedrático de la Universidad de Concepción en Chile, durante el III Foro Binacional de Periodismo, auspiciado por la Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Juárez, que preside el colega Francisco Cabrera. En la inauguración intervinó el líder del Foro de Periodistas, Ángel Zubia, con una pieza crítica y oportuna. Felicidades".
El abuso de poder en contra de periodistas y medios de comunicación se actualiza incluso durante los comicios electorales. En Colima, el año pasado, la consejera Presidenta del OPLE, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, ordenó a guardias de seguridad el desalojo de periodistas que cubrían una manifestación de un partido político. Les dijo: aquí la máxima autoridad soy Yo.
Los colegas periodistas denunciaron los hechos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que a doce meses del acontecimiento, dictó recomendación, donde ordena la capacitación del personal electoral -no exclusivamente de la presidenta- en materia de protección al ejercicio periodístico, pero además le exige una disculpa pública, suficiente e institucional, en favor de los periodistas agredidos.
La recomendación se quedó corta. Debió haber ordenado al superior jerárquico iniciar un procedimiento de sanción en contra de la servidora pública, que evidentemente se excedió en sus funciones, cubierta bajo el manto protector del fuero constitucional que le otorga ser funcionaria electoral estatal, porque, ¿como puede ser alguien árbitro electoral sí actúa de manera prepotente y autoritaria en contra de los representantes de los medios de comunicación?
Pero aún más, los hechos tienen trascendencia electoral, porque la funcionaria podría estar incurriendo en un acto que perjudica al partido político que intentó divulgar sus acciones por medio de la prensa: se trata de un acto de injustificada inequidad en la contienda en materia de medios de comunicación, prohijada desde el mismo órgano electoral. Situación grave y delicada, que debió seguir un cauce institucional de sanción.
No se ignora que el partido político convocó a medios de comunicación en el interior del órgano electoral, para cubrir una conferencia de prensa, en la cual se presentarían diversas denuncias. Los representantes de los medios cubrirían informativamente un suceso político de interés general. Podría señalarse un exceso del partido o de los mismos medios, pero ¿no es el espacio electoral el ámbito ad hoc para dirimir la contienda política, recinto de tolerancia, pluralidad y democracia? Por ello, de manera atinada, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, considera -con la acción de la presidenta del OPLE- violentado el derecho humano de buscar y recibir información, tutelado por diversos instrumentos internacionales.
Ahora lamentablemente solo falta que la funcionaria electoral, como responsable del órgano electoral, acepte la recomendación total o parcialmente, o la rechace. Esto es así, porque los dictámenes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos son simplemente recomendaciones, sin mayor fuerza legal. Eso sí, podría el ombudsman interponer denuncias -se trata de un abuso de autoridad, no de un asunto electoral, por aquello de la excepción- contra los servidores públicos que cometieron el exceso o lo ordenaron, o bien dar vista al órgano interno de control, ya sea del OPLE, el INE o bien, a la misma contraloría estatal.
Las facultades electorales, ni materia alguna, deben ser justificante para violar derechos humanos, como lo es la libre expresión de las ideas, y con ella, la libertad de buscar y recibir información. Más aún, el mismo órgano electoral debía ser el primero en dar muestra de apertura transparencia e impulso a la labor periodística, eje fundamental de la vida democrática.
Cuando el responsable del órgano electoral menoscaba la libre expresión de las ideas, ataca, de manera toral, el principio que le da razón a su cargo: la democracia.
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