Tres Marías

Ha sido cuestionada la política gubernamental federal en el combate al crimen organizado. Fundamentalmente se refiere la critica a la ausencia de una real política de inteligencia nacional en lugar de asumir únicamente acciones de presencia militar y policial, y a las muertes violentas ocurridas durante el sexenio que se cuentan en decenas de miles. Adicionalmente se ha desplegado una campaña perversa en contra de las entidades federativas por la falta de acreditación de los cuerpos policiacos en el sistema de exámenes de confianza. Se ha dicho que las entidades federativas son las responsables de lo que ha estado ocurriendo en el país en materia de seguridad. La cuestión es que la intención federal de trasladar responsabilidades han caído por su propio peso, una y otra vez. Son muchos los ejemplos, el último de ellos el caso Tres Marías. Primero se dijo que los agentes policiacos atendían un secuestro y al observar un vehículo sospechoso, que se negó a hacer alto, se propicio el ataque armado. Posteriormente cayo el tinglado: se ha procedido contra una veintena de elementos federales, entre ellos mandos, que orquestaron un ejercicio de manipulación de las investigaciones para tratar de engañar a la Procuraduría General de la República. Ahora la comisionada nacional de la Policía Federal concluye que se trató de una estupidez. La verdad, fueron varias: primero los agentes federales violaron los protocolos y dispararon en contra de un vehículo. Estaban vestidos de civiles, en vehículos particulares, situación que se trató de ocultar presentándolos uniformados y en vehículos oficiales, por orden superior. Luego se dijo que habían sido atacados, lo cual quedo desmentido por la pericial, estableciéndose que por la concentración de los disparos en zonas específicas del coche, se presume un intento de ejecución. El hecho de que había un oficial de la marina y tres agentes encubiertos estadounidenses, y que viajaban en un vehículo blindado de la embajada- cosa de gran relevancia en las relaciones con los Estados Unidos- lo hace un asunto de alta gravedad, pero es más que eso: la falta de cumplimiento a protocolos por parte de los agentes, certificados o no, representa un mal existente en las corporaciones policíacas, que esta siendo erradicado y donde el ámbito federal no puede excluirse. Lo que acusa el gobierno federal en las entidades, de falta de preparación, se regresa y golpea en la credibilidad de los esfuerzos por combatir al crimen organizado. La ausencia de cumplimiento de protocolos por parte de las corporaciones federales propicia la violación de los derechos humanos. El proceso de certificación con los exámenes de confianza y las demás acciones que se realizan al interior de las corporaciones policíacas federales, estatales y municipales para garantizar un combate al crimen profesional y garante de los derechos humanos, debe continuar y prevalecer, pero no ser utilizado como arma política, porque al final, es la misma ciudadanía quien evalúa a los gobiernos y observa como sin tanto ruido, pero con trabajo, las entidades reducen la incidencia delictiva como ocurre en Chihuahua.