Los derechos
fundamentales, particularmente hablando de aquellos relativos a los derechos
políticos, como la manifestación de las ideas o asociación, tienen como límite
los derechos de tercero, el orden público y su ilicitud.
Esto es así,
porque la violación de los derechos de terceros, como su privacidad,
intimidad, posesiones o propiedades,
vulnera la esfera jurídica de otra persona, situación no solo ilegal, sino
injusta, porque coloca en colisión ambos derechos.
Lo mismo ocurre
cuando a través de la libre manifestación de las ideas o asociación se altera
el orden público o se cometen o provocan ilícitos, ya que se violenta el
derecho que tiene la colectividad de un entorno armónico social, político y
económico, requisito indispensable para el ejercicio de sus derechos
fundamentales, situación que en todo momento debe garantizar el poder público
establecido, expresión comunal organizada en quien se deposita la confianza
para el despliegue, en sus diversos grados, de la fuerza del Estado.
En principio no
existe problema cuando se ejercitan todos los derechos de manera paralela, sin
interferir unos frente a otros. El problema ocurre cuando existe colisión de
derechos. ¿Cual de ellos debe prevalecer?
Es una pregunta
muy complicada que obliga a soluciones particulares o casuísticas, pero bajo la
aplicación de principios generales.
Un principio
general es que la libre manifestación y asociación es un derecho ciudadano que
impide tropelías y abusos del poder público, pero que a la vez sirve de
dosificador de la presión, que permite desfogar anhelos sociales incumplidos,
que de otra manera encontrarían escape a través de la acción directa, es decir,
el derecho a la revolución autorizado por la misma carta fundamental.
Otro principio
general es que esa libre manifestación, cuando es multitudinaria, siempre
implica actos que violentan la ley o alteran el orden público, ya sea de manera
aislada o generalizada. En principio, la obstrucción de calles es una violación
al derecho de libre tránsito tutelado por la misma constitución y garantizado a
través de diversas normas penales que sanciona el ilícito desde el punto de
vista común y federal.
Uno más tiene
que ver con la tolerancia que la autoridad debe mostrar siempre ante estos
fenómenos sociales, atendiendo su naturaleza, como ya dijimos, como expresión
natural de hartazgo, política inteligente de contención.
Aún más. La
autoridad, en una acción de pleno cuidado, debe asumir una política policiaca
de vigilancia que evite el mal mayor, mantenga las manifestaciones en un nivel
social, económica y políticamente aceptable, evitando confrontaciones de
violencia que detonen en una escalada mayor, que produzca lesiones o muerte.
Estos principios
permiten a los Estados y a los ciudadanos mantener el ejercicio de sus derechos
constitucionales en un marco que evite ingobernabilidad y males mayores.
El problema es que sabemos que existe una guerra de baja intensidad bajo el
ejercicio político de unos y otros. Las manifestaciones ya lograron su objetivo,
estrujar y modificar estructuras de poder, lo otro tiene que ver con la
modificación de un orden constitucional y democrático.
Desde el gobierno, el problema es que los cambios de estructura anticipados
no son profundos ni conllevan el cambio de conductas ni políticas públicas. Al contrario, el mensaje como Estado es privilegiar la estabilidad
per se, teniendo como objetivo conservar un estatus quo que privilegia a la
clase gobernante y se distancia de la colectividad, en lugar de aprovechar la oportunidad
para reorientar profundamente sus acciones.
En este sentido,
la colisión de derechos se amplia y profundiza, situación grave y delicada,
porque la inestabilidad y ausencia de gobernabilidad profundiza diferencias, y
retrasa avances. Sí a las manifestaciones, pero bajo un orden constitucional,
flexibilidad y tolerancia. Si al ejercicio del poder público, pero sujeto al
respeto a los derechos fundamentales.
México ha
decidido caminar bajo un sistema democrático, de pesos y contrapesos, aún en
consolidación, ajeno a intentonas golpistas y afanes totalitarios irracionales.
La línea es delgada, no romperla es el truco. La difícil decisión esta en el
ámbito público, porque los sectores radicales, aún en minoría, ya decidieron.
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