En los dimes y diretes de la responsabilidad para combatir el fenómeno inédito de violencia que sacude al país, donde la federación trata a toda costa de desprenderse de su responsabilidad primigenia –en virtud de que la incidencia delictiva encuentra su detonante en delitos del fuero federal- surge un nuevo concepto, que es la manipulación mediática, por un lado, y por el otro, el escamoteo financiero, que ha orillado, por lo pronto, al ayuntamiento de Chihuahua a asumir una posición radical de sustraerse de un programa nacional de generación de recursos económicos, por la evidente incongruencia y ausencia de datos lógicos que justifiquen una reducción dramática en los flujos de inversión.
La ausencia de control en el combate al crimen organizado ha provocado que los delitos del fuero común se eleven en todo el país, ante la mirada atónita y omisa de la federación, que no ha sido capaz de implementar acciones integrales y eficaces de inteligencia para atajar la vertiente financiera del fenómeno, verdadera fuente que abreva y alienta la violencia criminal.
Siendo en principio responsabilidad del gobierno de la república combatir la delincuencia organizada, que ha diversificado sus acciones a otras ramas delictivas del fuero común, como el secuestro, la extorsión o el robo de vehículos, se ha desplegado una campaña en medios de comunicación para posicionar que son las entidades federativas y los municipios los responsables de encabezar la lucha, cuando carecen de los elementos materiales y humanos para hacerlo. Ante ello, la autoridad federal se presenta como salvadora diciendo que como no hay capacidad, el ejército y la policía federal seguirán en las calles.
Por si esto fuera poco, de la tarea mediática parece que la federación salta a acciones de restricción de recursos económicos, con una reducción importante en programas que financian acciones de fortalecimiento en materia de seguridad para los ayuntamientos, como es el caso de Chihuahua.
Mientras se insiste en que el combate al crimen es una de las prioridades de la administración, una de las vertientes financieras, el SUBSEMUN, el Subsidio para la Seguridad Municipal, se ve mermado en el municipio de chihuahua, la capital, con una disminución de 37 de los noventa millones de pesos autorizados el año pasado.
La reducción no se comprende, aún bajo el argumento de que hubo una baja sensible en el número de ejecuciones y la reducción en indicadores delictivos, como el secuestro.
Al contrario, debería pensarse en fortalecer la estrategia financiera del combate a la delincuencia, apoyando a las administraciones estatales y municipales para avanzar en la consolidación y depuración de sus corporaciones policiacas, adquisición de equipo, planeación estratégica, entre otros rubros.
Por lo pronto, el alcalde de Chihuahua Marco Adán Quezada decidió no firmar el convenio con la reducción discrecional y caprichosa que la federación aplica para 2011.
Ojalá exista una reconsideración desde el centro del país, porque el mensaje no es nada halagüeño.
