Reformas de gran calado, pero insuficientes

Las reformas constitucionales han resultado de gran calado declarativo. Resultan ambiciosas y retadoras. Me refiero específicamente a las modificaciones a la máxima norma publicitadas el once de junio del 2013, en materia de radio y televisión, las cuales marcan una ruta que permite atisbar, al menos en lo legislativo, un espectro de mayor apertura, respeto a la radio y tele-audiencia y mayores exigencias a los concesionarios y permisionarios en materia de calidad, pluralidad y riqueza de contenido. Adicionalmente, establece con todas sus letras la obligación que tienen estos medios de comunicación de conducirse con independencia editorial, con todo lo que ello significa y que se traduce en la ausencia de intereses fácticos o formales que determinen los contenidos de información, tarea compleja si tomamos en cuenta -nada mas- la diversidad de actores politicos, sociales y económicos que convergen en la generación de datos informativos, todos ellos, matizados desde origen por sus propios intereses. El artículo Sexto constitucional, fruto de esta reforma, establece en sus primeros tres numerales, "I.- El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. II.- Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. III.- La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución". Como se observa, son propósitos constitucionales complicados de llevar a la realidad. El reto es convertirlas en normas realmente aplicadas, vivas no solo en el papel. Se trata de que la era de las tecnologías de la comunicación y la información llegue a las comunidades mas recónditas del país, y que esta sea accesible sin importar la posibilidad económica de la población. Romper el cinturón de miseria que impide acceder, ya no digamos al internet y a la modernidad en telecomunicaciones, sino a lo básico, el sustento diario. Parece una meta demasiado elevada, demagógica. Las injerencias arbitrarias han sido fruto de una relación de complicidad de la industria de la radio y televisión con el aparato gubernamental, producto del sistema de concesiones, operadas desde la secretaria de gobernación. Ahora, la constitución prohibe esas intervenciones, y prescribe para los industriales de esta rama condiciones de calidad, pluralidad y competencia. Se trata de un reto mayúsculo, que exigirá de los concesionarios procesos, inversión y una nueva cultura en su personal. La veracidad y pluralidad en la información permitirá construir masa critica. La cuestión es si existen los incentivos para que los concesionarios participen de este ideal. Es decir, la pauta publicitaria mayormente depende de las administraciones gubernamentales, ¿como romper con las inercias informativas homogéneas? ¿Como construir un mercado publicitario auténticamente regido por la ley de la oferta y la demanda? Es un proceso gradual. La norma ayuda, pero no es suficiente. La reforma constitucional deberá ser cristalizada en normas secundarias. La ley de radio y televisión vigente data de 2012. Es anterior a la reforma constitucional. Esta pendiente la reforma en comunicación social que regulara el gasto gubernamental en propaganda. Aun falta camino por recorrer. Lo interesante es que se marca una ruta adecuada para un nuevo desenvolvimiento de la comunicación, en donde destacan aspectos inéditos, independencia, calidad, competencia, pluralidad, libre acceso. Es el deber ser. Ahora falta la cruda realidad del ser. En este sentido la sociedad organizada tiene mucho que aportar en la consolidación del sistema de radio y televisión. La sociedad es el cliente. Es quien decide lo que compra. Por tanto decide lo que quiere. En su organización puede estar la clave para garantizar que la reforma constitucional sea vigente y no se repitan los vicios del pasado. EN EL TABLERO...Justa y merecida la reelección del abogado José Luis Armendáriz como Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos...En materia de libre expresión de las ideas ha jugado un papel relevante...Chihuahua es de los pocos Estados en el país en contar con un mecanismo de protección a periodistas y con programas de capacitación continuos, todos impulsados desde el organismo derechohumanista...Raúl Gómez Espinosa, Presidente del Club Primera Plana, director de la revista Proyección Económica, encabezó la asamblea anual, allá en la ciudad de México, con un destacado informe, ante los integrantes de esta prestigiada agrupación...