El Presidente de la República optó por la vía fácil para resolver el problema financiero del país: incrementar los impuestos a los contribuyentes cautivos e implementar un nuevo modelo del IVA a alimentos y medicinas.
Se dirá que la medida resulta antipopular y por ese motivo es injusto señalarle al mandatario nacional lo anterior; una cosa no tiene que ver con lo otro.
Los contribuyentes, ciudadanos todos en fin, no se oponen al cobro de impuestos. Existe el convencimiento de que la población debe participar en el financiamiento del gobierno, para garantizar la prestación de servicios esenciales para la vida comunitaria, salud, educación, seguridad, entre otros.
El problema es cuando no se observa ese regreso. Esto es, no hay seguridad, en servicios de salud hay grandes deficiencias e ineficiencias y en educación, la gratuidad es una garantía constitucional no cumplida.
Por lo tanto, el problema no es el cobro de los impuestos, que en general se acepta, sino la ausencia de beneficios hacia la población.
Un aspecto más que debe considerar el presidente es la proporcionalidad en el pago de los impuestos. El IVA generalizado, sea del porcentaje que sea, es un impuesto a rajatabla que castiga el consumo, de los que mas tienen y de los que menos tienen. No es que le moleste a los ciudadanos una nueva imposición, sino la insuficiencia de recursos para hacer frente a ellos. No es que el ciudadano se niegue a contribuir, el problema es que existen 60 millones de personas en pobreza patrimonial y un tercio de ellos, en una situación verdaderamente aguda.
Por eso, lo fácil para el presidente era enviar un esquema fiscal agresivo, que sabe que no pasa en la Cámara de Diputados, que le permitirá dividendos políticos en la negociación: asume públicamente una posición de responsabilidad, pero sabe que no es la vía adecuada.
Coincide en esto el presidente de la sociedad mexicana de geografía y estadística, Julio Zamora, quien observa no solo lo impopular de la medida, que al final de cuentas es lo de menos, sino el impacto real negativo en la economía de los mexicanos, que provocará el paquete fiscal.
Por eso, lo más fácil es costear al gobierno en detrimento del patrimonio ciudadano; como si el Estado fuera el fin, y no un medio para lograr el bienestar de las familias, en lugar del camino contrario: sacrificar auténticamente al Estado y a los sectores privilegiados.
