Honestidad valiente

Los partidos políticos son instituciones de interés público, por tal motivo, deben rendir cuentas del manejo de sus recursos económicos. En la actualidad son sujetos obligados al procedimiento de transparencia, de acuerdo al Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las asociaciones que de manera satelital son utilizadas para recibir financiamiento y cubrir gastos de campaña. Es el caso de Honestidad valiente. La campaña de Andrés Manuel ha hecho permanentemente un llamado a la donación de recursos económicos en favor de la campaña presidencial. Según afirmaciones del mismo candidato habría recibido por concepto de salarios la cantidad de 600 mil pesos durante el año pasado, mas del diez por ciento de los 5.8 millones que la mencionada Asociación Civil habría recibido como donativos. La cuestión es que para recibir donativos se requiere estar inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y no lo está. Al menos no aparece en la publicación que hace al respecto en el Diario Oficial de la Federación. Aun y cuando estuviera inscrita como donataria, una de las peculiaridades de esta figura es que esta imposibilitada para destinar a gastos de operación, entre ellos salarios más del 5% de sus ingresos, de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Doble ilegalidad de la asociación patrocinadora de Andrés Manuel: carecer de registro oficial y destinar el diez por ciento de sus ingresos al pago de salarios, bueno, un solo salario, el del candidato perredista. Adicionalmente, el revolucionario institucional anuncio que solicitará la intervención del Instituto Federal Electoral para determinar si los recursos que han sido destinados a Andrés Manuel tienen respaldo en los informes entregados para efectos de fiscalización el año pasado y este mismo periodo de campañas, así como exigir a la Secretaria de Hacienda su intervención por evasión fiscal a la mencionada asociación. Es claro que la fiscalización de recursos electorales no debe constreñirse únicamente al flujo que administran los partidos políticos, sino también las organizaciones que alrededor sirven de instrumento financiero. La fiscalización que desarrolla el Instituto Federal Electoral debe constituirse en un elemento fundamental que garantice la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, en indagatorias que ya permiten la incursión en información bancaria y hacendaría.